Anteriormente, un representante de la sede de la operación para liberar la empresa dijo a Sputnik que los radicales ucranianos que se encuentran en Azovstal ofrecieron canjear a los civiles que están allí por alimentos y medicinas.
Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, informó que la ONU había registrado ocho casos de presuntas desapariciones forzadas de ciudadanos prorrusos en el territorio ucraniano controlado por Kiev.
El mandatario ruso anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.
Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.
Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.
Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la operación militar de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.
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