Parlamento venezolano aplaza designación de magistrados para continuar evaluación

CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional de Venezuela difirió la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), prevista para el 25 de marzo, con el fin de evaluar y buscar consenso sobre los ciudadanos que ocuparán los cargos en ese organismo, indicó el presidente del ente legislativo, Jorge Rodríguez.

"Vamos a darnos un trabajo arduo de horas para discutir, para consultar, para evaluar, para definir, para buscar consensos, acuerdos, para buscar a las mejores y los mejores y que pueda ser una hechura de todos y todas cuando muy pronto convoquemos una nueva sesión y de allí salgan los 20 mejores magistrados (…) Queda aprobado, se difiere el punto número uno del orden del día", expresó Rodríguez durante la plenaria.

La propuesta de diferimiento fue presentada por el presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, Giuseppe Alessandrello, al considerar que los cargos a elegir son de suma importancia para la institución de justicia, por lo que, dijo, requiere una mayor revisión por parte de los diputados.

"Debemos seguir trabajando la propuesta, para que cada uno de nosotros se empape del conocimiento de que debe tener sobre cada uno de estos ciudadanos y ciudadanas, la decisión es muy importante, entonces hago esta sugerencia de seguir estudiando esta propuesta con mayor fuerza y con mayor profundidad", comentó.

El pasado martes, el Poder Moral venezolano, integrado por la Fiscalía General, Defensoría del Pueblo y Contraloría General, consignó ante el parlamento la lista de los aspirantes, tras concluir la evaluación de sus perfiles.

Cerca de 500 ciudadanos se postularon para conformar al nuevo TSJ, de los cuales fueron seleccionados 271, y de estos el parlamento deberá escoger a 20 magistrados, el inspector general de Tribunales, y el director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

El parlamento sancionó el pasado 18 de enero la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia con el objetivo de garantizar el derecho de los ciudadanos a los debidos procesos judiciales.

En junio de 2021, Maduro creó la comisión para "la revolución judicial", y dio un plazo de 60 días para que solucionara el hacinamiento en los centros de detención preventiva.

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