La ministra de Ecuador pide inconstitucionalidad de amnistías otorgadas por parlamento

QUITO (Sputnik) — La ministra de Gobierno de Ecuador, Alexandra Vela, entregó en la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución de la Asamblea Nacional (parlamento) que aprobó amnistías para 268 personas.

"No puede [la Asamblea], ni la justicia, darle el mismo trato a quien es parte de una movilización social pacífica, frente a aquellos que ocasionan disturbios, cometen delitos y atacan y agreden a una ciudad", dijo la ministra tras entregar el pedido.

Tras una maratónica sesión, en la madrugada del 10 de marzo, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó las amnistías, en paquete, lo que levantó una serie de quejas en el país, sobre todo en su capital, Quito.

Entre quienes consiguieron la amnistía están el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza; el expresidente de esa organización Jaime Vargas; la prefecta de la provincia de Pichincha (norte), Paola Pabón, el parlamentario andino Virgilio Hernández, entre otros.

Pabón y Hernández pertenecen al movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Según la Asamblea, de las 268 personas amnistiadas, 60 pertenecen a casos de personas judicializadas por las protestas de octubre de 2019, 153 son defensores de los territorios comunitarios, 12 fueron encausados por administración de justicia indígena y 43 son defensores de la naturaleza.

"Una amnistía tiene que ser el resultado de un análisis pormenorizado (…) En este caso, en el propósito de incluir la protesta social y la resistencia social en los hechos de octubre de 2019, han tratado de colocar en esta amnistía a personas que han incurrido en delitos que son comunes, que están expresamente excluidos por la Constitución en el otorgamiento de una amnistía", destacó Vela.

En octubre de 2019, diversos grupos sociales, liderados por la Conaie, mantuvieron 12 días de protesta contra la decisión del Ejecutivo de eliminar los subsidios a los combustibles, medida que finalmente tuvo que ser derogada para terminar con las protestas.

Esas jornadas de protesta dejaron 10 personas fallecidas y millonarias pérdidas económicas, mientras que se registraron una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación.

Vela sostuvo que en un Estado de derecho no puede existir impunidad, y que las amnistías decididas por la Asamblea dejan intactos delitos cometidos contra Quito y el país en 2019.

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