"Este proyecto es ilegal": el plan para combatir la crisis hídrica en Uruguay enciende las alertas

El Gobierno uruguayo puso en marcha un megaproyecto para potabilizar el agua del Río de la Plata y evitar dejar sin agua a la capital en futuras sequías. En diálogo con Sputnik, el diputado opositor Felipe Carballo cuestionó que la histórica obra quede en manos privadas.

Luego de meses de sequía en que el país se vió obligado a bajar la calidad del agua para no afectar el suministro, el Gobierno uruguayo levantó la emergencia hídrica y avanzó en el proyecto Neptuno, un plan que busca dotar al área metropolitana del país que abarca a los departamentos de Montevideo, San José y Canelones, de una nueva fuente de abastecimiento de agua.

El mismo día en que el Gobierno dejó sin efecto la emergencia hídrica, el directorio de OSE —empresa estatal encargada del abastecimiento del agua corriente en el país—, aprobó por mayoría la adjudicación de un proyecto que prevé la toma de agua bruta del Río de la Plata.

Para ello, se prevé la construcción de una planta potabilizadora y una tubería aductora hacia Montevideo de unos 80 kilómetros de extensión, además de una reserva de emergencia que será de utilidad ante eventos de salinidad. La planta tendría la capacidad de producir alrededor de 200.000 metros cúbicos diarios.

La obra, ubicada en la zona de Arazatí, en el departamento de San José (oeste) será construida por un conglomerado integrado por las empresas Berkes, Ciemsa, Fast y Saceem.

La inversión del consorcio será de 304 millones de dólares, mientras que OSE tendrá un costo anual de 50 millones de dólares superando los 850 millones de dólares en los 20 años del contrato, según reveló el director de la compañía estatal, Edgardo Ortuño.

Para el Gobierno uruguayo las obras serán el camino para obtener una segunda fuente para el suministro de agua, dado que actualmente la zona metropolitana se abastece de la cuenca del río Santa Lucía. Eso permitiría blindar a la región más habitada del país ante sequías o fallas técnicas.

Según el Gobierno, se trata de la inversión más grande en materia de infraestructura para agua potable de los últimos 150 años.

En una reciente interpelación, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, indicó que Montevideo y la región metropolitana consumen 600.000 metros cúbicos de agua potable por día, con un máximo histórico de 702.000 metros cúbicos por día. Sin embargo, la demanda estimada para el año 2035 será de 711.00 metros cúbicos y para el 2045 de 820.000 metros cúbicos, aseguró.

"Si la planta potabilizadora de aguas corrientes saliera de servicio o la fuente de agua bruta resultara insuficiente en calidad o cantidad en determinado momento, el país atravesaría graves dificultades, cuyas dimensiones sanitarias, sociales y económicas serían muy importantes", apuntó.

Desde la oposición, el proyecto no se ve con buenos ojos. En diálogo con Sputnik, el diputado de la coalición de izquierda Frente Amplio Felipe Carballo explicó que hay una medida cautelar de la justicia civil contra el proyecto y adelantó que el Estado podría enfrentar "algunos juicios" de continuar con la iniciativa.

"Este proyecto es ilegal porque nunca tuvo que haber sido una iniciativa privada y también es inconstitucional. A partir de la reforma del año 2004 está bien claro que el agua que existe en el país tanto superficial como subterránea le pertenece al Estado y bajo ningún concepto puede pasar a manos privadas", apuntó Carballo.

La opinión del diputado coincide con la de juristas uruguayos que alegan que el proyecto es violatorio del artículo 47 de la Constitución, que establece que la prestación del servicio de agua potable deberá anteponer las razones de orden social a las de orden económico. Bajo esta normativa, desde la academia también consideran que sería ilegal la participación de los privados en el abastecimiento del agua.

Otro de los cuestionamientos de la adjudicación es que el monto de la inversión es mayor a lo que había anunciado el Gobierno en un principio.

"Se hablaba de 210 millones de dólares de inversión que tenían que hacer los privados y hoy nos encontramos con un cambio que aumenta a 100 millones de dólares más, es decir, eso repercute directamente en la espalda de todos los ciudadanos y ciudadanas del país", remarcó el legislador.

Para la bancada de diputados del FA, que integra Carballo, sería preocupante que la contratación del consorcio privatice el servicio de agua potable para los uruguayos y eso impacte en las tarifas.

Al respecto, el secretario de presidencia, Álvaro Delgado, dijo a la prensa que "OSE va a manejar la gestión del agua, va a manejar el control de la potabilización y obviamente la entrega del agua".

En cuanto a la licitación, Carballo sostuvo que sienten preocupación por cómo se manejó el proceso. El legislador observó que el proyecto varió al menos en tres oportunidades y que no fueron tomados en cuenta los recursos presentados en su contra.

"No entendemos por qué el directorio de OSE no dió lugar a los recursos presentados en su momento por las organizaciones sociales, por la Intendencia de Montevideo, por el propio director de OSE del Frente Amplio, sin dar ningún tipo de explicaciones. La forma en la cual se han manejado las autoridades de OSE han sido totalmente arbitrarias, pasándose por encima lo que son derechos que se tiene para hacer las consultas", cuestionó.

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