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Denuncian acoso a las comunidades indígenas zapatistas en Chiapas, México

© Ricardo Pérez El pasado 8 de junio cientos de personas marcharon en la CDMX y otras ciudades para exigir un freno a las agresiones contra comunidades zapatistas en Chiapas.
El pasado 8 de junio cientos de personas marcharon en la CDMX y otras ciudades para exigir un freno a las agresiones contra comunidades zapatistas en Chiapas.  - Sputnik Mundo, 1920, 25.06.2023
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La situación de seguridad en el estado mexicano de Chiapas se está deteriorando, al tiempo que cobra fuerza la delincuencia organizada, mientras que grupos afines a las comunidades zapatistas denuncian una campaña de acoso como no se había visto desde el levantamiento del EZLN, ocurrido en enero de 1994.
A principios de junio, siete personas resultaron muertas, entre ellos varios menores de edad, en una balacera en la comunidad de Polhó, municipio de Chenalhó, en la región de los Altos, una zona que ha sido golpeada por la inseguridad y donde decenas de personas han sido víctimas de desplazamiento forzado, de acuerdo con reportes de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
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A mediados de mayo, integrantes de la Organización de Cafeicultores de Ocosingo (Orcao), que, según el Congreso Nacional Indígena o la Red Todos los Derechos para Todos, es un grupo de corte paramilitar, perpetraron un ataque con armas de fuego contra pobladores de la comunidad de Moisés Gandhi, una localidad de poco más de 300 habitantes en el municipio de Ocosingo.

El Centro de Derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, conocido como Frayba, documentó que, a finales de mayo, miles de personas huyeron de sus hogares en distintas comunidades del municipio Frontera Comalapa, en medio de enfrentamientos entre grupos armados vinculados a cárteles de la droga como el Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa, que, de acuerdo con las denuncias de activistas y organizaciones, se están disputando el control del corredor fronterizo y también los negocios de tráfico de drogas, armas y personas.

Conforme a las cifras oficiales, los homicidios en el estado, ubicado en el sureste de México y en frontera con Guatemala, han aumentado en los últimos meses. En abril, se registraron 125 homicidios. Y tan solo en los primeros cinco meses de este año se han registrado 556 homicidios en el estado, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Homicidios en Chiapas en 2023

Enero

113

Febrero

89

Marzo

120

Abril

125

Mayo

109

En su informe anual, el Frayba reportó hasta 16.755 víctimas de desplazamiento forzado en distintas comunidades en Chiapas, algunas de las cuales ya han regresado, pero en condiciones muy precarias de seguridad, explicó en entrevista el director de la organización defensora de los derechos humanos, Pedro Faro, con sede en San Cristóbal de las Casas, uno de los asentamientos indígenas de mayor tradición cultural en Chiapas y el país.

En diálogo con Sputnik, Faro dijo que ha habido un deterioro en las condiciones de seguridad en el estado en parte por el alto poder de fuego de las organizaciones criminales que han adquirido armamento cada vez más sofisticado, pero sobre todo por la impunidad y los vínculos de funcionarios con los grupos criminales.

"El estado ha generado una impunidad activa, una impunidad perpetua, donde está permitiendo que los sucesores del paramilitarismo (…), ahora con la capacidad de obtener armas de mayor poder, estén accionando en territorios de pueblos originarios", dijo el defensor del Frayba subrayando que no se han generado acciones de desarticulación de estos grupos que se dedican también a otros delitos, como tráfico de armas o de personas.

"Como ha habido un gran abandono de la gobernabilidad en el estado, están estallando todos los conflictos, por la no atención", añadió quien es licenciado en derecho y activista especializado en la defensa de los derechos humanos.
Faro afirma que al Frayba han llegado denuncias de situaciones "muy graves" dentro de la geografía chiapaneca, como desaparición, desplazamiento forzado, reclutamiento de jóvenes, tráfico de personas, de armas y de drogas, así como hostigamiento y amenazas a comunidades, despojo y cobro de piso, entre otros fenómenos violentos.
"Estamos viendo un tiempo bastante terrible", dijo Faro, quien denunció que hay una "conexión y complicidad de instituciones y funcionarios de gobierno para que todos los giros criminales fluyan".
Después de los enfrentamientos a finales de mayo, el Gobierno federal desplegó más de 1.500 elementos de la Guardia Nacional para contener la violencia.
A inicios de junio, el coordinador estatal de ese cuerpo de seguridad en Chiapas, general Víctor Fernández Mondragón, dijo a medios de comunicación locales que todo estaba en orden, que los negocios estaban abiertos y que elementos de la Guardia habían apoyado a pobladores a regresar a sus viviendas.
Para el director del Frayba, este tipo de operativos temporales de las fuerzas federales no representan una solución a los problemas de inseguridad y violencia en la zona porque una vez que los elementos desplegados se retiran, las organizaciones vuelven a operar.

"No tocan a los grupos criminales y eso lo que da como consecuencia es que más bien los grupos criminales, sabiendo esto, se están fortaleciendo en armas, en posiciones, en control territorial, en cooptar más a gobiernos municipales como a la población civil", dijo Faro.

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Acoso en comunidades zapatistas

Para organizaciones afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como el Congreso Nacional Indígena (CNI), las omisiones de los gobiernos federal y estatal respecto a los grupos criminales y paramilitares, como la Orcao, responden a una estrategia de contrainsurgencia con la que se pretende minar a las comunidades zapatistas en la selva de Chiapas.

Las agresiones contra estos pueblos tienen como fin despojarlos de su territorio y dinamitar su capacidad de organización comunitaria, señalaron estas organizaciones en un pronunciamiento a inicios del mes. El 8 de junio, cientos de personas marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo, en la Ciudad de México, y en otras ciudades de país para exigir un alto a lo que llamaron "la guerra" contra las comunidades zapatistas en Chiapas.
© Ricardo Pérez Movilización para demandar un alto a las agresiones contra las comunidades zapatistas en la CDMX el pasado 8 de junio.
Movilización para demandar un alto a las agresiones contra las comunidades zapatistas en la CDMX el pasado 8 de junio. - Sputnik Mundo, 1920, 21.06.2023
Movilización para demandar un alto a las agresiones contra las comunidades zapatistas en la CDMX el pasado 8 de junio.
Las organizaciones señalaron que las recientes agresiones como la que tuvo lugar en la comunidad de Moisés Gandhi no son hechos aislados ni de un conflicto entre comunidades indígenas, sino que se trata de una campaña de agresión sistemática contra las comunidades zapatistas.

De acuerdo con el militante Carlos Gonzalez García, integrante del Congreso Nacional Indígena, en toda la geografía con presencia de comunidades zapatistas existe una militarización como nunca antes se había visto incluso en los primeros años que siguieron al levantamiento del EZLN.
"Las agresiones a los pueblos zapatistas tienen la finalidad de enfrentar a los campesinos de organizaciones como la Orcao y del EZLN, con la finalidad de que el conflicto crezca en la región", dijo Carlos González, del CNI.
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Este activista señaló que otros programas de la actual gestión federal como, Sembrando Vida, uno de los proyectos emblema de la actual Administración, está erosionando el tejido social y fomentando agresiones a las comunidades zapatistas, como Moisés Gandhi.
González dijo que el programa ya es conocido en la zona como Sembrando Envidias. Este programa del Gobierno federal da una ayuda individualizada de 5.000 pesos mensuales (alrededor de 250 dólares) a campesinos que a cambio se comprometen a la siembra de árboles frutales o maderables. Según González, esto está erosionando las lógicas comunitarias de los chiapanecos.
Conforme al activista, organizaciones como la Orcao buscan desplazar a comunidades zapatistas para ocupar sus tierras e integrarse al programa.
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