El escándalo del alcalde de Medellín, acusado de apoyar a Gustavo Petro
© AFP 2023 / Joaquín Sarmiento
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El mandatario de Medellín fue suspendido por la Procuraduría luego de un video percibido como un guiño a la campaña del candidato presidencial por el Pacto Histórico. Sputnik hace un recuento de los hechos que desataron la tormenta política en el país.
Si bien el detonante fue el pasado 9 de mayo, las acciones venían de tiempo atrás. Daniel Quintero, alcalde de Medellín, fue sancionado provisionalmente por participación política indebida. La decisión la tomó la procuradora Margarita Cabello, que antes de llegar a la cabeza del Ministerio Público fue ministra de Justicia del presidente Iván Duque. Su elección la hizo el Senado a través de una terna que presentó el mandatario, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Ella fue la ficha de Duque y hoy está en boca de las críticas, pues no ha tenido ningún llamado de atención sobre su exjefe, a quien también señalan de participación política indebida.
Quintero no fue el único alcalde sancionado. Andrés Fabián Hurtado, mandatario de Ibagué, una ciudad intermedia en el centro de Colombia a 211 kilómetros de Bogotá, también, según la procuradora, incurrió en participación política indebida. El primero, por apoyar a Gustavo Petro, candidato a la presidencia por el Pacto Histórico (izquierda); el segundo, por darle un guiño a la campaña de Federico Gutiérrez, candidato de la derecha por la coalición Equipo por Colombia.
Sin embargo, el eco sobre la decisión contra ambos fue diferente. Mientras el candidato de derecha dijo en un debate presidencial que respetaba la postura de la Procuraduría y no ahondó en la situación, desde la orilla de la izquierda, la del Pacto Histórico, Gustavo Petro y Daniel Quintero han aireado una narrativa de golpe de Estado y desestabilización de la democracia. "Golpe de Estado en Medellín. Le pido a toda la ciudadanía y a la CIDH defender el voto popular", comentó el candidato presidencial conocida la noticia de suspensión.
Golpe de Estado en Medellín. Le pido a toda la ciudadanía y a la @CIDH defender el voto popular.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 11, 2022
La procuraduría no puede evadir el mandato popular.
El discurso sobre un golpe de Estado solo alcanza al alcalde suspendido de Medellín y no al de Ibagué.
La defensa férrea a Daniel Quintero que ha hecho la coalición izquierdista deja entrever la relación cercana entre Quintero y el Pacto Histórico y podría convertirse en una prueba más sobre la posible y sutil participación política indebida de Quintero a favor de ese proyecto político.
La participación política indebida por parte de funcionarios públicos y electos, como Daniel Quintero, es una falta consagrada por la Constitución, la ley y resoluciones administrativas.
El Estado considera que la posición de poder de los ordenadores del gasto les da la posibilidad de mover recursos o crear estructuras clientelares, a través de la contratación, para beneficiar a candidatos cercanos a las administraciones locales, departamentales y nacionales.
20 de abril 2022, 16:37 GMT
Para la Procuraduría, Daniel Quintero "utilizó, al parecer, el cargo de alcalde de Medellín para, a través de medios de comunicación y redes sociales, publicar, difundir, defender y respaldar ideas afines al movimiento político Pacto Histórico", lo que implicaría la comisión de falta disciplinaria por intervención en política.
Sus pruebas datan de febrero de este año, con un tuit de Quintero que arremete contra Sergio Fajardo —exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia y candidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza— y el uribismo, opositores a Gustavo Petro.
Otras publicaciones estudiadas por el Ministerio Público fueron las fotos del pasado 13 de marzo, día de las elecciones parlamentarias y primarias, en las que se observa que el alcalde suspendido había solicitado el tarjetón del Pacto Histórico; el pedido de revisar todos los votos de esa coalición al Congreso; la celebración de que varios funcionarios de su administración renunciaran para hacerle campaña al candidato presidencial y, por último, el video del 9 de mayo.
¿Quién me sigue? #ElCambioEnPrimera pic.twitter.com/L8NXu1qlah
— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 10, 2022
"El cambio en primera", dijo el alcalde suspendido, mientras ilustraba cómo le ponía el cambio de primera a su carro. Sobre el video, la Procuraduría opinó que "resulta evidente que él mismo constituyó un mensaje al parecer de índole político que utilizó el puesto oficial para potenciar las aspiraciones presidenciales de un determinado candidato".
Además de las publicaciones en redes sociales, el Ministerio Público también recogió entrevistas de Quintero en medios de comunicación en las que se puede concluir que ha participado en política. Está, por ejemplo, la que dio a La FM, en la que le preguntaron por quién iba a votar. "Lo obvio no se pregunta", respondió.
La Procuraduría concluyó que, de no suspender provisionalmente a Quintero del cargo, este podría continuar participando en política de forma indebida a favor de Gustavo Petro.
Las reacciones de Quintero y el petrismo
El primero en referirse a la decisión de la procuradora Cabello fue el mismo Gustavo Petro. "Ya un procurador fascista me suspendió siendo alcalde y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue tajante: un órgano administrativo no puede suspender los efectos del voto ciudadano. La procuradora, buscando ayudar al candidato presidencial de Duque, ha roto la Convención Americana", escribió Petro en Twitter a los minutos de conocerse la noticia.
Ya un procurador fascista me suspendió siendo alcalde y la sentencia de la @CIDH fue tajante: un órgano administrativo no puede suspender los efectos del voto ciudadano.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 11, 2022
La procuradora, buscando ayudar al candidato presidencial de Duque, ha roto la Convención Americana
El mismo discurso tomó Quintero, calificando la decisión de un golpe de Estado a Medellín orquestado por el uribismo, a quien él controvierte de forma directa y permanente. "La democracia está en riesgo. Quieren sacarnos del cargo para intervenir en las presidenciales. Nos suspenden del cargo, en 12 horas, sin competencia ni debido proceso, sin derecho a la defensa, violando nuestros derechos políticos, la Constitución, la ley, la CIDH, pero especialmente la voluntad popular", fueron las palabras de Daniel Quintero.
Ha iniciado el golpe de estado en Colombia.
— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 11, 2022
Otras de las críticas se centraron en resaltar los sesgos de la decisión de Margarita Cabello. Rodrigo Uprimny, reconocido constitucionalista y director del centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, señaló que mientras la procuradora suspendió temporalmente a dos alcaldes, no hizo un llamado de atención al presidente Duque, a quien se le señala de participar a favor de Federico Gutiérrez y en contra de Gustavo Petro.
"El sesgo también es evidente porque la procuradora no suspendió con igual rapidez al comandante del Ejército frente a su clara intervención en política electoral, que es gravísima, pues desconoce que Fuerzas Militares no son deliberantes y deben ser neutrales políticamente", puso como otro ejemplo Uprimny.
El general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, fue denunciado ante la Procuraduría por presunta participación política en contra de Gustavo Petro. Sin embargo, el Ministerio Público no ha comunicado ningún tipo de sanción contra el militar.
El caso Petro contra el Estado de la Corte IDH
En agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, en diciembre de 2013.
La conclusión general del tribunal fue que entidades administrativas como la Procuraduría no pueden destituir o inhabilitar a los elegidos por voluntad popular, solo los jueces tienen esa competencia.
Entre las órdenes de la sentencia, se pidió al Ministerio Público reformar el Código Disciplinario para evitar posibles escenarios como el que atravesó Petro.
Además, el fallo reconoció que el entonces alcalde de Bogotá no tuvo garantías judiciales cuando fue sancionado y el proceso no fue imparcial.
18 de agosto 2020, 23:02 GMT
A la luz de la decisión de la Corte IDH, Quintero y el Pacto Histórico alegan que no se le brindó al alcalde suspendido garantías, ni el derecho de defensa y, mucho menos, el derecho al debido proceso.
Y, basándose en la jurisprudencia, insisten que el Ministerio Público tampoco puede suspender provisionalmente a un elegido por voluntad popular.
A la Procuradora también se le critica haber asegurado, en el video con el cual anunció su decisión contra los alcaldes de Medellín e Ibagué, que tiene potestad para destituir e inhabilitar a funciones y elegidos.
"El primer tema que salta a la vista con el video de la procuradora es que esta no leyó o, si leyó, no entendió, o, si entendió, no quiere cumplir el fallo de la Corte IDH en el caso de Gustavo Petro. Dice que puede destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular en abierta contradicción con el fallo", destacó Silvia Serrano, abogada especialista en el sistema interamericano de derechos humanos, en sus redes sociales.
Frente al tema de si el Ministerio Público puede suspender provisionalmente a elegidos a la luz del fallo, apuntó que el documento de la Corte IDH sólo se refiere a casos de destitución e inhabilitación.
11 de mayo 2022, 15:41 GMT
"El segundo tema es si el fallo de la Corte IDH prohíbe lo que hizo la Procuraduría hoy contra este grupo de funcionarios. Y la respuesta es que puede ser. La Corte no ha conocido un caso de suspensión, pero es razonable entender que el punto central de la Corte es que no se pueden imponer, salvo vía penal, sanciones que formalmente o de facto separen al funcionario de elección popular. La suspensión (sin plazo) tiene efectos y puede alegarse que está prohibida", explica.
Para Serrano, una suspensión indefinida es equiparable a una destitución y, hasta ahora, la Procuraduría no ha anunciado por cuánto tiempo suspende a Quintero y Hurtado de sus cargos. Por ahora, el presidente Iván Duque ya nombró al alcalde encargado de Medellín.
Se trata de Juan Camilo Restrepo Gómez, actual comisionado para la Paz del Gobierno y también oriundo de Medellín. Daniel Quintero anunció que procederá legalmente contra la decisión vía tutela y, si es el caso, irá hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que proteja sus derechos políticos y el de sus electores.
¿Procuradora participando en política?
Además de tildar la decisión de Margarita Cabello de desproporcionada, arbitraria e ilegal, la coalición izquierdista del Pacto Histórico aseguró que la suspensión a Quintero en sí es una forma de participación política de la funcionaria que perteneció al Gobierno de Iván Duque. "La procuradora viola la ley para favorecer al candidato de Duque", opinó el mismo Daniel Quintero.
La Procuradora viola la ley para favorecer al candidato de Duque.
— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 11, 2022
Esta tesis no es exclusiva del alcalde suspendido. "La sanción que saca del cargo al mandatario local de Medellín ocasiona un cisma a nivel nacional, donde los organismos de control son herramientas para que el actual gobierno sancione a quienes no comparten su proyecto político. Es clara la intervención en política por parte de la procuradora Cabello y la búsqueda de favorecer al candidato presidencial Federico Gutiérrez", señalaron en un comunicado la Alianza Democrática Amplia, la Fuerza de la Paz en Antioquia y el Polo Democrático, movimientos políticos simpatizantes a Gustavo Petro.
Hay quienes defienden la sanción de la procuradora, alegando que también suspendió a Andrés Fabián Hurtado, de Ibagué, por supuestamente favorecer a Federico Gutiérrez. Pero lo que argumentan desde la izquierda es que no es equiparable la posible participación política de Hurtado con la que estaría incurriendo el presidente Duque, quien en su posición como máximo jefe de Colombia puede mover más influencias a favor o en contra de alguien.
Daniel Quintero, el alcalde alternativo que le ganó al uribismo
Medellín es tierra del uribismo, sin embargo, desde la creación del movimiento, en 2002, ninguno de sus candidatos ha ganado la Alcaldía de la ciudad. Pese a esto, los mandatarios que han llegado al poder local han gobernado sin entrar en controversias con este movimiento político que, aunque no ha logrado los resultados electorales, tiene incidencia en la ciudadanía medellinense.
Desde la elección de Daniel Quintero esto cambió. El alcalde suspendido se dedicó a dividir la sociedad de Medellín entre uribistas y antiuribistas y señaló al movimiento que lidera el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) de ser el aliado del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), agremiación de empresarios que ha trabajado de la mano con las administraciones por el desarrollo de Medellín.
Para Quintero, el GEA es un cartel de empresarios que busca beneficiarse de los recursos públicos de la ciudad y quiso tapar responsabilidades de empresas antioqueñas sobre la tragedia de Hidroituango del 28 de abril de 2018. Los movimientos políticos locales y la misma ciudadanía ha sido defensora del empresariado de la ciudad, al relacionarlo con el crecimiento económico y social de Medellín.
Por eso, la pelea que casó Quintero con el GEA ha fracturado socialmente a la ciudad, entre quienes siguen la tesis del alcalde suspendido y entre quienes creen en la labor de las empresas de la ciudad y el departamento, donde se ubica el uribismo y otras organizaciones políticas como el Partido Conservador, Partido Liberal, Alianza Verde, entre otros.
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