La minería en aguas profundas enfrenta al Gobierno de México con una empresa de EEUU

Desde hace al menos cuatro años el Gobierno de México se encuentra en una dura batalla legal contra la empresa estadounidense Odysey Marine Exploration, la cual busca iniciar actividades de minería submarina para extraer fosfato en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur.

En su reporte financiero publicado el 31 de marzo de 2022, Odysey refiere que actualmente mantiene un proceso de arbitraje internacional por supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, hoy T-MEC), por lo cual piden a México una indemnización de más de 3.500 millones de dólares.

El proyecto denominado "Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego" pretendía extraer fosforita de aguas nacionales todos los días, durante 24 horas, con un permiso con vigencia de 50 años y que abarca más de 90.000 hectáreas de tierras submarinas.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), esta actividad "podría haber generado graves impactos ambientales negativos, sinérgicos y acumulativos sobre la fauna y el hábitat de especies que se encuentran en peligro de extinción".

Pese a ello, Odysey Marine Exploration cabildeó desde el 2015 para conseguir la concesión con apoyo del empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México y actualmente preso por la venta a sobreprecio de la fábrica de fertilizantes Agronitrogenados, según consta en documentos enviados por la empresa a la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU.

Historia del litigio

En entrevista para Sputnik, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, asegura que representantes de Odysey intentaron sobornar a los pobladores y pescadores de la zona para conseguir su apoyo y hace presión, a pesar de que ellos se pronunciaron en contra desde que se enteraron.

"Hay testimonios de los mismos pobladores que les ofrecieron dinero para apoyar el proyecto […] La empresa se fue por ese lado de mover influencias y comprar opiniones, pero no fue suficiente, pero finalmente la SEMARNAT rechazó el proyecto porque realmente no iba a dejar ningún beneficio", afirma Olivera.

Luego de la primera negativa del Gobierno de México obtenida en abril de 2016, la empresa estadounidense nuevamente impulsó el proyecto Don Diego a través de su filial en México Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V., pero sin éxito.

Sobre rechazo al proyecto de minería submarina Don Diego contribuyeron con su opinión los Centros de Inv. Biológicas del Noroeste e Interdisciplinario de Ciencias Marinas; @IEcologiaUNAM, https://t.co/jJG31doOm9, @UABCSoficial entre otras org. https://t.co/wMUYrV3mvx. ⭐️⭐️⭐️

— SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) October 18, 2018

El 12 de octubre de 2018, mediante el oficio SGPA/DGIRA/DG/07852 de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, se reiteró la negativa al proyecto con estudios y procedimientos de evaluación de impacto ambiental apoyadas por instituciones federales, estatales y locales, como respuesta a un juicio de nulidad promovido por Odysey ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Fue así como Odysey inició un proceso de arbitraje internacional alegando un daño a sus inversiones con base en el Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por el cual exige una indemnización de 2.600 millones de dólares, más intereses de 14% anual y el costo de los peritajes realizados, lo que da un total de más de 3.500 millones de dólares.

"El gobierno mexicano no tiene por qué pagar cuando tuvo todas las pruebas para negar la autorización de este proyecto por el impacto ambiental", reitera Olivera.

Según la actualización del último informe financiero de Odysey, la más reciente audiencia sobre este procedimiento de arbitraje se realizó en enero de 2022 y aún se esperan los resultados del análisis de los argumentos presentados por ambas partes ante el tribunal del TLCAN.

El daño ambiental viajaría kilómetros

El daño ambiental derivado de la filtración de sustancias subterráneas en los mares mexicanos, lo que a su vez afectaría a la fauna y los pescadores de la zona, es tan sólo una de las consecuencias que traería consigo la minería submarina.

Las constantes vibraciones de las máquinas perforadoras también afectarían las rutas de migración de especies como la ballena gris, la jorobada y el cachalote, y traerá consecuencias para, al menos, tres especias de delfines (tornillo, listado y de riso); nueve de aves; cuatro de tortugas (entre ellas la amarilla que viaja desde Japón para desovar en el Golfo de Ulloa); la orca, y el lobo marino de California.

En las muestras de suelo se encontraron hasta elementos radioactivos. En estos momentos están inertes, pero al momento de remover el sedimento éste puede viajar varios kilómetros de distancia y depositarse en otros organismos o zonas de corales", advierte el activista.

Pese a los efectos de esta actividad, aún existen proyectos para impulsarla, incluso apoyados por la Unión Europea, cuya Comisión en 2020, a través de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, lanzó una consulta pública sobre la minería en aguas submarinas.

"Hay actualmente una discusión a nivel internacional para empezar a dragar, iniciar minería submarina en aguas internacionales esto con base en la convención del mar que depende de Naciones Unidas con base en una cláusula que si no se limita se da una positiva ficta y se podría iniciar actividades de dragado en los próximos dos años", advierte Alejandro Olivera.