La Justicia de Bolivia ¿a las puertas de un cambio de raíz?

La sobrecarga de trabajo de jueces y fiscales, su ineficacia para resolver feminicidios y las liberaciones irregulares son algunas de las falencias de la Justicia boliviana señaladas por el relator de ONU Diego García-Sayán. En diálogo con Sputnik, el abogado Gabriel Villalba dijo que la justicia boliviana requiere una "reestructuración completa".

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, finalizó su visita a Bolivia con la lectura de un informe preliminar que advierte la necesidad de realizar reformas profundas a la justicia boliviana, cuestionada por la liberación irregular de condenados y por la falta de condena a los culpables de los 38 asesinados durante las masacres de 2020.

Durante su visita, García-Sayán se entrevistó con el presidente boliviano, Luis Arce, con las víctimas del golpe de Estado de 2019 y hasta con representantes de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, que está tras las rejas a la espera del inicio de los juicios por la ruptura del orden constitucional que ella protagonizó.

Sputnik consultó a quienes siguieron de cerca la visita del relator, así como a las víctimas de las masacres de 2019 que mantuvieron una reunión de tres horas con García-Sayán.

El relator —nacido en Perú— advirtió que en Bolivia hay casi 1.000 jueces y que están sobrecargados de trabajo, ya que cada uno atiende 500 expedientes a la vez. Además, en el país hay solamente 54 defensores públicos, por lo cual tener una defensa pública es "inaccesible".

El relator consideró que "la Justicia está lejos de la gente, en la medida en que se ve que hay una urgencia en la sociedad boliviana de que responda a dramas cotidianos", como las recientes detenciones del feminicida, asesino y violador serial Richard Choque Flores ode Froilán el Killer Molina, un exmilitar condenado por el asesinato del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz en la década de 1980.

Ambos criminales tenían condena y debían permanecer en la cárcel pero, en misteriosas condiciones, accedieron a prisión domiciliaria. Esto motivó la detención de los jueces de ambas causas —Rafael Alcón y Abraham Aguirre, respectivamente— y la "reacción comprensible y legítima que ha habido (por parte de la sociedad) ante excarcelaciones a través de medios corruptos".

El Gobierno de Arce, por su parte, formó una comisión especial para saber cuántos presos condenados fueron liberados irregularmente. Hasta el momento se detectaron 135 casos.

Recibimos la visita de @UNIndepJudges, Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, con el firme compromiso de impulsar la transformación del sistema judicial en beneficio del pueblo que pide justicia. pic.twitter.com/R5uu9UbYRC

— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) February 22, 2022

Un problema que requirió mucha atención de García-Sayán fue el de los feminicidios y la violencia hacia las mujeres, que tienen a Bolivia en la cúspide de Sudamérica, con mayor cantidad de casos en relación a su población.

El enviado de ONU comentó que solo el 31% de investigaciones por feminicidio que llegaron a la justicia entre 2013 y 2021 tuvieron sentencia: "Es un tema de preocupación. Dentro de las recomendaciones en esta materia estamos reforzando el planteamiento que ya ha hecho la Defensora del Pueblo en 2019" de aumentar el número de juzgados y tribunales especializados en violencia contra la mujer. "Urjo al Estado boliviano a que dé prioridad a este tema", destacó en ese sentido.

Desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución, en 2009, los jueces de los tribunales Supremo, Constitucional y otros de relevancia son elegidos mediante voto popular. Pero en las dos ocasiones en que se realizaron estas elecciones (2011 y 2017) no participó ni la mitad del padrón electoral.

"La cantidad real de votos a favor de quienes hoy desempeñan funciones, cuya legalidad no cuestiono, fue de una porción del electorado que no es mayoritaria y que da muchas dudas sobre si este camino no debe merecer algunos ajustes y algunas revisiones", alertó García-Sayán.

Áñez, del repudio al ruego

Gabriel Villalba, abogado y director del Centro de Estudios Geopolíticos Nuestroamericanos, siguió de cerca la visita de García-Sayán.

En 2020, "este mismo relator se refirió al Gobierno de Áñez como un régimen totalitario, que no respetaba la independencia de poderes, que instrumentalizaba a la Justicia", dijo Villalba a Sputnik.

El analista observó que "ahora, por la propia hermenéutica de las Naciones Unidas, lo enviaron a Bolivia para verificar el estado de la independencia del órgano judicial. Y la encuentra a Áñez pagando por sus crímenes".

Así como García-Sayán llamó "autoproclamada" a Áñez, ella también "denigró el trabajo del relator. Dijo que no era una persona independiente para referirse de esa manera a ella y a su régimen", agregó el entrevistado.

Sin embargo, desde que llegó el relator a Bolivia, el 14 de febrero pasado, Áñez se dedicó a pedir públicamente reunirse con él para que conozca su situación en la cárcel.

"Cómo da vueltas el mundo: estas personas, que se refirieron al relator de forma denigrante, hoy le piden pues que vaya a visitarle", comentó el abogado.

Un sistema judicial desactualizado

Para Villalba, el problema con el sistema judicial de Bolivia comienza en 1825, con la firma del acta de declaración de la independencia. En ese documento figuran los jurisconsultos de la Real Audiencia de Charcas, pero "no figura ni un solo indígena, ni una sola mujer, siendo que tuvimos a una gran generala como Juana Azurduy de Padilla".

"Así nació Bolivia: bajo un sistema clasista y racista, el sistema judicial no se ha podido democratizar a la par del Órgano Legislativo o el Órgano Ejecutivo", añadió.

El relator especial presentará su informe final en junio a las Naciones Unidas. Sus recomendaciones no son vinculantes para el Estado boliviano, pero es de esperar que el presidente Arce las tome en cuenta, consciente de la necesidad de rehacer el sistema judicial boliviano.

"Estas recomendaciones tendrían que servir para generar políticas públicas con relación a la revolución del sistema judicial en el país", dijo Villalba. Y agregó: "No se precisa una simple reforma o parche, sino una reestructuración completa del sistema judicial".

Desde su experiencia como abogado, Villalba explicó que la Justicia boliviana requiere de mayor control sobre las acciones de jueces, fiscales e investigadores: "Es necesaria una evaluación permanente y constante", diagnosticó.

En esa línea, comentó que "ellos no se hacen ni un examen psicológico" y se preguntó: "¿Quién te dice que tenemos jueces y fiscales con mentalidad misógina atendiendo delitos de feminicidios y violaciones?".

Villalba indicó que, en toda la historia de Bolivia, nunca una mujer fue designada fiscal general del Estado. "Eso nos da cuenta del sistema patriarcal y machista, incrustado desde la propia formación de los profesionales abogados".

En este sentido, afirmó que se debe modificar la manera en que los nuevos abogados se forman: "Seguimos con currículas de hace 40 años en la Facultad de Derecho".

La voz de las víctimas

David Inca es representante de los heridos y de familias que perdieron a un ser querido en la masacre de Senkata, cometida el 19 de noviembre de 2019 por las Fuerzas Armadas en ese barrio de la ciudad de El Alto, por instrucción de la entonces presidenta.

Después de participar de la reunión que el relator mantuvo con los familiares y las víctimas, dijo a Sputnik que "son dos años y tres meses en que no ha avanzado la investigación, sigue en etapa de acumulación de pruebas".

El primer juicio que deberá enfrentar Áñez son por los casos Golpe 1 y Golpe 2, que tratan sobre la autoproclamación ilegal de la entonces senadora. Pero en estos procesos "no están contempladas las víctimas, ni los fallecidos ni los heridos", dijo Inca, quien sostuvo que en Senkata aún no acceden a justicia porque no son del partido gobernante, el Movimiento Al Socialismo (MAS).

El representante de las víctimas se mostró esperanzado en que la visita del relator ayude a acelerar las investigaciones por el caso de las masacres. De lo contrario, "todos los militares que están con prisión cautelar van a salir en libertad, porque de acuerdo a la ley como máximo pueden estar detenidos preventivamente por un año", comentó.

El necesario acuerdo nacional

Durante su conferencia de prensa en el Hotel Presidente de la ciudad de La Paz, el relator especial advirtió que una modificación profunda de la Justicia requiere de un "acuerdo nacional" que incluya a todos los sectores sociales y políticos.

"La sociedad boliviana puede explorar caminos de coincidencia, de convergencia, para estudiar planes de corto, mediano y largo plazo, que no respondan a los propósitos políticos de un sector", expresó.

Estos nuevos caminos deben reflejar "una interacción de distintos sectores políticos y sociales frente a lo que son políticas públicas, que hacen a la historia de un país. No solamente a la coyuntura inmediata de tres, cuatro o cinco años".

Esta tarea no será fácil para Bolivia, que aún alberga diferencias sociales y políticas en torno al golpe de Estado de 2019. García-Sayán pidió dejar las asperezas de lado "para ver qué se puede hacer para afinar el diseño constitucional, para mejorar el procedimiento de selección".

En este aspecto, sostuvo que "más allá de las contradicciones políticas, puede haber ahí en Bolivia un punto de convergencia importante, que da una fuente de esperanza relevante".

Y agregó: "Estamos pues en una situación que tiene sus luces y sus sombras, en donde queda por delante pensar cuáles pueden ser las grandes líneas, las grandes respuestas, para las cuales no le corresponde al relator traer las soluciones ni mucho menos enarbolar una varita mágica".

Más bien, su recorrido por Bolivia se trató de "simplemente alentar algunos caminos, que salen de las conversaciones que yo mismo he tenido con todas las instituciones y los actores relevantes en esta materia".