Campesinos paraguayos piden restablecer relaciones con Venezuela por petróleo

MONTEVIDEO (Sputnik) — El movimiento campesino de Paraguay realiza un planteo inesperado al Gobierno: sostiene que la única solución al aumento de los combustibles es que el país restablezca sus relaciones con Venezuela y pague la deuda millonaria que mantiene con la estatal PDVSA.

Este reclamo se debe a que Paraguay registró seis subas sucesivas en el precio del combustible en el plazo de 12 meses. De enero del 2021 a febrero de este año se incrementó 56%.

Ante esta situación, el Gobierno tomó medidas para bajar el costo a partir del 21 de marzo a 500 guaraníes (0,072 dólares) el litro de combustible diésel tipo III y a 300 (0,043 dólares) el de la nafta de 93 octanos, lo que implica una disminución por litro de 1.000 y 800 guaraníes (0,14 y 0,12 dólares) respectivamente. Sin embargo, este descenso no apaciguó los reclamos de los campesinos.

"La única solución al tema del combustible es volver a tener relaciones con Venezuela. (…) Lo que planteamos es que Paraguay puede volver a hacer relaciones diplomáticas y económicas con Venezuela. Venezuela puede ser proveedor combustible", dijo a la Agencia Sputnik el líder del Movimiento Campesino Paraguayo, Belarmino Balbuena.

La movilización campesina se desarrolla este 22 de marzo en varias zonas del país, y una manifestación se concentra en Asunción.

Balbuena aseguró, en diálogo con esta agencia, que la propuesta de restablecer relaciones con Caracas la presentarán este 22 de marzo en una reunión que mantendrán con autoridades del Congreso legislativo, de los ministerios de Agricultura y de Emergencia Nacional, del Banco Nacional de Fomento y de otras instituciones.

El líder campesino subrayó que, cuando sube el combustible, comienza a subir la canasta familiar y se debilitan los salarios.

"En Paraguay ya estamos pasando hambre. La OEA (Organización de los Estados Americanos) sacó un dato estadístico que señala que en Argentina hay 2,5% de gente que está en situación de indigencia, en Uruguay 1,3, en Bolivia lo mismo y en Paraguay representa el 10% de su población en estado de indigencia. Sumando tres o cuatro países no alcanza a Paraguay. Estamos mal", agregó.

Tensiones

La última polémica entre los gobiernos Paraguay y Venezuela ocurrió el 18 de septiembre del año pasado.

Abdo Benítez señaló, en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que la participación de Paraguay en el encuentro no implicaba necesariamente un reconocimiento al Gobierno de Nicolás Maduro.

Por su parte, Maduro desafió Abdo Benítez a organizar un debate regional sobre democracia.

El 23 de enero de 2021, la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Venezuela exigió al Congreso de Paraguay iniciar una investigación por las negociaciones entre el opositor Juan Guaidó y Abdo Benítez por el "robo" de 360 millones de dólares del país suramericano.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodrígez, recordó que Asunción le debe a Caracas 360 millones de dólares producto de una deuda con PDVSA (Petróleos de Venezuela), y que de ese dinero Guaidó cobraría una comisión de 100 millones de dólares y el Gobierno de Abdo dejaría de pagar 260 millones de dólares.

Otros reclamos

Por otro lado, Balbuena afirmó que reclamarán en el Congreso un proyecto de ley de seguro agrícola, ya que Paraguay es el único país en América Latina que no lo tiene frente a las inclemencias del tiempo.

"Luego pediremos la derogación la ley de criminalización de la lucha social. Con esta norma, de cinco años se pasa a 10 años de pena carcelaria para la gente que lucha por la tierra. Y tercero un plan de emergencia ocasionado por la sequía. Queremos que haya fondos de emergencia, que llegue a la gente más necesitada", agregó.

El 2 de noviembre distintos líderes campesinos denunciaron que Paraguay está "criminalizando" la lucha por la tierra y pretende desalojar a 700.000 personas.

El 30 de septiembre, el presidente Benítez promulgó, en menos de 24 horas, una ley que define como delito la ocupación ilegal de tierras privadas.

Con la aprobación de la nueva normativa se elevó a seis años de cárcel la sanción por ese delito y hasta 10 en caso de daños al patrimonio o inmuebles.

"Narcopolítica"

Asimismo, Balbuena afirmó que este 17 de marzo serán tratados esos proyectos de ley y aseguró que este 23 de marzo harán una denuncia pública frente a la Fiscalía General contra la líder de esa institución, Sandra Quiñónez, por ser la "jefa de la narcopolítica".

"La narcopolítica en Paraguay tiene que terminar. Hoy tenemos un Estado fallido, donde la Europol [Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial] y otras instituciones internacionales están interviniendo y puede ser un golpe a la narcopolítica. No sabemos hasta dónde. La narcopolítica está bastante organizada. Se maneja que hay tres grandes organizaciones desde el Poder Judicial, parlamento, la Corte Suprema de Justicia, la jerarquía de los castrenses militares, policiales y hasta llega hasta los pastores", agregó.

La Cámara de Diputados finalmente rechazó y remitió al archivo el pedido de juicio político a la fiscal general del Estado; entre las acusaciones en su contra, estaban de propiciar la protección al cambista brasileño Darío Messer, y a varios intendentes y gobernadores acusados de hechos de corrupción.

Messer lideraba una organización que practicaba cambio ilegal, evasión de divisas y blanqueo de dinero a partir de los países de origen de sus integrantes.

También se la acusaba a la fiscal de ineficiencia y negligencia en la gestión administrativo-presupuestaria de la Fiscalía.

Asimismo, a fines de febrero, el Gobierno se vio envuelto en una polémica que terminó con la destitución del entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, por sus supuestos vínculos con el narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.

Marques de Padua es considerado por las autoridades brasileñas como uno de los narcotraficantes más grandes de ese país.

El doctor en criminología e investigador de la Universidad Nacional del Pilar, Juan Martens, dijo a la Agencia Sputnik que el caso de Giuzzio "es una muestra del nivel de infiltración institucional del narcotráfico, una metástasis que está afectando a demasiadas instituciones, aprovechando la debilidad del Estado pero también el debilitamiento desde el poder político que es muy funcional al narcotráfico".

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