El Gobierno peruano descarta disolver el Congreso tras el rechazo de "cuestión de confianza"
15:00 GMT 25.11.2022 (actualizado: 16:07 GMT 25.11.2022)
© Foto : Twitter/Presidencia del Perú
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MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de Perú, Pedro Castillo, no pretende disolver el Congreso y revocará el gabinete ministerial luego de que el Parlamento rechazó la "cuestión de confianza" planteada para derogar una ley de reforma constitucional, afirman su asesor jurídico, Ronald Atencio, y el ministro de Trabajo, Alejandro Salas.
"No existe la intención del presidente Castillo de disolver el Congreso, lo que se está buscando son los entendimientos políticos y la restitución del derecho de los ciudadanos", afirmó Ronald Atencio a la Radio Nacional.
La mesa directiva del Congreso de Perú, compuesta por el presidente del parlamento y tres vicepresidentes, rechazó el jueves la "cuestión de confianza" planteada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para derogar una ley de reforma constitucional.
La "cuestión de confianza" es un mecanismo de equilibrio de poderes establecido en la Constitución y, en caso de que el Ejecutivo lo aplique dos veces al Congreso y este decida no apoyar las políticas gubernamentales que la motivan, el presidente puede disolver el Parlamento.
Torres pretendía derogar la Ley 31.399, la cual establece que toda iniciativa de reforma constitucional que se someta a referéndum debe pasar previamente por la aprobación del Congreso. Tras la decisión de la mesa directiva, Castillo aceptó la renuncia de Torres en el cargo de presidente del Consejo de Ministros y anunció que renovará el Gabinete Ministerial, informó la estatal agencia Andina.
24 de noviembre 2022, 01:47 GMT
El mandatario advirtió que, con esta acción, el Congresó negó el derecho de los ciudadanos a tener una participación política directa a través del referéndum.
"Recapaciten, señores congresistas. Los derechos de la ciudadanía no pueden quedar truncos por algunos intereses de élites o minorías", agregó.
Salas afirmó a RPP que la intención del Gobierno es encontrar consensos y lograr un "campo de equilibrio de poderes" con el Congreso.
"El Gabinete que se espera debe ser fuerte, sólido, que logre ayudar a las buenas relaciones del Ejecutivo con el Legislativo, no que fuerce una denegatoria de una próxima cuestión de confianza (…) Y decir al Parlamento que es hora de trabajar juntos, eso es lo que se está buscando desde hace tiempo", indicó.
La Ley 31.399 fue promulgada en enero de este año, por la entonces presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, del partido opositor Acción Popular (centroderecha).
Esta norma modifica los artículos 40 y 44 de la Ley 26.300, y en ella se establece que cualquier reforma constitucional debe ser aprobada primero por la mayoría absoluta del Congreso antes de pasar a un referéndum.
El 25 de abril el Ejecutivo presentó al parlamento un proyecto de ley para convocar a una asamblea constituyente que redacte una nueva carta magna.
El proyecto pretendía que en octubre próximo se consulte a la ciudadanía, mediante un referéndum, si estaba a favor o no de la iniciativa. Sin embargo, en mayo el Congreso rechazó el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para redactar un nueva Constitución.
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