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Debate político sin evidencias ocasiona un destino incierto para la seguridad en Uruguay

© Sputnik / Sergio PintadoMarcha del Silencio en Montevideo, Uruguay
Marcha del Silencio en Montevideo, Uruguay - Sputnik Mundo, 1920, 13.06.2022
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MONTEVIDEO (Sputnik) — Uruguay atraviesa un destino incierto en materia de seguridad. Tanto el Gobierno como la oposición se acusan mutuamente por este problema y el debate político, que podría ser el camino para una solución, carece de evidencia.
A pesar de que hace unas décadas este país, de poco más de tres millones de habitantes, se diferenciaba en una las regiones más violentas del mundo, América Latina, por tener bajo nivel de delitos violentos, actualmente se pueden escuchar casos de personas mutiladas, cadáveres desmembrados y calcinados.
En mayo, el Ministerio de Interior anunció que los homicidios aumentaron un 33% con respecto al año pasado, al registrar 96 asesinatos entre enero y abril de 2022. Ante esta situación, el opositor Frente Amplio (izquierda) denunció que Uruguay vive una "emergencia de seguridad".
El doctorado en Criminología por la Universidad de Cambridge Nicolás Trajtenberg dijo a Sputnik que las acusaciones entre Gobierno y oposición son frecuentes, ya que el tema es utilizado como un "botín electoral" y los políticos de ambos bandos se responsabilizan mutuamente por el aumento de los delitos, lo que hace naufragar la posibilidad de un consenso y de una planificación.
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"Sin debates, sin acuerdos, sin análisis, la respuesta más triste es que no sabemos hacia dónde estamos yendo. No tenemos un plan claro hacia dónde ir, no hay un programa serio de cifras. Si quieres una solución, lo primero es diagnosticarlo bien, Uruguay no tiene buena calidad de recolección de cifras, faltan algunas encuestas que ayudan a saber qué parte de los delitos no llegan a ser reportados", dijo Trajtenberg, de nacionalidad uruguaya y profesor en Manchester y Cardiff (Inglaterra).
El especialista sostuvo que Uruguay no tiene estudios longitudinales, que permiten saber qué factores psicológicos, del barrio y de la familia inciden para que un niño o adolescente se aparte del sistema educativo y empiece a cometer delitos.
"Con estos estudios se sabe quiénes, cómo, cuándo y dónde se impulsa el delito. Además, el delito se concentra mucho espacialmente, entonces, si se supiera dónde, el Gobierno sabría cómo intervenir. Pero para saber eso, se necesitan recursos para realizar investigaciones", agregó.
En 2020 y 2021, Uruguay presentó una disminución de los delitos tras un aumento que se presentó en 2018 y 2019. El Gobierno consideró que esa disminución se debía a la nueva política de seguridad; sin embargo, el panorama en 2022 es menos alentador.
La oposición por su parte señaló que esa disminución se debió a una reducción de la movilidad a causa de la pandemia del COVID-19.

Botín electoral

Trajtenberg consideró que el tema es utilizado en Uruguay como un "botín electoral", por lo que los argumentos que muchas veces usan los políticos para tratar la situación de seguridad son "inocuos".
"Por ejemplo, la propuesta de aumentar las penas. No creo que la solución de Uruguay o de cualquier país pase solo por aumentar el castigo, es uno de los componentes importantes, pero no es el único. Pero si uno cree que es importante, no solo es aumentar las penas, sino que hay que invertir una plata muy grande para que cualquier persona sepa que la posibilidad de ser vigilado, encarcelado, aumenta enormemente. El gran problema es que la sociedad tiene que estar liderada por políticos que quieran hacer ese sacrificio", agregó.
A su vez, señaló que "la mayoría de las veces oposición y Gobierno están haciendo afirmaciones causales sin ningún tipo de evidencia".
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"Para demostrar que tal factor está ocasionando tal cosa, uno tiene que hacer una investigación. Por ejemplo, con la pandemia, por un lado el Gobierno defendía a capa y espada que la reducción era producto de las medidas del Ejecutivo y por otro lado la oposición decía que la reducción era por la pandemia. En la vida es poco probable que algo sea causado por una única cosa. Puede que la respuesta de eso esté en el medio de ambas visiones. Pero para tener esa respuesta hay que hacer un análisis, hay que hacer muy cuidadoso", indicó.
El debate está "muy viciado" y se hacen afirmaciones "muy débiles", ya que tanto Gobierno como oposición no tienen un "libreto definido" sobre lo que se tiene que hacer, alertó.

Situación de Uruguay

El especialista consideró que siempre que se hace un análisis de situación es necesario mirar a largo plazo y no hacer comparaciones recientes.
"Si uno mira a Uruguay, en el largo plazo ha venido empeorando sistemáticamente a nivel de los delitos, en particular de violencia letal, si uno mira las tasas de homicidios, que es lo que más se usa para compararse internacionalmente, la verdad que Uruguay tiene una situación muy complicada con respecto a sí mismo y con respecto a países europeos, como España, Italia, así como también con países latinoamericanos", agregó.
Si se compara ciudades, Montevideo tiene una tasa de homicidios "bastante complicada", es la cuarta "peor de Sudamérica", indicó.
"Entonces, si uno mira a Uruguay frente a uno de los peores continentes en tasa de homicidios, que es Latinoamérica, dejó de ser un outsider, ya es un país que está complicado, que tiene una situación de inseguridad grave, no diría que es el peor de la región, pero ya no es un caso diferente con respecto a América Latina", afirmó.

El dilema

Por otro lado, Trajtenberg consideró que el problema de la prevención del delito es "universal", ya que muchas sociedades lo enfrentan y les cuesta reducirlos.
"Lamentablemente la mayoría del conocimiento que tenemos, estudios de calidad, sobre qué es lo que funciona, están hechos en EEUU, Canadá, Inglaterra, Europa, Australia, en realidad, la ironía es que las áreas más preocupantes, donde el problema es más serio, como es América Latina, es donde hay menos investigación", indicó.
En ese sentido, manifestó que no es "fácil" trasladar conocimientos a Latinoamérica ya que no existen evaluaciones de qué es lo que funciona en esta parte del mundo.
"Además de todo eso, reducir delito tiene un costo enorme, para los políticos es muy difícil, exige mucho coraje, porque tienen que decirle a la ciudadanía que hay que hacer una apuesta presupuestal enorme, lo que podría aumentar la pobreza, reducir la salud, entonces los políticos que piensan en el corto plazo y en las elecciones les cuesta tomar esta decisión", concluyó.
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