El Congreso de Perú exime de responsabilidad al expresidente por la muerte de jóvenes en protesta
21:21 GMT 17.06.2022 (actualizado: 09:44 GMT 18.06.2022)
© AP Photo / Rodrigo Abd
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LIMA (Sputnik) — La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano decidió archivar la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino (2020), y eximirlo de responsabilidad por la muerte de dos jóvenes durante la protestas ciudadanas de 2020, informó el diario local 'El Comercio'.
"Por ocho votos a favor, siete en contra y una abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino y dos de sus exministros por las muertes de Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez durante las protestas desarrolladas en noviembre del 2020", indicó el medio en su página web.
El 10 de junio, un informe elaborado por el congresista Alejandro Cavero recomendaba a la Subcomisión eximir de responsabilidad a Merino, a su entonces primer ministro, Antero Flores-Aráoz y a su ministro del Interior, Gastón Rodríguez, por las muertes de Sotelo y Pintado.
Manuel Merino fue presidente por seis días en noviembre de 2020, luego de asumir la máxima jefatura del país por sucesión y tras la destitución por parte del Congreso de Martín Vizcarra (2018-2020).
Luego de que Merino asumió la presidencia, la ciudadanía salió a las calles a manifestar su protesta contra lo que se consideraba una maniobra del Congreso para tomar el Ejecutivo.
En las protestas fallecieron los jóvenes Sotelo y Pintado, quienes fueron alcanzados por perdigones de plomo en enfrentamientos con la Policía en el Centro Histórico de Lima (centro).
Sin embargo, el informe del congresista Cavero indica que "al no existir evidencia concluyente del uso de perdigones de plomo por parte de la Policía Nacional del Perú y corroborarse que esos elementos causaron la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, no podría imputarse a los señores Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez la comisión impropia de delito de homicidio".
La Defensoría había previamente exhortado a la Subcomisión a no proteger a Merino y sus ministros, y permitir el acceso de justicia a los deudos, algo que no se ha logrado.
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