El conflicto entre la población y la industria petrolera peruana

Durante casi tres décadas, vertidos de petróleo y fugas de oleoductos causaron estragos en la cuenca amazónica y la costa de Perú. Esto impulsó protestas contra la industria nacional, llevándola a una recesión con cortes de producción, disminución de la inversión en energía y la retirada de Perú de las empresas energéticas extranjeras.

Los vertidos de petróleo son una verdadera catástrofe ambiental para este país, donde la protección del medioambiente no ha sido una prioridad de los gobiernos durante décadas. Los desechos y otros incidentes perjudiciales para el medioambiente impulsan a las comunidades indígenas a denunciar daños en sus tierras ancestrales, escribió Matthew Smith para Oilprice.com.

Según el informe de Oxfam y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, entre 1997 y 2021 se produjeron 1.002 vertidos de petróleo en el país, 566 en la Amazonía y 404 en la costa. La atención negativa considerable la atrae el Oleoducto Norperuano (ONP) que transporta 200.000 barriles de petróleo al día desde la Amazonía hasta la ciudad portuaria de Bayóvar, y solo él fue responsable de 111 vertidos de petróleo desde 1997.

El último vertido de petróleo del ONP, recordó el autor, se produjo el 16 de septiembre de 2022, cuando se vertieron unos 2.500 barriles de crudo al río Cuninico. Como resultado, fue interrumpido el suministro local de agua y alimentos. Además, la pesca y los cultivos de la región también fueron afectados.

Tales sucesos siguen causando la desconfianza de la comunidad y disturbios en el país que incluyen manifestaciones contra la industria petrolera, bloqueos de carreteras, tomas de pozos de oleoductos e invasiones de yacimientos petrolíferos. Por ejemplo, en respuesta al vertido de septiembre de 2022, la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua se movilizó para bloquear el río.

El 3 de noviembre de 2022, un barco cargado de turistas fue detenido y liberado al día siguiente. Luego, el 25 de noviembre del mismo año, una barcaza que viajaba a Brasil con petróleo crudo comprado a la empresa canadiense PetroTal, el mayor productor de petróleo del país, fue secuestrada y la tripulación tomada como rehén, pero liberada en dos días.

El bloqueo levantado el 14 de diciembre, según Smith, tuvo un fuerte impacto en las operaciones del Lote 95 de PetroTal, que contiene el yacimiento petrolífero insignia Bretaña. Además, la obligó a reducir drásticamente la producción.

La región en la que se encuentra el Lote 95 también ha sido durante mucho tiempo el centro de violentas manifestaciones contra la industria petrolera peruana. En agosto de 2020, PetroTal hasta se vio obligada a interrumpir sus operaciones en Bretaña después de que los manifestantes atacaran la estación de bombeo número 5 de la ONP y se enfrentaran violentamente a la policía cerca del yacimiento. Como consecuencia, la empresa no pudo volver a poner en marcha Bretaña hasta el 30 de septiembre de 2020, mientras que la ONP tardó hasta el 29 de diciembre en restablecer todas sus operaciones.

En general, en las palabras del columnista, los bloqueos y violentas protestas se produjeron porque las comunidades indígenas locales pretenden presionar a Lima para que reconozca la gravedad de los vertidos de petróleo y declare el estado de emergencia. Se afirma que en muchos incidentes los vertidos no se limpian completamente, y las manchas persisten contaminando los suministros de agua y las tierras cercanas, además de dañar la pesca.

El desmantelamiento de la licencia social para la industria petrolera peruana y la intensidad del conflicto comunitario en la Amazonía hicieron que las empresas energéticas abandonaran varios bloques en la zona. Así, el productor canadiense de petróleo intermedio Frontera Energy abandonó el Lote 192 debido a los recurrentes bloqueos comunitarios, mientras que la perforadora chilena GeoPark devolvió el Lote 64 al Gobierno de Perú.

Pero no solo la Amazonía peruana se ve afectada por incidentes medioambientales relacionados con la industria, destacó Smith. En enero de 2022, un oleoducto utilizado para la descarga rutinaria de un petrolero en la refinería La Pampilla, propiedad de Repsol, cerca de Lima, se rompió y vertió entre 10.000 y 12.000 barriles de crudo al océano Pacífico. Eso fue calificado como el peor desastre medioambiental costero de la historia de Perú, que dejó una profunda mancha en 25 playas y contaminó tres reservas marinas. Lo sucedido empañó aún más la reputación de la ya problemática industria petrolera peruana, provocando un mayor descontento de la comunidad y lastrando su licencia social.

La industria petrolera peruana tiene un largo historial de vertidos de petróleo y degradación medioambiental que suele afectar a las comunidades más pobres y vulnerables del país andino, resumió el autor.

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