La Corte Suprema argentina deja firme condena de 13 años de prisión contra dirigente social

BUENOS AIRES (Sputnik) — La Corte Suprema de Argentina declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la dirigente social Milagro Sala y ratificó la condena a 13 años de cárcel que dictaminó un tribunal provincial en 2019 por los delitos de asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado.

"La Corte Suprema de Justicia ratifica la condena de Milagro Sala", destacó en las redes sociales el gobernador de Jujuy (norte), Gerardo Morales, que impulsó la causa judicial.

Por unanimidad, el máximo tribunal del país ratificó la sentencia que dictó en 2019 el Tribunal Oral Criminal 3 de la provincia de Jujuy en el caso conocido como 'Pibes villeros'.

Tras seis meses de juicio, la dirigente social fue condenada el 14 de enero de 2019 a 13 años de reclusión, al considerarse probado que fue jefa de una asociación ilícita que cometió extorsión y fraude en perjuicio de la administración pública.

La activista social fue acusada de desviar 60 millones de pesos (unos cuatro millones de dólares por entonces) que recibieron por parte del Estado varias cooperativas para construir viviendas sociales.

El fallo fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy en enero de 2020.

Sala, líder de la asociación barrial Tupac Amaru, fue detenida el 16 de enero de 2016, apenas asumido el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

En aquel momento, Sala fue acusada de instigación al tumulto por un "escrache" (acto de repudio) que realizó en 2009 al actual gobernador jujeño, que por entonces era senador.

La dirigente social, que llegó a ser elegida en 2015 para ocupar un escaño en el Parlamento del Mercado Común del Sur (Mercosur) por la alianza kirchnerista Frente de la Victoria, enfrenta más de una docena de causas.

La líder de la asociación barrial Tupac Amaru se encuentra en arresto domiciliario desde diciembre de 2018 por decisión de la Corte Suprema.

El máximo tribunal del país tomó en consideración las medidas cautelares recomendadas en noviembre de 2017 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que el Estado argentino adoptase medidas alternativas a la prisión preventiva a fin de garantizar su integridad y salud.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reclamó a la Corte Suprema que tramitase esta causa tras visitarla en junio en el hospital, donde estaba internada la activista debido a una trombosis.

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