Referéndum en Uruguay: ¿triunfo pírrico del Gobierno?

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno de Uruguay logró mantener la vigencia de todos los artículos de una polémica "ley ómnibus" que ha tomado como bandera y que fue sometida a un referéndum. Pero la consulta popular parece haberle causado cierto desgaste a la administración de Luis Lacalle Pou y dejó en evidencia a un país fraccionado.

Eso sostiene el senador Daniel Caggiani, del opositor Frente Amplio (izquierda), quien en diálogo con Sputnik subrayó que los votos a favor de ratificar la ley impulsada por el oficialismo, aunque superaron a los partidarios de su derogación, no llegaron a una mayoría absoluta, "lo cual es una señal de desgaste y debilidad del propio Gobierno que vio esta instancia electoral como un plebiscito hacia su gestión".

El referéndum del 27 de marzo proponía modificar 135 de los nada menos que 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), una promesa de campaña de Lacalle Pou con cambios normativos en las áreas que su Partido Nacional (centroderecha) fue más crítico a la anterior administración del Frente Amplio: educación, seguridad, huelga, inclusión financiera, etcétera.

La consulta fue promovida por el Frente Amplio y la central sindical única PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores — Convención Nacional de Trabajadores), alegando que la aprobación de la norma, en julio de 2020, fue expeditiva y no permitió el debido debate político y social, considerando la amplísima gama de temas que aborda.

La opción por el Sí a la derogación obtuvo 48,82% de los votos el 27 de marzo, mientras que la alternativa del No se quedó con 49,86% de los sufragios.

De esta manera, la iniciativa opositora fracasó, ya que según el reglamento electoral necesitaba un apoyo de la mitad más uno de los votos válidos.

País en dos

No obstante, Caggiani señaló que el resultado "fue muy parejo" y dejó a la vista "una foto de un Uruguay dividido" en franjas políticas y socioeconómicas, ya que considera que la LUC favorece a los sectores más potentados en perjuicio de los más débiles.

De todas formas, el legislador opinó que la campaña contra la LUC fue de gran aprendizaje para la izquierda, porque le permitió acercarse aun más a la ciudadanía y ahora podrá reposionarse como "alternativa de Gobierno y pensar en competir en [las elecciones generales] de 2024 con otra sintonía".

El Frente Amplio perdió los comicios de 2019 —tras estar 15 años en el poder— ante una coalición, denominada "multicolor", encabezada por el Partido Nacional de Lacalle Pou e integrada además por el Partido Colorado (centroderecha), Cabildo Abierto (derecha), el Partido Independiente (centro) y el Partido de la Gente (derecha).

El referéndum suponía una gran prueba de fuego para la administración de Lacalle Pou, pero a su vez servía de muestra de fuerza de la izquierda de cara a las próximas elecciones.

Puntos polémicos

Las disposiciones que el Frente Amplio y el PIT-CNT buscaban derogar de la LUC se referían, por ejemplo, a la prohibición de piquetes en el marco de reclamos sindicales.

La oposición advertía que esa limitación afecta el derecho de huelga, mientras el Gobierno insistía en que la norma procura velar también por la libre circulación y el derecho de los trabajadores a acudir a su lugar de labores.

En el área de seguridad ciudadana, se llamaba a derogar disposiciones que amplían los conceptos de legítima defensa, resistencia al arresto y agravio a la autoridad policial, así como las que alargan de 2 a 4 horas el plazo que tiene la policía para informar a la fiscalía una detención y le dan potestades a policías y militares para el registro de personas y autos en procedimientos preventivos.

Mientras la oposición advierte que estos cambios pueden derivar en abuso policial, la administración de Lacalle Pou señala que le proveen de más herramientas a las fuerzas de seguridad para un trabajo efectivo.

Asimismo, se pretendían dejar sin efecto algunas modificaciones que hizo la LUC al estatuto de la educación, que eliminan la participación docente en los consejos de dirección y redefinen la obligatoriedad de la enseñanza, así como las referidas a los alquileres sin garantía, que reducen los plazos de desalojo.

Lacalle Pou, en conferencia de prensa la noche del 27 de marzo, señaló que el resultado en las urnas demostró que la polémica en torno a la ley era una "etapa superada" y que representaba la validación ciudadana a todos sus artículos.

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