Bukele y las maras: pactos incumplidos y una masacre en venganza

Una investigación periodística en El Salvador reveló que la masacre de marzo fue consecuencia de una ruptura de pactos entre el Gobierno y la Mara Salvatrucha. Varios audios confirman la hipótesis de que el "control territorial lo tenían las estructuras de pandillas", dijo a Sputnik el investigador Huber Romero.

Una reciente investigación del medio local El Faro expuso diálogos entre Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno de Nayib Bukele, con líderes de la organización criminal Mara Salvatrucha, conocida también como MS-13.

En los audios, el funcionario público culpabiliza al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, por haber roto los acuerdos con las pandillas debido a que, según comentaron los propios pandilleros al medio local, fueron citados a dialogar con representantes del Gobierno y, en cambio, fueron capturados.

En consecuencia, 87 personas fueron asesinadas a manos de las maras entre el 25 y 27 de marzo. La acumulación de crímenes condujo a la declaración del estado de excepción en el país —todavía vigente — y la política de "guerra contra las pandillas".

En diálogo con Sputnik, el investigador de la Asociación Azul Originario (AZO) Huber Romero explicó que varias organizaciones que trabajan en las comunidades del país ya advertían "que realmente el control territorial no lo tenía el Estado o la institución de seguridad sino que lo tenían siempre las estructuras de pandillas o maras".

"Esta hipótesis se viene manejando desde hace un año y medio, cuando hubo un descenso impresionante en la tasa de homicidios", aseguró.

En 2021 el país contabilizó 1.140 homicidios, 201 muertes violentas menos que en el 2020. El descenso convirtió a ese año en el más seguro desde que se tiene registro y fue atribuido al plan de seguridad nacional que impulsó la administración de Bukele (2019-2024).

Sin embargo, la baja en los homicidios no se mantuvo tras la captura de los pandilleros.

"El repunte de homicidios respondía a un quiebre en diálogos o negociaciones entre miembros del Estado salvadoreño y propiamente del Gobierno de la República y referentes de esta estructura de maras o pandillas", indicó Romero, agregando que "todas las administraciones" anteriores también habían mantenido acuerdos, en vez de crear políticas públicas eficaces en materia de seguridad.

Desde su perspectiva, estos diálogos no implican una solución efectiva y a largo plazo para el cese de la violencia sino que persiguen intereses políticos y partidarios.

"El hecho de que se reduzcan los homicidios le permite al partido de turno mantener cierta legitimidad de cara a la población, mantener cierto perfil de que se está trabajando bien aunque esto no sea tan cierto, aunque a lo mejor las comunidades sigan careciendo de servicios y sigan controlando estas estructuras", sostuvo.

Detenciones arbitrarias y vulneración de derechos

Desde que se decretó el régimen de excepción en marzo AZO ha trabajado con casos en que se realizaron detenciones arbitrarias y vulneración de derechos, como las que denuncia el salvadoreño Juan Carlos Gáleas de su madre, hermana y hermano sin una adecuada investigación.

Simplemente un usuario de Twitter bajo el nombre de Comandante Fantasma acusó a la familia que maneja una pizzería de colaborar con las pandillas.

Juan Carlos Gáleas, único miembro de la familia que no fue detenido al no encontrarse en la casa al momento de la llegada de los militares, pide justicia por su hermano, que murió luego de un mes de encarcelación, y solicita la liberación inmediata de su madre y hermana, detenidas en diferentes centros penitenciarios.

Estas detenciones son unas de las más de 30.000 que se produjeron en el país a supuestos pandilleros que luego son sometidos a condiciones inhumanas dentro de las cárceles, según advierte la asociación y alertan organismos internacionales.

"Tras casi dos meses de régimen de excepción hemos visto que hay una gran cantidad de vulneraciones a los derechos de las personas que están ahora detenidas en los centros penitenciarios y precisamente esto lo podemos comprobar porque hemos conocido historias de personas que han ido saliendo poco a poco", explicó Romano.

Hacinamiento, golpizas y una precaria alimentación son algunas de las vulneraciones que alertan desde AZO. Además, reportan casos en que los privados de libertad presentan enfermedades crónicas y no se permite el acceso a medicamentos, limitando así la atención de la salud. Lo mismo sucede ante reclusos con discapacidad intelectual que no reciben una atención adecuada.

Romero también criticó que la Justicia atienda con mayor énfasis los casos más mediáticos: "Resulta irónico que, en este contexto, los casos que se mediatizan en las redes sociales son los que más o menos se resuelven de buena forma, ya sea con la liberación inmediata o posterior de las personas".

Desde AZO abogan por el procesamiento de los responsables de delitos bajo un debido proceso y una investigación real, algo que, alertó Romero, en el actual contexto no se cumple para facilitar el trabajo de la Policía o los militares.

Según Romero, actualmente basta "con la presunción de que la persona tiene un vínculo con la estructura criminal llamada mara o pandilla, ya sea por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su caminar, por el lugar donde vive" o por sus tatuajes.