Altos funcionarios mexicanos sancionados por promover apoyo al presidente ante referéndum
Altos funcionarios mexicanos sancionados por promover apoyo al presidente ante referéndum
Sputnik Mundo
CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Instituto Nacional Electoral (INE) de México emitió "medidas cautelares" de advertencia al secretario de Gobernación, Adán... 07.04.2022, Sputnik Mundo
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó "medidas cautelares y una tutela preventiva recordándoles que deben apegarse a sus deberes constitucionales de imparcialidad y neutralidad, y que tienen prohibido intervenir y promover el referéndum de revocación de mandato" al que se someterá el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo 10 de abril, por iniciativa propia y del oficialismo, que reunió las firmas requeridas para solicitar la consulta en las urnas.La advertencia de la autoridad fue emitida además contra senadores, gobernadores, y el presidente del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, que asistieron a los actos públicos propagandísticos denunciados por partidos de oposición, que consideran el referéndum un "acto de "promoción personal innecesario".Los funcionarios fueron apercibidos por la autoridad electoral por promover el ejercicio de la revocación de mandato durante el fin de semana pasado en los estados de Sonora (noroeste) y Veracruz (sureste) utilizando presuntamente recursos públicos, vehículos y hasta una aeronave militar al mando del comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio.El consejero del INE Ciro Murayama dijo que la reiteración de faltas en distintas entidades configura "una situación que no recuerdo que tuviera antecedente en la vida democrática del país, que es la participación en eventos políticos de las cabezas de las Fuerzas Armadas, incluso en uniforme de servicio".Dictamen del INEEn los actos participaron activistas de la organización "Que siga la democracia", integrada por simpatizantes de López Obrador que acudieron al llamado del mandatario para recoger las firmas necesarias en el primer referéndum de este tipo en el país, tras una reforma constitucional aprobada en 2019, por iniciativa de Morena.A los actos ampliamente difundidos por los medios de comunicación y redes sociales acudieron funcionarios públicos locales y militantes del partido.La Comisión de Quejas del INE dictaminó que "los funcionarios públicos no pueden difundir el referéndum, pues la Constitución así lo establece".La semana pasada, el Tribunal Electoral federal también invalidó un decreto aprobado por mayoría simple (la mitad más uno) de los legisladores de Morena en el Congreso, que interpretaba lo que son actos de propaganda política de funcionarios públicos en funciones durante una veda de proselitismo político.Por su parte, la Suprema Corte de Justicia excluyó a los partidos de las actividades de promoción del evento electoral, porque su petición y promoción debe ser una iniciativa de ciudadanos que consideren que hay una "pérdida de confianza" en el gobernante.La oposición denuncia que funcionarios de Gobierno y Morena han convertido el evento comicial en una "campaña de ratificación del mandato" de López Obrador.Durante los actos proselitistas, realizados en plena prohibición de propaganda política, los funcionarios habrían usado además recursos públicos.El INE ordena a los funcionarios que "en todo momento ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales recalcándoles por una parte, la prohibición de difundir mensajes de apoyo al Ejecutivo federal".El dictamen otorga un plazo máximo de tres horas, una vez que sean notificados los funcionarios, para que eliminen diversos mensajes en sus redes sociales con lo que promovieron votar en la consulta ciudadana.El presidente goza de alrededor de 60% de respaldo en el promedio de encuestas de opinión, y para que el resultado del referéndum sea vinculante la ley requiere la participación de 40% del electorado.Firmas encuestadoras estiman que la participación no será copiosa, por el desinterés y novedad del evento, y apenas rondaría el 10 o 12% de los electores convocados.
CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Instituto Nacional Electoral (INE) de México emitió "medidas cautelares" de advertencia al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y diez ministros del Ejecutivo federal por realizar actos proselitistas durante la veda de propaganda electoral, a pocos días de un referéndum revocatorio de mandato presidencial.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó "medidas cautelares y una tutela preventiva recordándoles que deben apegarse a sus deberes constitucionales de imparcialidad y neutralidad, y que tienen prohibido intervenir y promover el referéndum de revocación de mandato" al que se someterá el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo 10 de abril, por iniciativa propia y del oficialismo, que reunió las firmas requeridas para solicitar la consulta en las urnas.
La advertencia de la autoridad fue emitida además contra senadores, gobernadores, y el presidente del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, que asistieron a los actos públicos propagandísticos denunciados por partidos de oposición, que consideran el referéndum un "acto de "promoción personal innecesario".
Los funcionarios fueron apercibidos por la autoridad electoral por promover el ejercicio de la revocación de mandato durante el fin de semana pasado en los estados de Sonora (noroeste) y Veracruz (sureste) utilizando presuntamente recursos públicos, vehículos y hasta una aeronave militar al mando del comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio.
El consejero del INE Ciro Murayama dijo que la reiteración de faltas en distintas entidades configura "una situación que no recuerdo que tuviera antecedente en la vida democrática del país, que es la participación en eventos políticos de las cabezas de las Fuerzas Armadas, incluso en uniforme de servicio".
Dictamen del INE
En los actos participaron activistas de la organización "Que siga la democracia", integrada por simpatizantes de López Obrador que acudieron al llamado del mandatario para recoger las firmas necesarias en el primer referéndum de este tipo en el país, tras una reforma constitucional aprobada en 2019, por iniciativa de Morena.
A los actos ampliamente difundidos por los medios de comunicación y redes sociales acudieron funcionarios públicos locales y militantes del partido.
La Comisión de Quejas del INE dictaminó que "los funcionarios públicos no pueden difundir el referéndum, pues la Constitución así lo establece".
La semana pasada, el Tribunal Electoral federal también invalidó un decreto aprobado por mayoría simple (la mitad más uno) de los legisladores de Morena en el Congreso, que interpretaba lo que son actos de propaganda política de funcionarios públicos en funciones durante una veda de proselitismo político.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia excluyó a los partidos de las actividades de promoción del evento electoral, porque su petición y promoción debe ser una iniciativa de ciudadanos que consideren que hay una "pérdida de confianza" en el gobernante.
La oposición denuncia que funcionarios de Gobierno y Morena han convertido el evento comicial en una "campaña de ratificación del mandato" de López Obrador.
Durante los actos proselitistas, realizados en plena prohibición de propaganda política, los funcionarios habrían usado además recursos públicos.
El INE ordena a los funcionarios que "en todo momento ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales recalcándoles por una parte, la prohibición de difundir mensajes de apoyo al Ejecutivo federal".
El dictamen otorga un plazo máximo de tres horas, una vez que sean notificados los funcionarios, para que eliminen diversos mensajes en sus redes sociales con lo que promovieron votar en la consulta ciudadana.
El presidente goza de alrededor de 60% de respaldo en el promedio de encuestas de opinión, y para que el resultado del referéndum sea vinculante la ley requiere la participación de 40% del electorado.
Firmas encuestadoras estiman que la participación no será copiosa, por el desinterés y novedad del evento, y apenas rondaría el 10 o 12% de los electores convocados.
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