SAN SALVADOR (Sputnik) — Un pequeña tormenta sacude la vida política de Puerto Rico, donde el aborto es legal desde 1974, pero una iniciativa de ley a debate... 06.04.2022, Sputnik Mundo
El Proyecto del Senado 693 que impulsa la aprobación de la "Ley para la Protección del Concebido en su Etapa Gestacional de Viabilidad", fue aprobado el 29 de marzo en una votación interna de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, la cual le concedió 10 votos a favor, con tres en contra.La pieza jurídica establece un límite de 22 semanas como el punto en que ya el feto es "viable" y determina como política pública la prohibición a un facultativo de realizar un aborto de ese punto en adelante.Los principales propulsores del proyecto son el presidente de ese órgano parlamentario, José Luis Dalmau, y la senadora Joanne Rodríguez Veve, portavoz del conservador Proyecto Dignidad (partido de derecha).Dalmau consideró en medio de un duro intercambio con periodistas que "después de cinco semanas y media de estar formada la criatura con viabilidad para estar viva, hacer lo contrario es matarla, es asesinato".Puja políticaEl lunes 4 de abril el proyecto fue devuelto a comisión para realizar vistas públicas y se le encargó también a una segunda instancia del mismo tipo (Comisión de Asuntos de la Mujer).En la celebración de esa consulta se da por descontado que la iniciativa cuente con la oposición de los departamentos (con rangos de ministerios) de Justicia y Salud.El calificativo de "asesinato" endosado por Dalmau a la interrupción, pudiera costarle el liderato en el partido oficialista y en el propio Senado, consideró en un extenso artículo el diario Noticel.En medio del debate político tuvo lugar un rifirrafe entre Rodríguez Veve y el Departamento de Justicia, luego que la senadora consideró como aval al boceto el silencio inicial del órgano de gobierno, cuestión refutada por el secretario de la entidad, Domingo Emanuelli Hernández.El martes 5 de abril la asesora de Dalmau para asuntos federales, Ivonne Lozada, denunció en las redes sociales que fue despedida del cargo por ejercer su derecho de expresión, tras abogar por el derecho reproductivo de la mujer.Planned Parenthood vs. CaseyEl aborto es legal en Puerto Rico desde 1974 tras la decisión del Tribunal Supremo en el recordado caso de Roe vs. Wade.Seis años más tarde el propio órgano superior de justicia sentó las bases legales del aborto en la Isla del Encanto con su resolución en el caso Pueblo vs. Mendoza.Como dependencia territorial de Estados Unidos, en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico el estado de derecho en materia de aborto está al amparo de la resolución del Tribunal Supremo norteamericano en el caso Planned Parenthood vs. Casey, de 1992.Según esa herramienta jurídica el Estado puede regular el aborto mediante legislación previo a que el feto sea viable fuera del vientre materno.Siempre y cuando esta reglamentación no cree un obstáculo sustancial al ejercicio del citado derecho.Pero una vez que el feto es viable fuera del vientre materno, deja de aplicar tal estándar y el Estado tiene el derecho de legislar para prohibir el aborto.Especifica que tal circunstancia resulta aplicable siempre y cuando no exista una condición de salud en la madre que ponga en riesgo real su vida de no practicarse la interrupción del embarazo.En octubre de 2021 durante vistas públicas celebradas ante la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado, la doctora Yari Vale testificó ante la que en su clínica se llevan a cabo abortos de bebés viables en etapas de gestación de 23 a 24 semanas, a razón de cuatro o cinco al mes.Admitió también que en Puerto Rico se llevaban a cabo abortos sin límite en cuanto a etapa de gestación se refiere.Oposición al proyectoLa senadora María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP, izquierda) destaca entre quienes llevan la voz cantante contra el proyecto.Argumentó que la mejor política en este escabroso terreno sería evitar los embarazos no deseados con educación sexual, con acceso pleno a la salud reproductiva y a métodos anticonceptivos.La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) explicó su oposición al proyecto por considerar que se trata de una medida inconstitucional disfrazada de salubrista.Agregó que, de aprobarse, la legislación pudiera conllevar a la persecución de los médicos y con ello reducir la disponibilidad del personal de profesionales de la salud que estén dispuestos a asistir a las mujeres a ejercer sus derechos reproductivos de forma segura.Paradójicamente la pieza legislativa divide hasta las mismas filas del Partido Popular Democrático (PPD, centro), autor de la iniciativa, desde cuyo seno levantaron sus voces en contra tres exgobernadores de Puerto Rico: Alejandro García Padilla, Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá.
SAN SALVADOR (Sputnik) — Un pequeña tormenta sacude la vida política de Puerto Rico, donde el aborto es legal desde 1974, pero una iniciativa de ley a debate en el Senado pretende restringir la interrupción del embarazo cuando se cumplan las 22 semanas de la gestación.
El Proyecto del Senado 693 que impulsa la aprobación de la "Ley para la Protección del Concebido en su Etapa Gestacional de Viabilidad", fue aprobado el 29 de marzo en una votación interna de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, la cual le concedió 10 votos a favor, con tres en contra.
La pieza jurídica establece un límite de 22 semanas como el punto en que ya el feto es "viable" y determina como política pública la prohibición a un facultativo de realizar un aborto de ese punto en adelante.
Los principales propulsores del proyecto son el presidente de ese órgano parlamentario, José Luis Dalmau, y la senadora Joanne Rodríguez Veve, portavoz del conservador Proyecto Dignidad (partido de derecha).
Dalmau consideró en medio de un duro intercambio con periodistas que "después de cinco semanas y media de estar formada la criatura con viabilidad para estar viva, hacer lo contrario es matarla, es asesinato".
El lunes 4 de abril el proyecto fue devuelto a comisión para realizar vistas públicas y se le encargó también a una segunda instancia del mismo tipo (Comisión de Asuntos de la Mujer).
En la celebración de esa consulta se da por descontado que la iniciativa cuente con la oposición de los departamentos (con rangos de ministerios) de Justicia y Salud.
El calificativo de "asesinato" endosado por Dalmau a la interrupción, pudiera costarle el liderato en el partido oficialista y en el propio Senado, consideró en un extenso artículo el diario Noticel.
En medio del debate político tuvo lugar un rifirrafe entre Rodríguez Veve y el Departamento de Justicia, luego que la senadora consideró como aval al boceto el silencio inicial del órgano de gobierno, cuestión refutada por el secretario de la entidad, Domingo Emanuelli Hernández.
El martes 5 de abril la asesora de Dalmau para asuntos federales, Ivonne Lozada, denunció en las redes sociales que fue despedida del cargo por ejercer su derecho de expresión, tras abogar por el derecho reproductivo de la mujer.
El aborto es legal en Puerto Rico desde 1974 tras la decisión del Tribunal Supremo en el recordado caso de Roe vs. Wade.
Seis años más tarde el propio órgano superior de justicia sentó las bases legales del aborto en la Isla del Encanto con su resolución en el caso Pueblo vs. Mendoza.
Como dependencia territorial de Estados Unidos, en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico el estado de derecho en materia de aborto está al amparo de la resolución del Tribunal Supremo norteamericano en el caso Planned Parenthood vs. Casey, de 1992.
Según esa herramienta jurídica el Estado puede regular el aborto mediante legislación previo a que el feto sea viable fuera del vientre materno.
Siempre y cuando esta reglamentación no cree un obstáculo sustancial al ejercicio del citado derecho.
Pero una vez que el feto es viable fuera del vientre materno, deja de aplicar tal estándar y el Estado tiene el derecho de legislar para prohibir el aborto.
Especifica que tal circunstancia resulta aplicable siempre y cuando no exista una condición de salud en la madre que ponga en riesgo real su vida de no practicarse la interrupción del embarazo.
En octubre de 2021 durante vistas públicas celebradas ante la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado, la doctora Yari Vale testificó ante la que en su clínica se llevan a cabo abortos de bebés viables en etapas de gestación de 23 a 24 semanas, a razón de cuatro o cinco al mes.
Admitió también que en Puerto Rico se llevaban a cabo abortos sin límite en cuanto a etapa de gestación se refiere.
Oposición al proyecto
La senadora María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP, izquierda) destaca entre quienes llevan la voz cantante contra el proyecto.
"La idea de continuar criminalizando (…) el aborto es muy peligrosa y como se ha demostrado en otras jurisdicciones o en tiempos pasados solamente va a llevar al aumento en terminaciones hechas de formas clandestinas", dijo la parlamentaria.
Argumentó que la mejor política en este escabroso terreno sería evitar los embarazos no deseados con educación sexual, con acceso pleno a la salud reproductiva y a métodos anticonceptivos.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) explicó su oposición al proyecto por considerar que se trata de una medida inconstitucional disfrazada de salubrista.
"Nuestra legislatura le quiere hacer creer al pueblo de Puerto Rico que el Tribunal Supremo de Estados Unidos les ha dado la potestad de restringir el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo", abundó la organización.
Agregó que, de aprobarse, la legislación pudiera conllevar a la persecución de los médicos y con ello reducir la disponibilidad del personal de profesionales de la salud que estén dispuestos a asistir a las mujeres a ejercer sus derechos reproductivos de forma segura.
Paradójicamente la pieza legislativa divide hasta las mismas filas del Partido Popular Democrático (PPD, centro), autor de la iniciativa, desde cuyo seno levantaron sus voces en contra tres exgobernadores de Puerto Rico: Alejandro García Padilla, Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá.
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