"La herida sigue abierta": el pasado de represión militar que México se niega a aceptar

México comparte un pasado de represión militar con varios países de América Latina, aunque se distingue de las dictaduras chilenas y argentinas por haber operado un terrorismo de Estado en contra de opositores políticos desde un régimen político civil que se asumía democrático.

Prácticas como los vuelos de la muerte, las desapariciones forzadas y las represiones a movimientos sociales fueron sumamente comunes durante el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la fuerza política que gobernó en México durante más de 70 años. El escritor peruano Mario Vargas Llosa solía decir que este tipo de Gobierno era "la dictadura perfecta", ya que despachaba con la izquierda, pero golpeaba con la derecha.

Uno de los rostros icónicos de este régimen autoritario fue el expresidente Luis Echeverría, sobre quien pesan los señalamientos por haber operado la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México, el 2 de octubre de 1968. En aquel entonces, Echeverría era el secretario de Gobernación del presidente Gustavo Díaz Ordaz.

También se le acusa de haber ordenado el llamado Halconazo de 1971 e iniciar la llamada Guerra Sucia, un periodo en el que se usó al Ejército y a instancias como la Dirección Federal de Seguridad (DFS) para perseguir y desaparecer a miles disidentes mexicanos cuyos casos todavía se investigan a través de la Comisión para Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990.

Con la muerte de Echeverría, ocurrida el pasado 9 de julio, los reclamos de justicia e impunidad vinieron de algunos de los protagonistas de esos hechos, como el Comité del 68, donde se congregan liderazgos estudiantiles de aquel histórico movimiento, y el cual exigió seguir con los procesos judiciales contra el exmandatario mexicano, quien fue imputado en 2004 por el delito de genocidio, pero logró ampararse para culminar con la prisión domiciliaria que se le había impuesto y en 2009 consiguió ser absuelto.

El fallecimiento ocurre semanas después de que el Ejército mexicano enfrentó severas críticas por reconocer a los militares caídos durante la Guerra Sucia como víctimas, y no a los familiares de desaparecidos.

La negación del Ejército

En entrevista para Sputnik, el historiador del Colegio de México, Lorenzo Meyer, considera que la postura del Ejército de México fue equivocada, ya que "la herida aún sigue abierta" y las fuerzas armadas no han mostrado apertura para resolver los casos de desaparición forzada que se le adjudican. Además, el posicionamiento niega, de alguna forma, la participación de mandos militares en la represión cuando, desde la Guerra Cristera en la década de los 20, se denuncia el asesinato sistemático de prisioneros.

"Todos los ejércitos tienen un problema: se dice no es aceptable obedecer órdenes ilegales, pero en la práctica, ¿usted imagina a un soldado diciendo: 'Eso que me ordenó usted es ilegal'?[…]. A los militares sí les disgusta que le saquen sus trapitos sucios al sol. Ellos pueden decir a nosotros nos ordenaron, son los civiles los que tiene que dar cuenta de esto […], pero el Ejército toleró que lo usaran como prisión", comenta el también autor de Nuestra tragedia persistente: La democracia autoritaria en México (2013).

Por su parte, el periodista y columnista del diario de izquierda La Jornada, Luis Hernández Navarro, considera que esta política de "borrón y cuenta" impulsada por el Ejército y respaldada por López Obrador no atiende los reclamos de las víctimas, pues se sigue negando que "el Ejército siempre ha estado involucrado en asesinatos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales ".

"Los militares estaban directamente involucrados en la Guerra Sucia, y lo estuvieron incluso antes de que se le llamara así. Hay una larga historia de represión por parte del Estado mexicano a los movimientos populares […]. El Estado no puede rehuir de la responsabilidad que tuvo como Estado, independiente del gobierno que haya gobernado en ese momento", observa el analista político.

Hernández Navarro también señala que esta negación no es nueva, pues "estamos hablando de que una y otra vez, en distintos Gobiernos, de distinto signo político, los crímenes del pasado no han sido ni esclarecidos ni juzgados, por lo que se ha recurrido a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Lorenzo Meyer explica que el reconocimiento de la Guerra Sucia es un episodio que apenas se está entendiendo y reconociendo, ya que durante muchos años se negó el régimen autoritario que impuso el PRI y en el que, Luis Echeverría fue una figura ejemplar de cómo actuaba dicho sistema político: "Por un lado, un burócrata que conocía muy bien la maquinaria política y represiva, y por otro lado el líder político que hablaba desde cierta izquierda que le permitió mantener una buena relación con el gobierno de Salvador Allende".

"[En México] la maquinaria militar es uno más de los instrumentos de un régimen que, muchas veces, prefirió la cooptación que la represión. Pero cuando le fallaba la cooptación, o cuando la oposición pedía lo imposible, como pedir la democracia en un país formalmente democrático, pero realmente autoritario, entonces se usaba sin límites al Ejército, como en el caso chileno", indica Meyer, uno de los historiadores más reconocidos de México.

Además de que el régimen mexicano del siglo XX no era militarista, se distingue de las dictaduras en Chile y Argentina por ser un sistema presidencialista que controlaba en su totalidad los Poderes Legislativo y Judicial, que se lanzaba contra los medios de comunicación críticos y la formación de partidos políticos que verdaderamente representaran una oposición electoral.

"La vida republicana y democrática de México no funcionó nunca. Hubo periodos más abiertos, más progresistas, otros menos, pero no tenemos una larga tradición democrática, una tradición en virtud de la cual, los poderes, en particular el del Ejecutivo, tengan frenos", comenta Meyer, autor del libro La segunda muerte de la Revolución Mexicana (1992).

La deuda del Estado

Al igual que en otros casos de terrorismo de Estado en América Latina, en México se lucha por la apertura de archivos militares y el reconocimiento de las desapariciones forzadas, en medio de un discurso oficial que promueve la búsqueda de desaparecidos, pero al mismo tiempo llama a la reconciliación con una institución de la que depende para combatir a la delincuencia organizada, ante la ineficacia de las instituciones policiacas.

"El ejército tiene que estar bien dispuesto a abrir sus archivos, porque los archivos existen y, como digo, los ejércitos son burocracia y la burocracia funciona con archivos. Lleva su tiempo investigarlos y no queda del todo claro, porque las órdenes más duras no se dan por escrito. También ahí las órdenes de papel son una cosa y las órdenes que nada más son de viva voz y que no quedan registro puede ser otra, es complejo pero necesario", opina Lorenzo Meyer.

En este sentido, el investigador considera que Luis Echeverría sí murió en la impunidad, pese a la imputación por genocidio, pero no fue el único porque "la impunidad es parte de la naturaleza del sistema autoritario" y, a lo largo del siglo XX, la mayoría de los presidentes tienen "circunstancias en las cuales se salieron de los marcos legales".

"La manera de sacar una reparación simbólica es que todo el mundo conozca lo que se hizo y por qué se hizo, y claro que se puede hacer con Luis Echeverría, con Díaz Ordaz y con los presidentes anteriores y posteriores a Echeverría que también necesitan su repasadita, todos. Se puede y se debe, ¿se hará? Muy poquito a poquito", dice el historiador.

En contraste, Luis Hernández considera que la imputación contra Echeverría Álvarez y la prisión domiciliaria que enfrentó son parte de un reconocimiento de sus acciones; sin embargo, las víctimas necesitan más: el esclarecimiento del paradero de sus familiares y reparación del daño.

"Tiene [Luis Echeverría] el juicio de la historia: su entierro, lejos de ser el entierro de alguien tan poderoso como lo fue en su momento, fue un entierro y un funeral desangelados. Muy pocas voces se han levantado en los medios para defenderlo. El juicio de la historia en contra de él ha sido terrible, pero no ha sido suficiente", afirma el analista.

Respecto a la posibilidad de que el Ejército revele la información con la que cuenta, Hernández Navarro considera que hasta el momento no se ha visto voluntad ya que, en casos más recientes como la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, tampoco se ha mostrado abierto, pese al compromiso de Andrés Manuel López Obrador a resolver el caso.

"No puede haber reconciliación si antes no hay verdad, justicia y reparación del daño. La reconciliación es el punto de llegada si finalmente se logra, pero antes hay muchos caminos que recorrer. Y las víctimas lo han dicho una y otra vez: no están dispuestas a perdonar a quienes asesinaron, desaparecieron y torturaron a sus seres queridos", concluye Luis Hernández.