Uruguayos deciden si derogan parte de polémica ley ómnibus del Gobierno
Uruguayos deciden si derogan parte de polémica ley ómnibus del Gobierno
Sputnik Mundo
MONTEVIDEO (Sputnik) — Unos 2,6 millones de uruguayos están convocados a las urnas este 27 de marzo en un referéndum que propone derogar 135 de los 476... 26.03.2022, Sputnik Mundo
La Ley de Urgente Consideración (LUC) fue aprobada en julio de 2020 en el Parlamento, y es una promesa de campaña del mandatario con cambios normativos en las áreas que su Partido Nacional (centroderecha) fue más crítico a la anterior administración del Frente Amplio (centroizquierda): educación, seguridad, huelga, inclusión financiera, etcétera.El oficialismo obtuvo los votos necesarios para la sanción gracias al apoyo de sus socios en la coalición gobernante, denominada "multicolor": el Partido Colorado (centroderecha), Cabildo Abierto (derecha), el Partido Independiente (centro) y el Partido de la Gente (derecha).Algunos artículos fueron de hecho también votados por el Frente Amplio, pero esa fuerza política luego entendió que el tratamiento de la ley fue demasiado expeditivo y careció de las consultas necesarias con los sectores involucrados, considerando la amplia gama de tópicos que aborda.Por su parte, la central sindical única PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores) se expresó en contra del mecanismo de la urgente consideración, considerándolo antidemocrático por limitar el debate político y social.La oposición, entonces, inició una campaña de recolección de firmas para accionar el referéndum, advirtiendo efectos perjudiciales de, concretamente, 135 artículos.La Corte Electoral validó en diciembre de 2021 las rúbricas presentadas, habilitando así la consulta popular para este 27 de marzo.Artículos cuestionadosLas disposiciones que el Frente Amplio y el PIT-CNT buscan derogar de la LUC se refieren, por ejemplo, a la prohibición de piquetes en el marco de reclamos sindicales. La oposición advierte que esa limitación afecta el derecho de huelga, mientras el Gobierno insiste en que la norma procura velar también por la libre circulación y el derecho de los trabajadores a acudir a su lugar de labores.En el área de seguridad ciudadana, se propone derogar disposiciones que amplían los conceptos de legítima defensa, resistencia al arresto y agravio a la autoridad policial, así como las que alargan de 2 a 4 horas el plazo que tiene la policía para informar a la fiscalía una detención y le dan potestades a policías y militares para el registro de personas y autos en procedimientos preventivos.Mientras la oposición advierte que estos cambios pueden derivar en abuso policial, la administración de Lacalle Pou señala que le proveen de más herramientas a las fuerzas de seguridad para un trabajo efectivo.Asimismo, se pretenden dejar sin efecto algunas modificaciones que hizo la LUC al estatuto de la educación, que eliminan la participación docente en los consejos de dirección y redefinen la obligatoriedad de la enseñanza, así como las referidas a los alquileres sin garantía, que reducen los plazos de desalojo.A las urnasEl voto en el referéndum es obligatorio y consistirá en elegir entre las opciones del Sí a la derogación, con papeleta rosada, y la del No, con papeleta celeste.Para que se apruebe la propuesta de derogación, esta deberá contar con más de la mitad de los votos válidos en los poco más de 7.000 circuitos habilitados en todo el territorio.El sufragio se realizará este 27 de marzo entre las 8.00 hora local (11.00 GMT) y las 19.30 (22.30), con un margen de tolerancia de una hora más para los votantes que aún estén haciendo fila dentro del circuito.El referéndum representa la gran prueba de fuego para el Gobierno de Lacalle Pou, así como una evaluación de fuerza para las aspiraciones del Frente Amplio de cara a las presidenciales de 2024.
MONTEVIDEO (Sputnik) — Unos 2,6 millones de uruguayos están convocados a las urnas este 27 de marzo en un referéndum que propone derogar 135 de los 476 artículos de una norma impulsada por el Gobierno de Luis Lacalle Pou que regula una amplísima variedad de temas.
La Ley de Urgente Consideración (LUC) fue aprobada en julio de 2020 en el Parlamento, y es una promesa de campaña del mandatario con cambios normativos en las áreas que su Partido Nacional (centroderecha) fue más crítico a la anterior administración del Frente Amplio (centroizquierda): educación, seguridad, huelga, inclusión financiera, etcétera.
El oficialismo obtuvo los votos necesarios para la sanción gracias al apoyo de sus socios en la coalición gobernante, denominada "multicolor": el Partido Colorado (centroderecha), Cabildo Abierto (derecha), el Partido Independiente (centro) y el Partido de la Gente (derecha).
Algunos artículos fueron de hecho también votados por el Frente Amplio, pero esa fuerza política luego entendió que el tratamiento de la ley fue demasiado expeditivo y careció de las consultas necesarias con los sectores involucrados, considerando la amplia gama de tópicos que aborda.
Por su parte, la central sindical única PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores) se expresó en contra del mecanismo de la urgente consideración, considerándolo antidemocrático por limitar el debate político y social.
La oposición, entonces, inició una campaña de recolección de firmas para accionar el referéndum, advirtiendo efectos perjudiciales de, concretamente, 135 artículos.
La Corte Electoral validó en diciembre de 2021 las rúbricas presentadas, habilitando así la consulta popular para este 27 de marzo.
Artículos cuestionados
Las disposiciones que el Frente Amplio y el PIT-CNT buscan derogar de la LUC se refieren, por ejemplo, a la prohibición de piquetes en el marco de reclamos sindicales. La oposición advierte que esa limitación afecta el derecho de huelga, mientras el Gobierno insiste en que la norma procura velar también por la libre circulación y el derecho de los trabajadores a acudir a su lugar de labores.
En el área de seguridad ciudadana, se propone derogar disposiciones que amplían los conceptos de legítima defensa, resistencia al arresto y agravio a la autoridad policial, así como las que alargan de 2 a 4 horas el plazo que tiene la policía para informar a la fiscalía una detención y le dan potestades a policías y militares para el registro de personas y autos en procedimientos preventivos.
Mientras la oposición advierte que estos cambios pueden derivar en abuso policial, la administración de Lacalle Pou señala que le proveen de más herramientas a las fuerzas de seguridad para un trabajo efectivo.
Asimismo, se pretenden dejar sin efecto algunas modificaciones que hizo la LUC al estatuto de la educación, que eliminan la participación docente en los consejos de dirección y redefinen la obligatoriedad de la enseñanza, así como las referidas a los alquileres sin garantía, que reducen los plazos de desalojo.
A las urnas
El voto en el referéndum es obligatorio y consistirá en elegir entre las opciones del Sí a la derogación, con papeleta rosada, y la del No, con papeleta celeste.
Para que se apruebe la propuesta de derogación, esta deberá contar con más de la mitad de los votos válidos en los poco más de 7.000 circuitos habilitados en todo el territorio.
El sufragio se realizará este 27 de marzo entre las 8.00 hora local (11.00 GMT) y las 19.30 (22.30), con un margen de tolerancia de una hora más para los votantes que aún estén haciendo fila dentro del circuito.
El referéndum representa la gran prueba de fuego para el Gobierno de Lacalle Pou, así como una evaluación de fuerza para las aspiraciones del Frente Amplio de cara a las presidenciales de 2024.
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