Faltan 90 días en Ecuador para saber cómo será la relación entre los indígenas y el Gobierno

MONTEVIDEO (Sputnik) — Después de una larga espera de 18 días, los ecuatorianos pudieron obtener paz y tranquilidad tras un acuerdo entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Gobierno. Sin embargo, existen temores y dudas sobre cuál va a ser efectivamente la relación entre ambos en el corto y mediano plazo.

Las interrogantes se resumen en dos: ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Un Ecuador con alta conflictividad social o una relación entre indígenas y Gobierno, que aunque tensa por momentos, apueste al diálogo?

Para el politólogo e historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño, director de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, habrá que esperar tres meses para saber cómo se resolverá la relación entre la Conaie y el Ejecutivo liderado por Lasso.

"El camino de estos 90 días hará más clara la situación del conflicto final. (…) Si las condiciones no mejoran, si los acuerdos no progresan, puede estallar una situación que rompa con la paz", dijo el analista a Sputnik.

La Conaie y el Gobierno firmaron el 30 de junio un acta de compromisos que pone fin al paro y a las protestas registradas; el Ejecutivo tiene un plazo de 90 días desde este 1 de julio para cumplir con el acuerdo.

Los acuerdos incluyen una reducción adicional de cinco centavos para las gasolinas de mayor consumo en el país y para el diésel, combustible que se utiliza mayoritariamente para el transporte.

Con el acuerdo, el Gobierno reduce un total de 15 centavos por galón en esos combustibles, pues previamente había reducido 10 centavos.

Desde el 13 de junio, cuando se iniciaron las protestas, la demanda de la Conaie en torno a los combustibles era una reducción de 40 centavos, pero el presidente Leonidas Iza dijo que se aceptó la propuesta de la Iglesia Católica para la reducción de los 15 centavos de forma consensuada con los representantes de las nacionalidades indígenas.

El modelo

Paz y Miño consideró que un elemento que puede ocasionar conflictividad es el modelo económico que impulsa el Gobierno, el cual ha sido fuertemente cuestionado por la Conaie.

"Dudo que el Gobierno pueda cambiar su modelo de corte neoliberal empresarial, que es lo que lo inspira. Entonces encontrará maneras de cumplir con los puntos de la agenda inicial de lucha el 13 de junio y tal vez se avance en otros, pero no creo que vaya a cambiar su modelo económico, porque no hay las condiciones como para que el bloque que existe de poder en Ecuador vaya a cambiar las perspectivas de un modelo que apoyó. En ese bloque hay altos empresarios, la banca, los altos medios de comunicación, los partidos políticos de la derecha. Es un bloque muy poderoso", reflexionó.

Sostuvo que el acuerdo creó un "clima de paz y tranquilidad", pero advirtió que las condiciones sociales que genera el modelo neoliberal no solucionan los problemas de la población porque "achica el Estado, flexibiliza el trabajo, privatiza sectores públicos, disminuye la inversión pública, lo que genera un deterioro de la educación, salud y seguridad social".

"Ese modelo alimenta condiciones de conflictividad, porque aumenta la pobreza y la brecha entre pobres y ricos. Si esas condiciones se agravan, es históricamente previsible que podría llevar a una conflictividad mayor. Ojala que eso no se repita. Pero las condiciones históricas son las que favorecen la paz o la impiden", agregó.

Desde el 13 hasta el 28 de junio, según organizaciones de derechos humanos, se registraron seis fallecidos, 331 personas heridas, 152 detenciones durante las jornadas de protesta.

Con corte al 29 de junio, según datos de la Policía Nacional, durante las protestas 228 policías resultaron heridos, 32 policías fueron secuestrados y posteriormente liberados, se destruyeron 10 Unidades de Policía Comunitaria (UPC), la sede de un Distrito de Policía y 11 vehículos policiales; además se dañaron 72 vehículos policiales y 21 motocicletas.

De acuerdo con datos del Gobierno, las pérdidas durante el paro ascienden a más de 600 millones de dólares, a lo que habría que añadir las pérdidas del sector petrolero por el cierre de pozos.

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