Sectores conservadores marcan terreno en la educación de Perú

LIMA (Sputnik) — En la educación escolar en Perú se ha abierto un frente de discusión luego de que el Congreso, el 5 de mayo, aprobó una ley que permite a los padres de familia participar en la elaboración de los contenidos de la currícula del Ministerio de Educación (Minedu).

Los críticos de esta norma alegan que ésta busca eliminar el enfoque de igualdad de género en la educación escolar, así como censurar la educación sexual para los alumnos.

La actual congresista y exministra de Educación Flor Pablo (2018-2019) opinó lo siguiente en conversación con el diario local El Comercio luego de la aprobación de la ley: "[La norma] daría pie a que organizaciones, que ya hace varios años piden el retiro del enfoque de igualdad de género y la educación sexual integral, logren hacerlo usando el mecanismo planteado por este proyecto de ley".

El mecanismo no es otro que el otorgamiento a los padres de familia, a través de organizaciones debidamente registradas, de voz y voto en la aprobación de la currícula del Minedu.

Derecho a voz

Gabriela Pacheco es vocera de la organización conservadora Padres en Acción, una de las que ha perseguido que esta ley se apruebe en el pleno del Congreso.

A su consideración, la nueva norma está justificada en dos hechos previos que avalan y legitiman su actual existencia.

El primer hecho se deriva de la Ley General de Educación que indica en su artículo 5 que "los padres de familia, o quienes hagan sus veces, tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a participar en el proceso educativo y a elegir las instituciones en que éstos se educan, de acuerdo con sus convicciones y creencias".

El segundo hecho, afirma Pacheco en diálogo con Sputnik, se deriva de una sentencia del Poder Judicial por un juicio que inició Padres en Acción contra el Minedu por "haber incorporado el enfoque de género [en la currícula escolar] sin consultar a los padres de familia".

La vocera de la organización conservadora afirma que el juicio lo perdieron en 2017, pero que en la sentencia el Poder Judicial "instaba al Minedu a que cree un instrumento válido y eficaz para que los padres de familia participen activamente de las políticas educativas para sus hijos".

"El juicio lo iniciamos porque el Minedu intentaba entender el género no como lo comprende la Constitución: hombre y mujer, sino como circunstancias que corresponden a conceptos ideológicos más que a conceptos biológicos", amplía Pacheco.

Sin embargo, resalta que lo importante es que la justicia exigió al Minedu que los padres tengan la potestad de intervenir en los contenidos escolares, lo que comprende también la capacidad de veto a ciertas políticas de Estado en materia educativa.

Moral y educación

La exministra Flor Pablo indicó que la intervención de los padres de familia puede ser perniciosa "pues los materiales educativos responden a políticas de Estado y no pueden en ningún caso responder a criterios religiosos ni morales".

Por su parte, Pacheco opina que en el pasado el Minedu ha elaborado contenidos que alegó haberlos discutido con algunos padres de familia, pero que la opinión de estos padres "no era representativa" de la opinión de todos los padres de familia.

Además la vocera agrega que, si bien la educación sexual es un tema que preocupa a los sectores conservadores, el tema no se ciñe solamente a ese aspecto sino que abarca otros como el ensalzamiento de figuras políticas polémicas en la historia peruana como personajes ejemplares para los alumnos.

"El copamiento ideológico del Minedu viene de anteriores gestiones, el marxismo cultural ha copado el Minedu, y lamentablemente todo se filtra a través de esa mirada ideológica", denuncia Pacheco.

El punto de vista conservador sobre la educación seguro causa muchas resistencias en los sectores progresistas de la sociedad peruana, pero lo cierto es que se ha logrado una ley que deberá esperar a que se implemente su reglamento para que sea aplicada.

Los sectores progresistas entienden la nueva norma como un retroceso en la educación, y ya se anuncian batallas legales para querer derogarla en instancias judiciales.

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