El Gobierno salvadoreño rechaza acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos

SAN SALVADOR (Sputnik) — Las acusaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en El Salvador son parte de un esquema perverso de ONGs y medios de prensa, expresó el presidente Nayib Bukele.

"Estos organismos tienen intereses invertidos en que siga el baño de sangre en Latinoamérica", afirmó el gobernante en su cuenta de Twitter al resaltar que el país cumplió este mes su octavo día consecutivo sin homicidios de las pandillas gracias al combate de las autoridades a la delincuencia.

Bukele no identificó a las organizaciones que acusa, pero entre las que mantienen denuncias sobre la situación en el país se encuentran la fundación estadounidense Human Rights Watch, Amnistía Internacional y al menos seis salvadoreñas.

Estas últimas aseguraron que durante la aplicación del régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo documentaron más de 3.000 violaciones a los derechos humanos atribuidas a la policía y las fuerzas armadas.

Entre estas se encuentran Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

En su cuenta de Twitter, Bukele resaltó que el 8 de diciembre no hubo asesinatos atribuidos a las pandillas o "maras" y aseguró que "está claro que quienes se oponen a esto, están en contra de los derechos humanos, de los salvadoreños, de la paz, de la libertad y de la justicia".

Las autoridades informaron que durante los cerca de ocho meses de vigencia del régimen de excepción unos 60.000 pandilleros fueron arrestados, se frenaron las extorsiones y el Estado recuperó el control de los territorios dominados por las "maras", acciones que las encuestas reflejan un nivel de aprobación popular superior al 90%.

La situación de respeto a esas garantías fue examinada el 17 y 18 de noviembre por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que hizo más de 40 recomendaciones al Gobierno para velar sobre el respeto a los derechos humanos.

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