Piqueteros vs. Gobierno: el debate argentino por el manejo de los planes sociales

El movimiento piquetero argentino asegura que sufre una "persecución" por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández y rechaza la idea de que las organizaciones sociales administren dineros públicos. "¿Qué más quisiera la gente que trabajo genuino? Sin embargo, no es lo que aparece", dijo a Sputnik la dirigente piquetera Romina del Plá.

Los subsidios y asistencias monetarias conocidas habitualmente en Argentina como 'planes sociales' se volvieron una herramienta habitual del entramado estatal argentino desde finales de la década de 1990, cuando la crisis económica y el creciente desempleo dejaron a millones de argentinos requiriendo un ingreso para poder subsistir.

Pero, desde entonces, los planes también se han convertido en objeto de debate político ya que, para algunos sectores de la población argentina, los subsidios no facilitan la incorporación de los beneficiarios al mercado laboral o convierten a quienes los reciben en dependientes del Estado.

La discusión regresó a la agenda en las últimas semanas en voz de la propia vicepresidenta Cristina Fernández que planteó su intención de convertir los planes sociales en "trabajo genuino".

En efecto, en sucesivas apariciones públicas, la vicepresidenta y dos veces presidenta de Argentina (2007-2015) defendió la necesidad de reformar el universo de programas sociales destinados a la población más vulnerable. En la misma línea, planteó su intención de reducir la influencia que organizaciones sociales barriales tienen en su distribución para darle más injerencia a los intendentes, las autoridades electas en cada municipio del país.

Pero no todo el movimiento social argentino es homogéneo. Algunos sectores están identificados con el peronismo y hasta tienen referentes en puestos de Gobierno o legislativos. Por fuera se encuentra la Unidad Piquetera, un conjunto de organizaciones que se identifican políticamente con la izquierda y que reivindican su independencia tanto con respecto al actual gobierno como a los que se sucedieron en las últimas décadas.

Estos últimos son los que más han rechazado los cuestionamientos desde el oficialismo argentino, al entender que son víctimas de una "persecución" originada en disputas internas en el peronismo y cálculos electorales de cara a las próximas elecciones, previstas para 2023.

"Desde finales de la década de 1990 y especialmente a partir de 2001 el aumento brutal de desocupación no ha encontrado solución y a partir de eso ha tomado forma esto que se conoce como planes sociales", explicó a Sputnik Romina del Plá, diputada por el FIT y dirigente del Polo Obrero, una de las principales organizaciones sociales de Argentina.

Instrumentados a través de subsidios, a veces con contraprestaciones y a veces no, los planes sociales se han vuelto una necesidad para los argentinos más desfavorecidos por el desempleo en los últimos 20 años. Según estimaciones de medios argentinos, unos 22 millones de argentinos reciben aportes del Estado por cualquier concepto.

En 2021, un informe de la edición argentina de la revista Forbes indicaba que la cantidad de beneficiarios se multiplicó por 11 desde 2002. En la actualidad, el Estado argentino destina 288.000 millones de pesos anuales (más de 2.200 millones de dólares) a planes, lo que da un promedio de 800 millones de pesos (unos seis millones de dólares) diarios.

¿Quién administra los planes sociales en Argentina?

Si bien desde el Gobierno se pone en foco en las organizaciones, Del Plá remarcó que "el grueso de todas las asignaciones y partidas las maneja el Gobierno en su distintos niveles: nacional, provincial y municipal". La asistencia en la que participan las organizaciones son una "ínfima porción", según la dirigente.

"Las organizaciones no administran fondos públicos; lo que hacen es ayudar a que los compañeros se puedan anotar en un plan social que después cobran de forma directa del Estado. No hay ninguna intermediación", explicó la dirigente social.

Del Plá enfatizó que la única intervención directa de las organizaciones piqueteras está en el funcionamiento de comedores y merenderos en zonas de contexto crítico. Allí las organizaciones reciben del Gobierno nacional únicamente 'alimentos secos' y, si quieren agregar verduras o carnes para cocinar 'guisos', recurren a ayudas de los municipios, el nivel gubernamental más próximo.

Esa tarea fue, según la dirigente, vital durante la pandemia de COVID-19, cuando muchos de los comedores administrados directamente por los municipios cerraron como consecuencia de la emergencia sanitaria. En ese momento, "la asistencia alimentaria en los barrios quedó prácticamente en su totalidad en manos de las organizaciones piqueteras", que costearon el sueldo de los cocineros, insumos para cocinar e incluso el alcohol en gel y otros elementos de sanitización necesarios.

Del Plá dijo además que en los casos en que los municipios o el Gobierno nacional aportan insumos a las organizaciones, controla su cumplimiento a través de enviados que verifican que los comedores efectivamente funcionan.

"La idea de que las organizaciones piqueteras reciben cosas que no tienen control es completamente falsa", sentenció la dirigente.

La promesa recurrente de convertir planes en trabajo

Para Del Plá, el sistema político argentino apela una y otra vez a la idea de "convertir los planes en trabajo". La propuesta, ahora defendida por la vicepresidenta Cristina Fernández pero recurrente también desde otras tiendas políticas, suele no pasar de un "elemento de campaña" utilizado con fines electorales.

La integrante del Polo Obrero aseguró que el movimiento piquetero defiende la necesidad de generar "trabajo genuino" y, con ese objetivo, ha presentado una lista de personas desempleadas con distintos oficios y capacitaciones para que puedan ser contactadas.

"¿Qué más quisieran los compañeros que les den trabajo genuino? Ahora, eso no aparece por ningún lado y entonces el reclamo es trabajo genuino o un subsidio a todos los desocupados que no dependa de quién se puede inscribir o no. Que el que cumpla las condiciones pueda ir a solicitarlo", sintetizó.

Para Del Plá, esta solución "no es lo que se quiere" desde el poder político, desde el que, según el movimiento piquetero, "se prefiere tener a la gente agarrada de si logra anotarse o no a un plan".

En efecto, para los piqueteros existe una "persecución" por parte del oficialismo argentino al movimiento piquetero y a los partidos de izquierda que se convierten en sus expresiones electorales.

Según Del Plá, existe en muchos sectores vulnerables de Argentina un "desencanto con el peronismo y con esta nueva versión del peronismo que es el Frente de Todos" que poco a poco ha provocado "un desplazamiento político" de habitantes del Conurbano de la Ciudad de Buenos Aires. Para la dirigente piquetera, ese fenómeno tiene "tremendamente preocupados" a los integrantes del Gobierno argentino pensando en las elecciones de 2023.