No solo drogas y secuestros: tala ilegal, la otra fuente de ingreso del crimen organizado en México

En México varios factores amenazan a sus bosques: el incremento de terrenos para cultivo y ganadería, los incendios forestales, la expansión de áreas urbanas, las plagas y enfermedades de los árboles, pero uno hace especial daño: la tala ilegal.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) del Gobierno de México estima que el país pierde 166.337 hectáreas de bosque cada año, un aumento del 200% en comparación con cifras de hace 17 años, donde el 2016 destaca como el periodo de más afectación.

La Ciudad de México ocupa una superficie de casi 150.000 hectáreas, es decir que el país pierde aproximadamente el equivalente del territorio de su capital en bosques año con año.

La península de Yucatán, que comprende los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, junto con Jalisco y Michoacán son las zonas más afectadas del país en materia de pérdida de bosques.

En este marco, además de ser un problema ambiental la tala ilegal es una amenaza delictiva operada por grupos del crimen organizado, que suman el tráfico de maderas a sus operaciones empresariales como el trasiego de drogas y el control de fincas aguacateras en territorios como Michoacán, el principal productor del fruto en el país.

Grupos delictivos con operaciones en Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán, entidades con litoral en el Océano Pacífico, ofrecen bajos montos de dinero a cambio del control de tierras y si la oferta es rechazada se apoderan de ella por la fuerza, para proceder a explotar sus recursos madereros, de acuerdo cun un estudio de la Universidad de Guadalajara citado por InSight Crime.

Residentes de la región denuncian que camiones cargados de caoba, nogal, pino y roble talados de manera ilegal son trasladados a puertos colimeños y michoacanos presumiblemente para su exportación a China, país con una creciente demanda de maderas.

Estas prácticas irregulares, que combinan la violencia y la extorsión con los impactos ambientales, amenazan la supervivencia de 1.300 comunidades mexicanas que buscan producir maderas en esquemas sustentables mediante empresas forestales regulares.

Asolado por la violencia desde hace años, Michoacán sufre una presencia dramática de grupos delictivos cuyas confrontaciones intestinas llegan a generar episodios como el fusilamiento colectivo de personas que se registró en la comunidad de San José de Gracia, en la frontera con Jalisco, perpetrado el 27 de febrero de 2022.

Incluso se ha reportado la presencia en Michoacán de cárteles de la droga provenientes de Guatemala, luego de que el 2 de febrero un grupo armado atacara instalaciones de la Fiscalía General del Estado ubicadas en el municipio de Quiroga.

Esto se suma a una ruta histórica que el tráfico de drogas ha generado en América Latina para introducir narcóticos producidos en la región a Estados Unidos, donde el litoral del Pacífico juega un rol fundamental en su ruta a California, además de vincular a territorios como Colombia, Centroamérica y estados mexicanos como Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Nayarit.

En la comunidad michoacana de Cherán, autoproclamada autónoma desde 2011, la respuesta a esta amenaza ambiental ha sido la organización y la colectivización de procesos para hacer frente a la tala ilegal operada por el crimen organizado, asienta una de sus habitantes en entrevista con Sputnik.

Falta de responsabilidad y aumentos de la temperatura

Involucrada en la conservación de la memoria de Cherán y en distintos procesos, como la creación de una radio comunitaria, Yunuén platica que en los últimos dos años el impacto ambiental de la tala ilegal es notable.

"En mi comunidad la principal afectación ha sido muy evidente en estos dos últimos años, que son el cambio de uso de suelo y el aumento considerable del clima de la comunidad", expone.

"Cherán es un lugar por naturaleza frío", de acuerdo con el relato de los ancestros, asevera, sin embargo, se ha registrado un aumento en los termómetros del lugar, ubicado a unos 108 kilómetros al poniente de la capital de Michoacán, Morelia.

Las autoridades, considera, no están poniendo atención real a lo que acontece en la entidad, lo que queda subrayado en que muchas comunidades estén organizándose de manera propia en autogobiernos parecidos al de Cherán.

"Tiene que ver también con la falta de responsabilidad de los organismos que tienen que cumplir sus tareas en estos lugares; al igual que nosotros, con una exigencia de defensa de los bosques, las otras comunidades han tenido que salir porque no se regula en ningún momento la tala que hay, clandestina, el incendio provocado en nuestros bosques, la idea que le sigue a eso, que es el cambio de uso de suelo, el desgaste de la tierra", enumera Yunuén.

"Cuando se están haciendo ahorita las producciones masivas de aguacate, de frutos rojos, lo hacen también sin una reglamentación, hay incluso gente que ha realizado estudios a estas producciones y realmente utilizan incluso productos que son prohibidos en teoría, pero que acá los están usando y que están también siendo usados sin un protocolo para la gente", lamenta.

Así, el bienestar ambiental no sólo se ve afectado sino también la propia salud de las personas involucradas en estos cultivos lucrativos, señala Yunuén, por necesidades económicas.

El lado oscuro del oro verde

Si bien siempre las autoridades de Michoacán y los empresarios involucrados en el cultivo del aguacate subrayan los beneficios de este fruto y la derrama millonaria que genera su exportación a Estados Unidos, su presencia en el territorio no significa un beneficio para la gente, acusa la habitante de Cherán.

"Si hay un beneficio es para quizás los empresarios que cuenten con la mayor parte de las ganancias, pero en realidad la gente de las comunidades de estos lugares lo que está haciendo es entrar a un sistema cotidiano de trabajo en donde realmente no tienen garantías, donde las jornadas son excesivas, la gente aquí sale antes de las cinco de la mañana a trabajar y regresan después de las ocho de la noche", distingue.

"Y la paga no es ni siquiera buena o que alcance a cubrir las necesidades básicas, entonces este rollo de prosperidad y traducido a que mucha gente está trabajando no necesariamente significa que esté siendo un beneficio para las comunidades, al contrario, el tema del desgaste exagerado por esto no garantiza que sus vidas sean plenas, ni siquiera pueden descansar el fin de semana", reprocha Yunuén.

Alternativa: la organización desde dentro

La integrante de la comunidad de Cherán tiene claro que su alternativa ante esta inestabilidad inducida por el crimen ha sido la organización desde dentro.

"Hacer un frente como comunidad y eso ha significado una idea de no dar paso al crimen organizado, al menos en el territorio, sabemos que también es desgastante quizá estar en un miedo constante de seguir organizándonos a través de las asambleas, de seguir con un resguardo comunitario las 24 horas del día todos los días del año a las entradas de la comunidad", reconoce.

"Pero porque justo eso, ¿no?, hay una idea dolorosa de cómo fue que se llegó hasta esto, cómo fue que nos dimos cuenta tras muchos golpes dolorosos el que la organización era la respuesta y que ahora que la tenemos hay que seguirla cuidando", expresa.

Yunuén asegura que la toma comunitaria de decisiones ha permitido cerrar el paso al crimen y regular las formas de cultivo, el descanso de la tierra, la siembra rotativa, la participación de menores de edad en tareas de reforestación, la atención permanente a los bosques.

"Pero esto se está logrando con la participación de todas y todos, es decir, esta idea de asumir los problemas de quienes habitamos estas tierras como propias ha significado un gran cambio para nosotros", apunta.

"Sabemos también que esto forzosamente se tiene que seguir replicando en las comunidades porque también no se puede hablar sólo de un proceso aislado, que intenta hacer lo propio desde acá pero que si no se aterriza en más comunidades esto también no sirve de mucho", reconoce.

Yunuén estima que la suma de comunidades que contribuyan a proyectos de justicia y conservación tiene que ser constante.

Deuda de justicia del Estado mexicano

Aunque existen personas que denuncian irregularidades en la tala ilegal, las autoridades responsables de las investigaciones no dan el debido seguimiento, recrimina Yunuén,

"Y lo decimos desde la experiencia propia de la comunidad, cuando desde el inicio se lanzaron nombres de los responsables y jamás se hizo nada, cuando es una deuda pendiente que la comunidad sigue exigiendo cada que se puede", agrega.

"¿Qué pasó con aquellos responsables durante todas las personas que mataron durante nuestro proceso, con todos los desaparecidos, que no hemos tenido cuenta de lo que pasó con ellos, con todas estas que sí corresponden a una responsabilidad de Estado, no sólo de Michoacán, sino del Estado mexicano?", acusa.

Yunuén estima que los gobernantes deberían de verdad operar con lógicas de trabajo colaborativo con la gente, en vez de priorizar aliarse con el crimen organizado desplegado en el territorio michoacano.

"Eso es lo que sabemos, este secreto a voces, que realmente la gran movida política de Michoacán en realidad también está detrás de todo esto, de la tala ilegal, de los aserraderos clandestinos de mover muchas cosas en la región y si esto no se atiende desde quien corresponde pues difícilmente logra haber grandes cambios", critica.

La habitante de Cherán destaca que ha participado en un proyecto de memoria por las mujeres de la comunidad, además de que ahora contribuye a la instalación de un internet comunitario en el territorio. Además, formó parte del primer concejo de jóvenes durante la segunda estructura de gobierno comunal.