'CatalanGate': el supuesto espionaje de España a independentistas catalanes

MOSCÚ (Sputnik) — Más de 60 políticos y dirigentes independentistas de Cataluña habrían sido espiados por el programa israelí Pegasus de acuerdo con la investigación de un grupo de expertos de ciberseguridad de la Universidad de Toronto.

"Entre las víctimas se encontraban diputados al Parlamento Europeo, presidentes de Cataluña, legisladores, juristas y miembros de organizaciones de la sociedad civil. Sus familiares también fueron infectados en algunos casos", afirma The Citizen Lab.

El caso que está indignando a los independentistas de Cataluña tiene un nombre, CatalanGate, y Bruselas ya ha reclamado a España una investigación sobre las conclusiones a las que llegaron estos expertos canadienses.

El espionaje habría afectado al menos a 65 políticos catalanes, entre ellos la máxima autoridad en la región, el presidente Pere Aragonès, su predecesor Quim Torra, y el expresidente huido a Bélgica Carles Puigdemont.

The Citizen Lab no atribuye una concreta autoría a la vigilancia informática, que se produjo entre 2017 y 2020, aunque sí apunta a "una fuerte evidencia circunstancial" que "sugiere un nexo" con el Gobierno de España.

'Software' espía Pegasus

El caso se remonta a 2020, cuando WhatsApp hizo público un ataque informático a 1.400 usuarios de todo el mundo, entre ellos figuras políticas y de la sociedad civil catalana, mediante el software Pegasus.

Se trata de un complejo programa espía que es solo accesible para gobiernos y permite obtener imágenes, grabaciones y llamadas de los teléfonos.

La investigación llevada a cabo por Citizen Lab revela que el hackeo a personas vinculadas al movimiento independentista fue mucho más allá de WhatsApp, llegando a los teléfonos de académicos, activistas, ONG, funcionarios, abogados, políticos y familiares cercanos de estos.

Fueron atacados por Pegasus y otro programa israelí, Candiru, los diputados catalanes en el Parlamento Europeo y su entorno, entidades sociales y fuerzas políticas partidarias de la independencia de Cataluña, y los más altos cargos del Gobierno y Parlamento de Cataluña.

Los ataques sucedieron en medio de las complicadas negociaciones entre el Gobierno de España y Cataluña para solucionar el conflicto político en la región.

El software entraba en los terminales a través de notificaciones y SMS maliciosos, o aprovechando fallos de seguridad de aplicaciones como WhatsApp.

Los mensajes trampa eran sofisticados, personalizados y estaban diseñados para engañar a los objetivos para que hicieran clic: por ejemplo, el enlace a la tarjeta de embarque de un vuelo cercano, notificaciones de Twitter o el seguimiento de entrega de un paquete.

Aunque Citizen Lab no señala directamente a un Gobierno en particular, sí que recoge en su informe que los objetivos y momentos de las infecciones eran de "evidente interés para el gobierno español".

Además, el uso de contenido cebo en los SMS sugiere "el acceso a la información personal de los objetivos, como los números de identificación del Gobierno español".

Los investigadores subrayan también que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España es cliente desde 2015 del Grupo NSO, la empresa israelí creadora de Pegasus.

El Gobierno se desmarca

Para Citizen Lab, la elevada cifra de víctimas de los ataques "plantea dudas sobre si se han cumplido los principios de necesidad y proporcionalidad", ya que muchas "no estaban acusadas de delitos graves, y la mayoría no eran ni delincuentes ni tampoco terroristas, las típicas justificaciones que emplean las empresas de vigilancia mercenarias para vender su software espía a un gobierno".

En rueda de prensa este19 de abril, la portavoz del Ejecutivo español, Isabel Rodríguez, afirmó que "el Gobierno no tiene nada que ocultar" y que "colaborará al máximo con la justicia" si los tribunales lo requieren.

"También les diré que el Gobierno no acepta que se ponga en cuestión la calidad democrática de nuestro país. Insisto: España es un estado democrático y de derecho donde se respetan escrupulosamente los derechos y las libertades individuales", manifestó la portavoz.

Por su parte, los dirigentes independentistas afectados anunciaron que emprenderán acciones legales y políticas para garantizar que la Justicia investigue el presunto espionaje por parte de España.

"Notificaremos el caso a las Naciones Unidas y al Consejo de Europa, y presentaremos una querella por espionaje masivo", afirmó en rueda de prensa desde Bruselas el expresidente catalán y eurodiputado Carles Puigdemont.

El presidente de Cataluña, Pere Aragonès, habló de una "auténtica operación de Estado contra representantes de instituciones democráticas" y advirtió que estas actuaciones "afectan y dañan la confianza en las relaciones políticas" con el Gobierno de España.

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