Iberdrola y su sinfín de problemas: la Fiscalía española pide juicio contra cuatro de sus directivos

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España solicitó llevar a juicio a cuatro directivos de Iberdrola a los que considera responsables de alterar los precios de la energía eléctrica en perjuicio de los consumidores.

Los hechos investigados se remontan a finales de 2013 cuando se reportó un incremento en las tarifas de luz, el cual, según la fiscalía, habría causado un daño de más de 107 millones de euros.

"Iberdrola, con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que venía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda", se lee en la solicitud de la fiscalía española, difundida por el diario La Jornada.

Los directivos acusados de implementar esta estrategia son Ángel Chiarri Toscano, director de Gestión de la Energía; Gregorio Relaño Cobián, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; José Luis Rapún Jiménez, encargado de Gestión de Archivos, y Javier Paradinas Zorrilla, quien manejaba el departamento de Mercados a Corto Plazo y Generación Global.

Según la indagatoria de la fiscalía española, la estrategia se aplicó en varias centrales al mismo tiempo, aunque las principales se dieron en Duero, Sil y Tajo, donde se manipuló el funcionamiento de las centrales para incrementar artificialmente de los precios, a pesar de que en el mercado ya había una tendencia al alza.

Lo anterior, provocó un perjuicio de 10,6 millones de euros a las compañías comercializadoras y de 107 millones de euros para los consumidores, por lo cual se solicita el pago de una multa de más de 84 millones de euros, además de la indemnización a las personas afectadas.

La indagatoria, que también incluye a la filial Iberdrola Generación, se realiza desde 2017 debido a varios recursos tramitados por la compañía para retrasar el juicio, esperando a que los delitos prescriban como sucedió cuando se acusó a los directivos de espiar a sus competidores.