Relator de ONU observa poco avance judicial sobre masacres de 2019 en Bolivia

LA PAZ (Sputnik) — El relator de Naciones Unidas (ONU) para la independencia judicial, Diego García-Sayán, advirtió que la aplicación de la justicia contra los responsables de las masacres políticas de 2019 en Bolivia está pendiente debido principalmente a los pocos avances de la investigación.

"Si bien he notado que hay interés y empeño en dar seguimiento y promover la investigación, pasados más de dos años son escasos los resultados; es un tema que debe ser priorizado", dijo García Sayán al presentar un informe preliminar al cabo de una semana de evaluación del sistema judicial boliviano.

El funcionario, quien cerró sus actividades reuniéndose con el presidente Luis Arce, presentó a la prensa un resumen inicial de sus observaciones y anunció que elevará en junio un informe ampliado a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, incluyendo eventualmente sugerencias para una reforma judicial en Bolivia.

Entre las conclusiones de carácter general expuestas por García-Sayán destacó también una referencia a la situación de la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) -acusada por el golpe de 2019 y a quien no visitó en la cárcel- postulando que como todos los acusados debe tener la garantía de un debido proceso.

"Graves violaciones"

El enviado de la ONU se refirió a las "graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el país luego de la crisis de 2019", centrándose en las masacres de civiles perpetradas por fuerzas policiales y militares amparadas en un decreto de impunidad firmado por Áñez.

"He tenido una larga reunión de trabajo con las víctimas de (las masacres de) Senkata, Sacaba y la Zona Sur, 37 personas fallecieron en esa crisis de noviembre (…) Las víctimas están todavía esperando por justicia y por reparación", relató.

García-Sayán confió en que su visita "contribuirá a alentar una prioridad y una atención justa para que las personas afectadas por estos hechos de violencia puedan encontrar algo de justicia".

Las masacres de 2019 fueron denunciadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primero en un reporte preliminar y luego en una amplia investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que apuntaron a la responsabilidad del Gobierno interino de Áñez.

Por ahora, Áñez está siendo procesada por vía ordinaria por supuestos delitos que le permitieron acceder al poder y no por las masacres y otros actos en función de presidenta, que corresponderían a juicios de responsabilidades.

El Tribunal Supremo ha requerido la autorización del parlamento para los juicios de excepción, pero la oposición conservadora ha negado sus votos para dar paso al proceso.

García-Sayán anotó la falta de esclarecimiento judicial de las masacres de 2019 como una muestra de que "en Bolivia la justicia está lejos de la gente".

Dijo que a esta situación de descrédito contribuían problemas estructurales como la falta de presupuesto y personal judicial capacitado, y la percepción de corrupción acrecentada en las últimas semanas por revelaciones de que decenas de feminicidas y otros delincuentes condenados fueron liberados irregularmente de las cárceles.

El relator de la ONU, quien visitó Bolivia por invitación del Gobierno, propuso "un gran acuerdo nacional para la justicia" aunque sin apoyar expresamente el proceso de consultas para una reforma judicial puesto en marcha por la administración de Arce y que culminaría en marzo en un encuentro multisectorial nacional.