Sin diálogo social por la explotación del litio en Argentina

BUENOS AIRES (Sputnik) — Uno de los recursos que enriquece el territorio de Argentina, el litio, es también una amenaza para las comunidades indígenas que viven en el norte del país y que dependen del agua para el desarrollo de su formas de vida, de sus actividades productivas y de su cultura.

Esto sucede dentro de un ecosistema que sufre otros impactos ambientales y está sometido a un balance hídrico demasiado frágil.

Lo atestigua la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), organización que trabaja con las 33 comunidades indígenas que habitan en Salinas Grandes y en la laguna de Guayatayoc, una cuenca hídrica compartida por las provincia de Salta y Jujuy (norte).

"Vemos que a nivel nacional y provincial hay un impulso muy fuerte a la minería de litio, con un enfoque económico de que generará ingreso de divisas y puestos de trabajo, en el marco de un paradigma de transición energética que presenta la extracción de este mineral como una actividad amigable con el ambiente", plantea la coordinadora del Programa Altoandinos del área de Política Ambiental, María Laura Castillo Díaz.

No hay fracturas evidentes en la roca para obtener el litio, un metal blando que llaman el oro blanco del siglo XXI, estratégico para el desarrollo de baterías en dispositivos móviles y para la generación de vehículos eléctricos.

"Pero el litio está concentrado en el agua que está debajo de la sal", advierte Castillo Díaz. "A simple vista no se ven los impactos que se ocasionan para extraer el mineral, pero se debe perforar el salar y extraer grandes columnas de agua que se disponen en piletones. Después el sol evapora el agua y ahí queda el carbonato de litio que después se procesa".

Se trata de una megaminería de agua, añade la representante de la FARN.

Argentina es el tercer país del mundo con mayores reservas de litio, solo por detrás de Chile y Australia, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Pero este mineral se concentra en áreas muy áridas, de pocas lluvias, lo que lleva a que la extracción de grandes volúmenes de agua generen un desbalance hídrico.

"Por eso hay tanta resistencia en estos territorios", asume Castillo Díaz. "Para producir una tonelada de carbonato se necesitan dos millones de litros de agua".

Siendo un territorio donde escasea el agua, este recurso se vuelve más valioso no solo para las comunidades que allí viven, sino también para que el ecosistema mantenga su capacidad de resiliencia, genere las condiciones que necesita para mantener su equilibrio, y garantice la diversidad biológica asociada a los humedales de estas zonas.

Excluidas y desinformadas

No es de extrañar que la población autóctona rechace entonces la extracción del litio, más cuando se celebró a principio de mes, a instancias del Ministerio de Desarrollo Productivo, la primera reunión de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (MEMAC) con funcionarios del Gobierno y con mandamases de la industria y la minería, pero sin representantes de las poblaciones locales afectadas.

Durante la pandemia del COVID-19, la minería fue una de las pocos rubros exceptuados de las restricciones que padecieron las actividades productivas. Durante dos años, "las comunidades indígenas, que toman sus decisiones en asamblea, no pudieron reunirse, y ni siquiera podían abordar los problemas que surgían cuando llegaban empresas con informes técnicos que entregaban a cualquier persona, para luego asegurar que habían cumplido con la norma provincial que las obliga a notificarlas", cuenta Castillo Díaz.

Fue tal la falta de información, y la resistencia a entregarla, que solo ahora, por vía judicial, la FARN está consiguiendo averiguar qué proyectos hay en curso y qué alcance tienen.

El Estado tiene la obligación de llevar adelante un proceso de consulta libre, previa e informada tendiente a obtener el consentimiento de la comunidad, según establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Argentina.

En consonancia, las comunidades Kolla y Atacama de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc elaboraron en 2015 un protocolo comunitario llamado Kachi Yupi, Huellas de la Sal, donde establecen los pasos que deben seguirse para ser consultados y brindar su consentimiento. "Eso no se llevó adelante", aseguró Castillo Díaz.

En abril de 2021, entró en vigor el Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional legalmente vinculante sobre los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Pero sobre el proceso de extracción de litio falta información de base que permita contrastar las características del terreno con las consecuencias que puede tener determinada iniciativa.

"Los salares son ecosistemas muy complejos y frágiles sobre los que faltan estudios para saber cómo se conectan las aguas de forma subterránea y qué impactos acumulativos y sinérgicos tienen los distintos proyectos", explica la coordinadora del Programa Altoandinos. "Con la falta de todos esos elementos, el proceso de consulta no puede darse por cumplido".

Argentina también cuenta con una ley de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, de cumplimiento obligatorio, donde se establece que las cuencas deben gestionarse como una única unidad. Los proyectos mineros no suelen evaluarse bajo esa óptica, por lo que hay comunidades que deberían ser notificadas y vuelven a quedar al margen.

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