El Gobierno de Chile anuncia intervención en 30 comunas del país tras crimen de carabinero

SANTIAGO (Sputnik) — El Gobierno de Chile anunció que se realizará una intervención intensiva en las 30 comunas (barrios) más peligrosas del país para desarticular bandas criminales, tras la muerte de un carabinero que recibió un disparo en el rostro durante un procedimiento.

"Vamos a realizar una intervención en 30 comunas del país, que concentran un tercio de la población nacional y un 50% de los delitos más violentos", informó en conferencia de prensa la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Tohá explicó que la intervención consistirá en generar refuerzos especializados de Fiscalía y la Policía de Investigaciones en los territorios para impulsar las investigaciones y poder encontrar responsables en delitos graves y crímenes en casos donde las indagatorias aún están pendientes, o los responsables están fugados.

"Queremos atacar la impunidad, la presencia de armas, el deterioro barrial, las incivilidades y la alta presencia de actividades irregulares e infracciones", resaltó.

La intervención se planeará dependiendo las características de cada una de las 30 comunas y mes a mes se irá evaluando públicamente los resultados de los planes.

"Además, fortaleceremos el trabajo del Servicio Impuestos Internos y de Aduanas para seguir la ruta del dinero y poder desarticular el patrimonio de las bandas criminales", agregó la ministra.

El carabinero Daniel Palma acudió la noche del miércoles a un procedimiento en las inmediaciones del Teatro Caupolicán en centro de Santiago, donde se habían registrado disparos y en el momento en que se acercó a realizar una fiscalización a un auto marca Audi, los sujetos le dispararon en el rostro.

En menos de un mes se han confirmado tres asesinatos a policías, el caso del cabo Álex Salazar, el cabo primero Rita Olivares y ahora Palma.

El Congreso Nacional aprobó el 5 de abril la ley Naín-Retamal, bautizada así en homenaje a otros dos policías asesinados, que entrega más facultades a Carabineros y crea una presunción legal de legítima defensa cuando los funcionarios disparen o causen daño durante el ejercicio de sus funciones.

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