La Audiencia Nacional de España avala enviar a juicio a exministro del Interior por espionaje

MADRID (Sputnik) — La Audiencia Nacional de España desestimó los recursos presentados contra el pase a procedimiento abreviado de la Operación Kitchen, confirmando así los indicios para enviar a juicio al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

"La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado todos los recursos de apelación […] y ha confirmado los indicios para juzgar a la excúpula del Ministerio del Interior", señala el órgano judicial en un comunicado.

Fernández es acusado del presunto espionaje parapolicial contra Luis Bárcenas, extersorero del Partido Popular, unos hechos ocurridos cuando el conservador Mariano Rajoy era presidente del Gobierno.

En 13 autos diferentes, la sala rechazó una serie de recursos tanto de la Fiscalía como de partidos políticos de izquierda que, entre otras cosas, pedían imputar en la causa a María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa de España y exsecretaria general del Partido Popular.

En concreto, la Fiscalía pedía imputar a la exministra de Defensa señalando que Cospedal mantuvo varias reuniones secretas con el excomisario José Villarejo, el cerebro de la operación parapolicial, lo que apuntaría a su posible implicación en el caso.

Sin embargo, la sala rechaza hacerlo porque los hechos apuntados por la Fiscalía "no son suficientes indicios de su participación" en la trama de espionaje. Los jueces también rechazaron la petición de las acusaciones de indagar la versión aportada por Villarejo, quien aseguró que daba cuenta de la operación ante el propio Mariano Rajoy, una afirmación que a ojos de la sala "carece de cualquier soporte indiciario".

Según las averiguaciones del juez instructor del caso, el Ministerio del Interior puso en marcha entre 2012 y 2013 una operación para sustraer a Luis Bárcenas documentos relacionados con la trama Gurtel, el caso de corrupción que creó el clima político previo a la moción de censura que hizo caer a Rajoy en 2018.

En concreto, la operación consistió en captar al chófer de Bárcenas, una persona de máxima confianza del entorno del extesorero, al que se le ofrecieron 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados del Estado y se le dio un trabajo en la Policía Nacional para comprar su voluntad.

A cambio, la labor del chófer era ayudar a sustraer cualquier documentación comprometedora contra el Partido Popular que Bárcenas tuviera en sus manos. Según la instrucción, el operativo consiguió su objetivo, sustrayendo documentos que Bárcenas escondía en el doble fondo de un armario en un local comercial utilizado por su esposa.

Los hechos, a juicio del instructor, podrían ser constitutivos de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

El juez instructor propuso juzgar por esta operación al exministro de Interior, a su número dos y nueve altos mandos policiales —entre ellos el comisario Villarejo—, que tras las últimas decisiones de la Audiencia Nacional se encuentran a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados.

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