España adapta su política antiterrorista al yihadismo

BILBAO (Sputnik) — El ministro del Interior español, Fernado Grande-Marlaska, presentó la actualización del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, que data de 2005, fue revisado en 2009 y 2015 e incorpora las directrices de la Estrategia contra el terrorismo de la UE de 2017 y de la Estrategia Nacional de 2019.

“Su diseño se adapta al riesgo que entrañan los modernos procesos de radicalización hacia diferentes tipos de extremismos violentos, en particular los de carácter yihadista”, explicó en rueda de prensa Grande-Marlaska.

El ministro puso como ejemplo de los protagonistas de este tipo de acciones a “los llamados actores solitarios” y a los "grupos o células autorradicalizadas", dijo.

Y en este sentido, se constituirá un Centro de Gestión de Crisis Territorial hasta que se produzca la localización y detención de los autores y la reducción del riesgo provocado por la acción terrorista.

Las principales novedades, según explicaron desde Interior, están en la respuesta tras un ataque o atentado terrorista.

Se han diseñado nuevos procedimientos que permitan identificar, localizar y capturar a los autores, así como favorecer una pronta recuperación y vuelta a la normalidad ciudadana e institucional.

Se aumenta la coordinación, como explicó Marlaska, lo que supone que en los territorios catalán y vasco serán sus propias policías —Mossos d'Esquadra y Ertzaintza— quienes lideren la respuesta policial.

Marlaska también adelantó que el plan dedica "especiales esfuerzos a preservar objetivos sensibles en ámbitos como las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información, sobre los que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales", explicó el ministro.

Las partes en las que se dividirá la respuesta terrorista española a partir de ahora serán prevenir, proteger, perseguir y responder a los ataques terroristas y esa respuesta implica, además de la movilización de recursos policiales, la implicación de numerosas instituciones del país como el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, entre otras.