La condena a Jeanine Áñez "es benevolente en proporción al daño causado al pueblo boliviano"
© AP Photo / Juan Karita
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Mientras la oposición pidió la intervención de organismos internacionales, legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaron que se ampliarán las investigaciones a otros políticos involucrados en la ruptura del orden constitucional cometida en 2019, cuando fue derrocado Evo Morales.
La sentencia de 10 años de prisión dictada a la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) encendió el debate político boliviano como hacía tiempo no ocurría. Desde la oposición pidieron el pronunciamiento de organismos internacionales que, según legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), también participaron de la ruptura del orden constitucional en noviembre de 2019, cuando fue derrocado Evo Morales.
Asambleístas del oficialismo consideraron también que luego de esta primera condena debe seguir una segunda, por el caso de las masacres cometidas durante el régimen de Áñez, que dejaron 38 personas asesinadas por fuerzas militares y policiales, a partir del decreto 4078 firmado por la expresidenta y su gabinete de facto.
"Estamos muy contentos por esta sentencia, que realmente demuestra que en el país ha existido un golpe de Estado", dijo a Sputnik la diputada Olivia Guachalla, del MAS. Y resaltó que no solamente fue condenada la expresidenta de facto.
La diputada Olivia Guachalla, del Movimiento Al Socialismo (MAS), opinó sobre la sentencia de 10 años de prisión otorgada a la expresidenta de facto Jeanine Áñez por su autoproclamación luego del golpe de Estado de 2019 en #Bolivia contra Evo Morales pic.twitter.com/DxGeRGWcE4
— Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) June 13, 2022
El exgeneral de la Policía Yuri Calderón y el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman Romero —ambos prófugos— también fueron condenados a 10 años. Otros cuatro exjefes policiales y militares también recibieron condenas, aunque menores.
"Este ha sido un comienzo. Tenemos que seguir exigiendo que se transparente la muerte de más de 37 bolivianos, que han perdido sus vidas y han dejado a niños en orfandad. Esto no puede quedar en la impunidad", aseguró Guachalla.
La reciente condena a Áñez fue realizada en el marco del caso Golpe de Estado II. La causa Golpe de Estado I aún se desarrolla. La diputada indicó que, como autoridades legislativas, exigirán la pena máxima para la expresidenta, ya que "por asesinato son 30 años de cárcel".
Los líderes de la oposición aún sostienen que el expresidente Morales (2006-2019) cometió fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019 para acceder a un cuarto mandato consecutivo. Ganó con el 47% de votos, pero esos comicios fueron anulados luego del golpe.
"En Bolivia no ha existido fraude, sino un golpe de Estado cívico-militar-policial, que ha arremetido contra las vidas de muchos bolivianos", afirmó Guachalla.
El expresidente y líder de la oposición Carlos Mesa (2003-2005) se manifestó desde su cuenta de Twitter: "El masismo acaba de cometer uno de los crímenes políticos más infames de la historia boliviana, al usar al sistema de justicia servil para condenar sin ninguna prueba ni delitos a una expresidenta constitucional".
El masismo acaba de cometer uno de los crímenes políticos más infames de la historia boliviana,al usar al sistema de justicia servil para condenar sin ninguna prueba ni delitos a una ex presidenta constitucional.El retroceso de la democracia y del estado de derecho es vergonzoso
— Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) June 11, 2022
Mesa —quien perdió en las elecciones de 2019 contra Morales y en las de 2020 contra el presidente Luis Arce—, pidió que se pronuncien organismos internacionales como la Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Para el oficialismo, las quejas de la oposición se deben a que apoyaron al golpe de 2019. En este sentido, Guachalla aseguró: "Vamos a pedir que se amplíe la investigación a todos los involucrados en el golpe de Estado, personajes como Luis Fernando Camacho [actual gobernador del departamento de Santa Cruz], Jorge Tuto Quiroga [expresidente entre 2001 y 2002], Iván Arias [alcalde de La Paz], Samuel Doria Medina [quien se postuló como vicepresidente de Áñez en las elecciones de 2020] y Manfred Reyes Villa [alcalde de Cochabamba], que han financiado al golpe".
"No es una condena proporcional"
Durante el primer juicio a Áñez, la Fiscalía solicitó 15 años de prisión. Este número habría sido más satisfactorio para el diputado Héctor Arce, del MAS.
El diputado Héctor Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), analizó la sentencia de 10 de prisión para Jeanine Áñez por haberse autoproclamado presidenta de #Bolivia en 2019. Sostuvo que Luis Almagro, secretario de la OEA, también participó del golpe contra Evo Morales pic.twitter.com/9P6D5tApfx
— Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) June 13, 2022
"Por el daño y el dolor que causó al país, así como los daños causados a la democracia, creo que 10 años no es una condena proporcional", dijo a Sputnik.
Y se dirigió a Mesa, al considerar que sus reclamos obedecen a que "está preocupado, está nervioso. Sabe usted, como ciudadano y como actor político, que debe rendir cuentas al país. Semejante atrocidad que se cometió contra el país no puede quedar en la impunidad".
El diputado advirtió que "ahora vendrán otros procesos de investigación que permitirán saber la verdad histórica de los hechos: quiénes han sido autores intelectuales para diseñar, consumar e implementar este golpe de Estado". Y agregó: "El pueblo boliviano tiene todo el derecho a saber la verdad".
Arce también se refirió al secretario general de la OEA, Luis Almagro: "Es un criminal que puso en riesgo la estabilidad del país. Es un enfermo mental que, sin tener pruebas contundentes, habló de un fraude que no se pudo demostrar en el proceso de investigación".
Sobre el pedido de intervención de organismos internacionales, Arce opinó que Mesa "está invitando a estos actores internos y externos a que confiesen el rol que cumplieron en el golpe de Estado".
El diputado comentó que "probablemente otros aventureros van a cuestionar esta sentencia. Pero eso sería no respetar las bases fundamentales de nuestra Constitución. Sería no respetar la independencia y soberanía de nuestro país".
Y aseguró: "Aquí hay una sentencia, les guste o no. A mí no me gusta, porque es benevolente en proporción al daño causado al pueblo boliviano".
"Un juicio simbólico"
Lorgio Orellana es sociólogo, investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). En diálogo con Sputnik, evaluó que "el Gobierno oligárquico emergente con el golpe de noviembre de 2019 involucró a miles de actores: militares, empresarios, policías, cívicos, grupos paramilitares y parapoliciales de extrema derecha, el Gobierno de los Estados Unidos, de la Argentina, Brasil, la OEA, además del respaldo activo de amplias capas de la pequeña burguesía mestiza".
Y consideró que "así como acontece en las guerras, en aquellos eventos hubo multitudes de perpetradores que cometieron innumerables injusticias. Las más evidentes: las masacres de noviembre de 2019".
13 de junio 2022, 22:00 GMT
Sobre este punto, Orellana analizó que "las masacres tuvieron un alto contenido simbólico de vendetta. Los sectores más reaccionarios pedían que a los campesinos se les meta bala y, a su modo, sintieron satisfacción al saber de las ejecuciones sumarias".
Para el sociólogo, "los juicios no alcanzan. ¿Puede juzgarse a la oligarquía?".
En este sentido, se preguntó: "¿Cuál es el papel del juicio a Áñez? Miles de perpetradores quedaron y sin duda quedarán impunes. En vista de ello, los juicios impulsados por el Gobierno del MAS tienen un carácter básicamente simbólico, una válvula de escape de la tensión acumulada como efecto de derechos pisoteados".
Sobre las protestas de quienes consideran que 10 años de cárcel para la expresidenta es muy poco, sostuvo: "El veredicto contra la principal figura del Gobierno de facto no ha conseguido el efecto buscado de apaciguar el sentimiento de injusticia".
Para Orellana, se trata de "un nuevo fracaso de las tentativas del Gobierno en esto que Erving Goffman llama 'gestión de las impresiones', en este caso, al intentar generar la impresión de justicia".
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