Campesinos paraguayos alertan que algunas proyectos de ley benefician a multinacionales

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Congreso de Paraguay analiza un proyecto de ley que es rechazado por completo por varias organizaciones sociales: castigaría con hasta seis años de prisión a todo aquel que como medida de protesta cierre las rutas del país.

Ante esta situación, campesinos paraguayos denuncian que algunos parlamentarios proponen proyectos de ley que favorecen a las multinacionales y al crimen organizado.

Los campesinos no solo ponen de ejemplo la propuesta que busca apresar a aquel que cierre rutas, sino también la que se aprobó el año pasado referida al desalojo de campesinos e indígenas por ocupar tierras.

"Esas dos leyes se relacionan entre sí. Para nosotros toda la iniciativa parlamentaria siempre tiene relación con intereses de grupos económicos del crimen organizado o empresas multinacionales que tienen en sus poderes las tierras mal habidas. Estas dos leyes benefician a las multinacionales y al crimen organizado", dijo a la Agencia Sputnik Jorge Galeano, dirigente de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI).

El senador Enrique Riera, del gobernante Partido Colorado (derecha), adelantó que pedirá que el proyecto que eleva a seis años de pena privativa de libertad a quienes cierren rutas sea tratado en la próxima sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, que será este 21 de abril.

Riera explicó que el objetivo es establecer una pena para los casos de cierres de ruta, ya que el mismo no se contempla en el actual Código Penal Paraguayo.

Por otro lado, el 30 de septiembre, el presidente Mario Abdo Benitez promulgó, en menos de 24 horas, una ley que define como delito la ocupación ilegal de tierras privadas.

Con la aprobación de la nueva normativa se elevó a seis años de cárcel la sanción por ese delito y hasta 10 en caso de daños al patrimonio o inmuebles.

Galeano afirmó que con estas dos leyes se busca brindar las tierras, de las que fueron desalojados los indígenas y campesinos, a las multinacionales y al crimen organizado, el cual tiene una "presión muy fuerte en el país".

Además, dijo que con la iniciativa que se está tratando en estos momentos en el Congreso se busca que ni los transportistas ni indígenas ni campesinos ni otros sectores puedan salir a movilizarse en reclamo de los desalojos.

Crimen organizado

Galeano consideró que el crimen organizado y las multinacionales coordinan las acciones con los parlamentarios.

"No los presentan sin antes articular decisiones con los tres poderes del Estado. El otro proyecto que criminaliza las ocupaciones de tierras fue articulado por los tres poderes del Estado y por eso fue rápidamente ejecutado. Los tres poderes son presos del crimen organizado, hecho que se ha demostrado y que en este caso busca atropellar la Constitución", agregó.

Las multinacionales y el crimen organizado tienen poderes económicos "fuertísimos [sic] que controlan a varios miembros del Estado", denunció.

"El crimen organizado está camuflado con las autoridades. Hay que recordar que el propio exministro del Interior está fuera del poder por haber estado comprometido con el crimen organizado", agregó.

A fines de febrero, el presidente Mario Abdo Benítez destituyó al entonces ministro del Interior, Arnarldo Giuzzio, por sus supuestos vínculos con el narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.

Marques de Padua es considerado por las autoridades brasileñas como uno de los narcotraficantes más grandes de ese país.

Fue detenido en Foz de Iguazú (suroeste de Brasil) durante una operación multinacional llamada Turf.

El Operativo Turf tomó otro significativo giro cuando se filtró a la prensa algunas fotografías que supuestamente vinculan a Giuzzio con el narcotraficante.

El doctor en criminología e investigador de la Universidad Nacional del Pilar, Juan Martens, dijo a la Agencia Sputnik el 22 de febrero que el narcotráfico está en todos los poderes del Estado paraguayo.

"Criminalización de la protesta"

Galeano y Nery Pereira, integrante del gremio de Transportistas y Afines del Departamento Central y Cordillera, denunciaron, en diálogo con la Agencia Sputnik, que con ambos proyectos se intenta "criminalizar la protesta social".

"El proyecto está en el parlamento. Criminaliza las protestas porque no le conviene al sector empresarial privado que nosotros nos manifestemos, ellos con esa ley pueden encarcelarnos por seis años de prisión", expresó Pereira.

Por su parte, Galeano afirmó que este proyecto implica un "grave retroceso" para Paraguay, ya que al ser un país con muchas "desigualdades" y con "ausencia de políticas públicas", la única herramienta de la sociedad para reclamar y denunciar es la movilización.

"Nosotros vamos a presentar algunas objeciones desde el inicio ante el congreso y vamos a ver la posibilidad de realizar movilizaciones con organizaciones indígenas", agregó.

El 2 de diciembre, el expresidente Fernando Lugo (2008-2012) dijo a la Agencia Sputnik que el "latifundio de los sojeros" está desalojando "violentamente" a los indígenas de sus tierras ancestrales y a campesinos en Paraguay.

Un mes antes, distintos líderes campesinos denunciaron, en diálogo con Sputnik, que Paraguay pretende desalojar a 700.000 personas.

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