Bolivia y Chile vuelven a enfrentarse en la Corte Internacional de Justicia

En abril próximo, los equipos de juristas de ambas naciones sudamericanas deberán argumentar si las aguas del Silala, que emergen del lado boliviano de la frontera, son desviadas por canales chilenos. O, como dice Chile, se trata de un río internacional cuyos recursos comparten.

Entre Bolivia y Chile existen varias diferencias, motivo por el cual desde hace más de 100 años no comparten embajadores en sus respectivos territorios. La disputa más conocida en el plano internacional es la Guerra del Pacífico (1879-1884), que concluyó con la anexión de territorio boliviano al chileno, incluido su acceso al océano a través del departamento del Litoral, perdido en la conflagración.

El segundo gran conflicto entre Bolivia y Chile reside en la propiedad de las aguas del Silala, situadas en la frontera entre ambos países, del lado boliviano. Para el Estado Plurinacional, surgen de un manantial que fue canalizado a principios de 1900 por una empresa anglochilena de ferrocarriles. Para el país desde este 11 de marzo presidido por Gabriel Boric, corresponden a un río internacional, por lo cual deberían compartir sus recursos.

En abril próximo, durante dos semanas, representantes de ambas naciones sudamericanas se encontrarán ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en Holanda, para defender sus posiciones y someterse al veredicto del tribunal.

Sputnik conversó con Emerson Calderón, secretario general de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), dependiente de la Cancillería boliviana, para conocer cuál será el planteo del Gobierno de Luis Arce ante la demanda planteada por Chile en 2016.

Las aguas del Silala: origen de la disputa

Calderón recordó que el malentendido comenzó en 1908, cuando la Prefectura (actual Gobernación) del departamento de Potosí (sudoeste) otorgó las aguas del Silala en concesión a la empresa anglochilena Bolivian Railway Company Limited, con sede en Chile.

Esta empresa instaló canales y tuberías en los manantiales del Silala, que desviaron el curso de las aguas hacia el vecino país. La finalidad del vital elemento era "utilizarla en las locomotoras que brindaban el servicio de transporte desde Antofagasta (en Chile) hacia Uyuni y Oruro, en Bolivia.

"Fue una concesión realizada entre el departamento de Potosí, es decir un ente subestatal, con una empresa extranjera residente en Chile. Desde esas épocas la empresa incumplió esta concesión, porque se dedicó a lucrar en territorio chileno con las aguas que obtenían de manera gratuita de Bolivia", explicó el secretario general de la Diremar.

"Durante muchos años la empresa realizó estos actos con anuencia del Gobierno de Chile", afirmó Calderón. Fueron 88 años. Hasta que en 1996, un equipo de periodistas bolivianos develó las instalaciones y los canales en la frontera. También descubrieron el documento de la concesión de 1908 y los malos manejos del agua efectuados por la Bolivian Railway Company. Ante la luz de las pruebas, Potosí dejó sin efecto el acuerdo en 1997.

Pero en ese momento "surgió una disputa entre Bolivia y Chile, relativa al estatus y la naturaleza de este recurso hídrico", contó Calderón. Por su parte, "Chile alegó que este recurso hídrico era un río internacional de curso sucesivo, mientras Bolivia mantuvo su posición de que eran manantiales que habían sido canalizados a fin de hacer fluir el agua hacia el territorio chileno".

Casi un acuerdo

Durante los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) se intentó solucionar esta diferencia por la vía diplomática. Se armaron grupos de trabajo y, producto de ello, en 2009 se contaba con un borrador de acuerdo, en el cual se comprometían a investigar la naturaleza exacta del Silala: o manantial o río internacional.

Mientras se realizaran estas investigaciones Bolivia exigiría a Chile que las empresas involucradas en la explotación de este recurso efectúen la compensación económica correspondiente a favor del Estado Plurinacional.

Calderón explicó que la antigua Bolivian Railway Company hoy se llaman Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB) y Corporación Nacional del Cobre (Codelco), que debían pagar por el usufructo del agua boliviana.

Pero "el acuerdo no pudo ser suscrito. En 2016 Chile decidió interponer la acción judicial en contra de Bolivia en la CIJ de La Haya, donde reclama que el Silala es un curso de agua internacional, regido por el derecho internacional, al cual tendría derecho a su uso", dijo el secretario general de la Diremar.

En Bolivia esperan demostrar que hay un canal artificial de dos kilómetros que se lleva el agua hacia territorio chileno.

Calderón relató que desde 1997 el Estado boliviano realiza investigaciones que demuestran el mal uso dispensado a las aguas del Silala desde 1908. Además de esta documentación, el Gobierno contrató a la institución sin fines de lucro DHI, con sede en Dinamarca, cuyo estudio ya fue concluido y entregado.

Las investigaciones nacionales y del DHI ya fueron presentadas ante la CIJ. Del 1 al 14 de abril próximo transcurrirá la fase oral, en la cual "los expertos científicos de ambas partes van a exponer sus argumentos. Van a ser sometidos a interrogatorios por abogados de la parte adversa. Así se van a dilucidar argumentos y alegatos de ambas partes en el ámbito científico", indicó el secretario general de la DIREMAR.

El recuerdo de la victoria chilena

Esta no es la primera vez que Bolivia y Chile se enfrentan en la CIJ de La Haya. En 2018, el mismo tribunal ya se había pronunciado sobre la demanda del Estado Plurinacional para que el ganador de la Guerra del Pacífico esté obligado a negociar una salida soberana al mar.

En ese momento, la justicia internacional dio la razón a Chile.

Ahora el equipo boliviano ¿espera obtener un mejor resultado? Para Calderón, que participó de la anterior demanda y de la actual, los representantes del Estado Plurinacional esta vez "se han preparado con mayor responsabilidad. Se han dejado de lado totalmente las imprevisiones, estamos muy bien organizados. Tenemos la solvencia de nuestros argumentos y todos los elementos para defender los derechos e intereses de Bolivia sobre las aguas del Silala".

La audiencia ante la Corte será semipresencial, por las previsiones que requiere la pandemia de COVID-19, aún vigente aunque debilitada. Calderón contó que luego de los encuentros de abril, habrá una segunda vuelta para contrarrestar los argumentos del oponente, si fuera posible. "Y luego, calculamos que dentro de seis meses tendremos el fallo definitivo de la CIJ" comentó el secretario general de la Diremar.

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