Investigación de magnicidio en Haití: de revés en revés

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Al juez Merlan Belabre, quien hasta finales de abril tenía a su cargo la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moise (2017-2021), se le venció el mandato sin recibir la renovación de las autoridades judiciales, con lo cual la pesquisa del magnicidio queda nuevamente en un punto muerto.

"Considerando que el mandato de juez de instrucción del ciudadano Merlan Belabre expirará el 25 de abril de 2022 tras el juramento prestado el jueves 25 de abril de 2019 (…) declaramos que no hay motivos para que el juez investigue este caso, y en consecuencia ordenamos la remisión del presente expediente al decano y a la Comisaría", escribió el magistrado en una correspondencia que luego se divulgó en redes sociales.

Concluía así la saga del cuarto magistrado que investigó el archivo desde el magnicidio ocurrido en la madrugada del 7 de julio y por el cual al menos 40 personas permanecen detenidas en la Penitenciaría Nacional, entre ellas 18 colombianos acusados de cometer el asesinato, aunque ninguno fue imputado aún.

A diferencia de sus tres predecesores, Belabre nunca tuvo acceso al expediente físico ni a los medios para la investigación, pese a que fue nombrado el 4 de marzo, luego que el decano del Tribunal de Primera Instancia, Bernand Saint Vil, despidiera al magistrado Garry Orélien por incumplir los plazos.

Con anterioridad, los jueces Mathieu Chanlatte y Chavannes Etienne abandonaron la pesquisa alegando razones personales y de seguridad.

Sin respuestas

Durante la madrugada del 7 de julio, Moise recibió 12 disparos en su residencia en Pelerin, un barrio acomodado de Puerto Príncipe, ante la pasiva mirada de la guardia de seguridad, y mientras al menos uno de sus hijos se encontraba en la vivienda.

Su esposa, Martine Étienne, recibió el impacto de ocho proyectiles en el brazo y la cadera. Según confirmó a la prensa, perdió la movilidad de su extremidad derecha.

En una singular persecución en la zona de Kenscoff durante la jornada fatídica, la Policía arrestó a los colombianos, junto a dos estadounidenses de origen haitiano, y poco después a uno de los presuntos cabecillas, el médico Enmanuel Sanon.

La familia de los mercenarios colombianos denunció el limbo jurídico, mientras aún permanecen sin abogados y supuestamente enfermos. Otros tres murieron en los enfrentamientos con la Policía el 7 de julio, y Mario Antonio Palacios fue arrestado en Jamaica y deportado para Estados Unidos donde se le acusa de participar en un complot para secuestrar o asesinar.

Palacios declaró que el plan original no era ultimar al presidente sino retenerlo y forzarlo al exilio, sin embargo, un día antes todo el equipo estaba al tanto de la orden de asesinato.

Washington blinda agencias

Además de Palacios, también fue deportado a Estados Unidos el empresario Rodolphe Jaar, apresado en la vecina República Dominicana, donde confesó que proporcionó armas y municiones a los colombianos. También intentó ayudarlos a esconderse en embajadas tras el magnicidio.

Washington también espera la extradición del exsenador John Joel Joseph, detenido en Jamaica por entrada ilegal a ese territorio, y quien es sospechoso de alquilar los vehículos que se usaron la noche del asesinato y organizar reuniones.

Pero el mayor giro de la investigación no es en Haití, sino en Estados Unidos, donde el Gobierno "obligó" a los fiscales federales en Miami a sellar pruebas confidenciales de actividades pasadas, trabajo encubierto, de exinformantes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), que estuvieran implicados en el asesinato, según los medios de prensa de ese país.

"Es una manera de blindar a sus agencias que pudieran tener conexiones con el asesinato", dijo a la Agencia Sputnik el analista polítco Frank Saint Jean, para quien será difícil conocer lo que sucedió en el asesinato.

"Uno de los sospechosos, Rodolphe Jaar, fue informante de la DEA, enseguida fue extraditado, y antes estuvo preso por tráfico de drogas, otro fue informante del FBI", recordó el también integrante de la Plataforma Haitiana para el Desarrollo Alternativo.

Con la parálisis de la investigación en Haití y la transformación del caso en un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, muchas voces cuestionan que realmente se resuelva el magnicidio, el quinto ocurrido en Haití desde su independencia en 1804.

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