La Justicia anula la zona de bajas emisiones que veta a coches contaminantes en Barcelona

MOSCÚ (Sputnik) — El Tribunal Superior de Justicia de la región española de Cataluña resolvió anular la zona de bajas emisiones que desde 2020 veta a los vehículos más contaminantes de Barcelona.

El tribunal tumbó la ordenanza municipal que regula esta restricción por entender que "tiene deficiencias en su elaboración, falta de informes determinantes y por ser excesivo en el ámbito geográfico de aplicación y en el tipo de vehículos excluidos, entre otros".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió estimar seis recursos presentados por una decena de colectivos y asociaciones en contra de la norma.

Desde septiembre de 2020, los conductores de Barcelona se exponían a sanciones de entre 100 y 500 euros por acceder a la zona de bajas emisiones sin un distintivo ambiental en su vehículo.

La medida, que limita la entrada de los coches más contaminantes, se implementó con el objetivo de reducir en un 30% las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) en los próximos 15 años.

En su sentencia, el tribunal considera que el Ayuntamiento de Barcelona no ponderó "suficientemente" las consecuencias económicas y sociales para los titulares de un vehículo sin etiqueta ambiental y tampoco valoró "medidas alternativas o menos restrictivas" a la norma.

También observa que el procedimiento de elaboración de la ordenanza parte de datos de contaminación no actualizados, referentes al año 2013, mientras que esta se aprobó a finales de 2019.

"En el expediente no se realiza un análisis suficiente de las alternativas, ni de las consecuencias económicas, sociales y sobre el mercado y competencia que producen las medidas, ni se evalúan suficientemente los costes y beneficios que implica el proyecto de disposición para sus destinatarios", señala el fallo.

Desde que la zona de bajas emisiones comenzó a funcionar, el Ayuntamiento de Barcelona cobró unas 70.000 sanciones.

Es la segunda vez en España que la Justicia tumba un área de veto a vehículos contaminantes, después de que el Tribunal Supremo anulara en 2021 la iniciativa de Madrid Central.

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