Casarse antes de los 18: la "única opción" de miles de niñas y adolescentes en México

Los padres de Daniela Ledezma (nombre ficticio para no revelar su identidad) se conocieron cuando ella tenía 15 años y él 21. A los 16, ella ya vivía con él. Era la oportunidad de salir de casa con un hombre trabajador, gerente de una tienda, y sin vicios. Un año después nació Daniela.

"Si me pongo muy cruda y muy fría, yo soy hija de un matrimonio infantil porque mi mamá tenía 15 años, llego a cumplir 16 a casa de mi papá. Para mí era una niña, honestamente", opina Daniela en una entrevista para Sputnik. "No es como que hubieran estado en una situación superprecaria, pero pudieron haber hecho otra cosa de su vida: terminar chido la prepa".

Su historia engloba algunos de los elementos más comunes que se encuentran en este tipo de casos, sin mencionar aquellas en las que se tratan de uniones forzadas o pactadas.

En México se estima que más de 326.000 menores de edad fueron "robadas" para obligarlas a contraer matrimonio y 193.000 fueron vendidas o intercambiadas por dinero o algún otro beneficio (como ganado, fiestas e incluso hasta cerveza), acorde con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI).

Aunque la legislación mexicana considera una unión forzada cuando la menor de edad no elige voluntariamente ser parte de una unión conyugal, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) menciona que usar el término forzado también aplica para resaltar "las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres" que impulsan este tipo de uniones y "refieren a la existencia de condiciones que determinan si un matrimonio o una unión es realmente una 'elección' para las niñas y adolescentes".

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en América Latina una de cada cuatro mujeres de entre 20 y 24 años contrajo matrimonio o tuvo una unión temprana antes de cumplir los 18 años. La región es la única del planeta que no ha tenido avances en la materia en los últimos 25 años.

El mismo organismo refiere que una de cada cinco adolescentes en América Latina y el Caribe contrae matrimonio o ha tenido una unión conyugal con un hombre al menos 10 años mayor que ella.

"Están atrapadas en una cultura vieja de amor romántico y de un príncipe azul que las va a salvar, obviamente con mejor ingreso económico. Hemos insistido también particularmente con las más pequeñas, aquellas de los 13-14 años, que esto debemos ubicarlo como una expresión de violencia sexual diferente a las adolescentes de 15 a 17 años que tienen otro rango de edad, otro nivel de desarrollo, pero menos de 14 años debe de considerarse violencia sexual", afirma en entrevista para Sputnik el director y activista de la Red Tejiendo Infancias, Juan Martín.

Organismos como la UNICEF advierten que las niñas y adolescentes en uniones tempranas corren un mayor riesgo de sufrir diferentes tipos de violencia, sin que puedan acudir a instancias gubernamentales para pedir ayuda, ya que son discriminadas precisamente por integrar este tipo de uniones conyugales.

"[Mi papá] ejerció violencia económica. Mi mamá no trabajaba y vivía de lo que le diera mi papa. Mi papa si tenía muchas veces situaciones de control como: 'No te voy a dejar ver a tus hermanas", recuerda Daniela, quien también refiere que su familia paterna tuvo una actitud paternalista con su madre, porque "su visión era querer sacar a mi mamá de cierta situación".

Otro problema para la mamá de Daniela fue que, en realidad, no conocía al hombre con el que decidió compartir vida. Casi de inmediato, comenzó a notar que su pareja podía tener ataques de ira incontrolables y, a pesar de esta situación, su padre no le permitía volver a su hogar porque ya le había "prometido" su mano a su pareja.

"Forma parte de la cultura patriarcal en la que estamos construidas y construidos todos. Hay muchas expresiones como el tema del peso: si pesa 45 kilos, ya se puede casar, por ejemplo. Creo que hay una parte de cultura machista, hay una parte también, en el caso de las de los pueblos originarios, que para el mundo occidental es venta de niñas. No como tal [una venta], en general es una manera de protegerlas y de que tengan una mejor condición de vida con alguien generalmente mayor de edad con un mejor ingreso", indica Juan Martín.

En México no es tan insólito conocer historias de familias que iniciaron con una unión temprana; sin embargo, el tema no resulta polémico y muchas veces se normaliza o se tiende a relacionarlo únicamente con problemas de comunidades indígenas o personas de escasos de recursos, y no como un problema urbano o que se dé en estratos sociales altos.

El INEGI refiere, con base en el censo poblacional de 2020, que en México 224.454 adolescentes están en unión conyugal y 21.167 lo estuvieron alguna vez, lo que significa un promedio de cuatro por cada 100 adolescentes.

La misma dependencia también señala que cerca de 10,5 millones de mujeres se casaron y 7,9 millones tuvieron su primer hijo antes de los 18 años.

La familia de Daniela es un ejemplo de la normalización de las uniones tempranas en un país que en 2019 fue el primer lugar en abuso sexual infantil entre los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y en el que apenas en 2019 se estableció la edad mínima para casarse (18 años) en todo el país.

Además, se trata de un país donde la pederastia y las relaciones desiguales sigue siendo un tema "a debate", como mostró el reciente escándalo de la cantante mexicana Sasha Sokol cuando denunció al productor Luis de Llano por haber abusado de ella cuando tenía 14 años y él 40, poco después de que De Llano reveló en un programa que fueron "novios" y estaban "muy enamorados" en la década de los 80, cuando él la invitó a formar parte del exitoso proyecto musical Timbiriche.

"Siendo un hombre joven, bien parecido, trabajador, si era esta onda de que llega un tipo guapo, bien parecido, te baja la luna y las estrellas, y piensas que es la mejor opción", opina Daniela Ledezma sobre la historia de sus padres.

Así como su madre, las tías de Daniela también se "juntaron" antes de cumplir los 18. Aunque años después las tres lograron terminar la preparatoria abierta y emprender negocios propios, su desarrollo quedó "en pausa", acorde a la descripción que hace Daniela de su familia.

"Sabemos quiénes son las niñas que están en mayor riesgo, son las más pobres, son indígenas, afrodescendientes, las que están fuera de las escuelas, las que pueden estar vinculadas a situaciones de aislamiento y vínculos con grupos religiosos. A ellas tenemos que llevarlas a las escuelas, tenemos que ayudarles a que tengan redes de protección, a que puedan encontrar en las autoridades referentes de apoyo frente a formas de violencia de todo tipo y, sobre todo, que puedan tener certeza que un proyecto de vida fuera de la dinámica familiar y comunitaria es posible de otra manera", comenta Juan Martín.

Apenas el pasado 16 de marzo el Senado de la República Mexicana aprobó una reforma al Código Penal Federal para sancionar todo tipo de "cohabitación forzada" con multas económicas y condenas de 22 años de cárcel, así como diversas disposiciones para endurecer los castigos cuando se traten de comunidades indígenas o afrodescendientes.

No obstante, la reforma aún requiere ser aprobado por la Cámara de Diputados y no modifica per se los códigos penales de cada estado del país.

Para Juan Martín, esta medida se trata de "populismo punitivo", e incluso lo tilda de una "ingenuidad jurídica", dado que encarcelar a las personas que se casan con menores de edad no resuelve el tema de la vulnerabilidad de las menores ni garantiza que puedan tener acceso, por ejemplo, a una educación integral.

"No se conoce el tema, no se conoce la realidad y se hace desde un escritorio sin entender que esto no toca la realidad. Si no tocamos los territorios, si no involucramos a las niñas y jóvenes que viven en uniones tempranas, y si no trabajamos con las comunidades, particularmente de pueblos originarios y comunidades afrodescendientes, no hay ninguna expectativa que estas de 326.000 niñas que hasta 2020 estaban en unión temprana puedan tener un escenario distinto", advierte el activista.

En este sentido, el exdirector ejecutivo de Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) considera que la clave es la educación y programas que permitan no solo prevenir este tipo de uniones, sino que atiendan casos específicos de violencia, pues encarcelar a las personas que incurran en estas uniones "se trata de una simulación" que solo generará más burocracia.

"Al tener alternativas distintas al príncipe azul, el escenario cambia, y eso se ha visto en otros países, se ha visto también en los pueblos originarios, particularmente haciendo análisis comparativo de comunidades indígenas que llegan al mundo urbano, se reducen de manera notable las uniones tempranas y los matrimonios, y pues obviamente el lugar ideal para afrontar esto de manera más exitosa son las escuelas, la educación sexual integral, educación contra el machismo y fortalecimiento de los vínculos de protección a las niñas", opina Juan Martín.

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