El preso político de Áñez que hoy expropia tierras a los golpistas de Bolivia

Eulogio 'Chiqui' Núñez fue injustamente encarcelado por el Gobierno de facto de Jeanine Añez, luego del golpe de 2019. Con la recuperación de la democracia, el presidente Luis Arce lo designó al frente del instituto nacional encargado de sanear las tierras de todo el país.

A Eulogio Chiqui Núñez le tocó sufrir el golpe de Estado de 2019 en carne propia. Como vocal del Tribunal Departamental Electoral (TED) de Santa Cruz de la Sierra, fue acusado de varios delitos por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, dado su desempeño en las elecciones presidenciales del 20 de octubre de ese año, que habían dado como ganador al entonces presidente Evo Morales (2006-2019).

Núñez recordó que pasó "14 meses y 18 días" preso en el penal cruceño de Palmasola. Se lo acusaba de delitos electorales como falsificación de documentos, uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados, falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado e incumplimiento de deberes.

Con la recuperación de la democracia, en noviembre de 2020, las acusaciones cayeron y luego de dos meses Núñez quedó en libertad. En 2021 fue nombrado director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) por el presidente Luis Arce.

Días atrás ambos estuvieron en la ciudad de Sucre, departamento de Chuquisaca (sur) entregando títulos de propiedad a más de mil familias y comunidades indígenas campesinas. Desde que Arce está en el poder otorgó más de 25.000 documentos propietarios en áreas rurales, cuyos habitantes originarios nunca habían podido tramitar.

"También hemos entregado 12 títulos a comunidades guaraníes que antes estaban cautivas en haciendas. El Gobierno ha recuperado esas tierras y ahora les ha entregado. Estamos muy contentos, porque antes estaban como empleados en las haciendas y ahora son propietarios de esas tierras", dijo Núñez a Sputnik.

El saneamiento de tierras en el marco de la Reforma Agraria comenzó en 1953, luego de la Revolución Nacional de 1952, que reconoció los derechos de las grandes masas indígenas campesinas del país. A lo largo de las siguientes décadas este proceso tuvo contramarchas y estancamientos. Pero con la llegada al poder de Morales (2006-2019) se registró un avance notable.

Bolivia tiene 109.858.100 hectáreas. Hasta el momento fue saneado el 88%. "Aún falta sanear un 12% de tierras a nivel nacional [12,7 millones de hectáreas]", dijo el director del INRA. Comentó que en el instituto esperan analizar un 4% cada año hasta 2024, cuando finalice esta presidencia de Arce.

"Pedimos a todas las organizaciones sociales y también a las autoridades locales viabilizar los saneamientos en un clima de paz, sin violencia, con diálogo y concertación", pidió Núñez.

El director del INRA sabe que no es sencillo negociar con los poderosos terratenientes del oriente boliviano, donde se concentra la mayor parte de tierras cultivables del país.

El cautiverio del pueblo Guaraní

Cuando asumió la presidencia Evo Morales, Núñez era director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) regional de Santa Cruz. Esta Organización de la Sociedad Civil (OSC) trabajaba desde la década del 70 con comunidades del pueblo Guaraní que estaban encerradas dentro de latifundios del Chaco, espacio que abarca partes de territorio cruceño, chuquisaqueño y tarijeño, en el sur del país.

CIPCA intervenía sin que se dieran cuenta los patrones, que disponían de la vida de los indígenas literalmente a su antojo.

En 2008, Morales envió varias comisiones del INRA a constatar la veracidad de estas denuncias. Pero los terratenientes organizados (y armados) detuvieron, secuestraron y agredieron a varios funcionarios públicos, así como a indígenas de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) que los acompañaban.

Finalmente, sofocado el intento de golpe de Estado de 2008 originado en Santa Cruz, Morales envió al Ejército a las estancias a liberar a las comunidades cautivas. Desde entonces se inició un proceso para titular esas tierras a favor de sus dueños ancestrales.

"Nuestro Gobierno está abierto al diálogo para solucionar problemas agrarios que son de larga data, no de recién. Nuestro compromiso es concluir el saneamiento en la gestión del hermano presidente [Luis Arce]", expresó Núñez, quien nació en 1966 en la ciudad chaqueña de Camiri, Santa Cruz, y estudió Derecho en la Universidad NUR. Su apodo de Chiqui proviene de que no supera el metro con cincuenta centímetros de estatura.

Para Núñez, es fundamental que Bolivia logre sanear el 100% de su territorio. De esta manera, las comunidades indígenas campesinas "tendrán la seguridad jurídica de contar con títulos inscritos en Derechos Reales. Al tener esa seguridad jurídica, pueden invertir con todas las garantías, pueden sembrar y producir de manera diversificada, generar ingresos para las familias por la venta de productos agrícolas", dijo con entusiasmo.

Un encierro injusto

Núñez fue designado vocal del TED cruceño en 2014 por el entonces presidente Morales. Esa supuesta etiqueta de "masista" fue suficiente para que lo metieron preso sin más, una vez asumido el Gobierno de facto de Áñez (2019-2020).

"Quien les habla también estuvo preso durante el Gobierno de facto por 14 meses y 18 días. Por suerte se recuperó la democracia en nuestro país: muchos estuvimos en la cárcel, otros en la clandestinidad, los demás en las calles recuperando la democracia", recordó Núñez. Durante ese periodo, 38 personas fueron asesinadas en protestas contra el Gobierno de Áñez.

Núñez fue enviado a la cárcel por el juez Rodrigo Buezo. La misma suerte corrieron otros exvocales, como Sandra Kettels Vaca, Gober López Velasco y Ramiro Valle Mandepora, este último abogado de ascendencia guaraní, que también había participado del proceso de liberación de las familias cautivas en estancias.

Eulogio 'Chiqui' Núñez, director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Bolivia

© Sputnik / Sebastián Ochoa

Durante ese 2020 que estuvieron presos no solamente se vulneraron los derechos humanos del pueblo boliviano. También se aprovechó la oportunidad para repartir títulos propietarios irregulares entre los terratenientes del oriente que apoyaban al Gobierno de Áñez.

Cuando fue aprobada la actual Constitución, en 2009, también se hizo un referéndum para que la población decidiera el máximo tamaño de una propiedad agraria. Se definió que ninguna propiedad podía exceder las 5.000 hectáreas.

Mediante decretos, Áñez otorgó tierras que exceden ese límite. Entre otros, dio títulos de propiedad a la familia de Branko Marinkovic, un empresario cruceño que fue opositor a Morales, al punto de que durante 10 años estuvo fuera del país. Cuando regresó, luego del golpe, la expresidenta de facto lo premió también nombrándolo ministro de Desarrollo Rural y luego de Economía.

La cumbre de Camacho

En mayo pasado, el actual ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzáles, advirtió que serían expropiadas las hectáreas malhabidas por los terratenientes. También aquellas tierras ociosas, que no cumplieran la Función Económica Social (FES).

Como respuesta, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho —implicado en el golpe de 2019—, anunció que patrocinará una "Cumbre de la Tierra", en la cual las "instituciones cruceñas" definirán establecer una "línea de defensa" para cuidar lo que consideran suyo.

Según Núñez, "identificamos 91 predios principalmente en el oriente, que fueron otorgados durante el Gobierno de facto a personas vinculadas al golpe. De manera irregular habían titulado las tierras. Esos títulos ya se han anulado y se ha notificado al Viceministerio de Tierras para que haga la demanda ante el Tribunal Agroambiental".

Las demandas ya fueron presentadas: "Pedimos a las autoridades judiciales que obren en el marco de la Constitución y las leyes, porque hemos identificado irregularidades en aproximadamente 300.000 hectáreas que pretendían apropiarse", denunció el director del INRA.

"De manera fraudulenta emitieron un decreto y titularon", agregó.

Según Núñez, "esas tierras tienen que redistribuirse colectivamente a comunidades campesinas, indígenas, originarias, interculturales, afrobolivianos, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres".

Y afirmó: "Estamos empeñados en eso y vamos a cumplir. Vamos a hacer cumplir la Constitución y las leyes, como hemos jurado".

En este sentido, Núñez adelantó que "no vamos a vulnerar los derechos de ningún actor rural que legalmente posee la tierra. Los legales, que cumplen la FES, tienen garantía del Gobierno para producir cuidando a la Madre Tierra".

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