El presidente de Argentina declara como testigo en el juicio en el que su vice fue procesada

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que la distribución de la obra pública no es judicializable al declarar como testigo en una causa en la que está procesada la vicepresidenta Cristina Fernández por presuntas irregularidades en la adjudicación de los proyecto viales en la provincia de Santa Cruz.

"Lo que se está discutiendo son decisiones políticas no judiciables", señaló este 15 de febrero el mandatario al declarar presencialmente ante el Tribunal Oral Federal 2, en los Tribunales Federales de la ciudad de Buenos Aires.

Convocado por la defensa de la exmandataria (2007-2015), Alberto Fernández dijo desconocer que se hubieran sancionado leyes en favor del empresario de la contrucción Lázaro Báez, que recibió casi el 80% de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los cuales gobernó primero Néstor Kirchner (2003-2007) y después Cristina Fernández.

"Definitivamente no me consta que algo así haya pasado", señaló durante la audiencia al dar testimonio como exjefe de Gabinete del Gobierno de Kirchner.

Consultado en su condición de profesor de derecho penal por parte del abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, el presidente argentino aseguró que "no existe ninguna norma que ponga limitaciones a cómo se distribuye el gasto de la obra pública"

"Eso es, a mi juicio, una decisión de carácter político no judiciable, lo he dicho públicamente y por eso me animo a decirlo en este juicio", reiteró.

Al ser inquirido cuál era el criterio para distribuir la obra pública, Alberto Fernández señaló que "son criterios discrecionales que tienen que ver con las necesidades que en cada jurisdicción se enfrentan".

"Eso no tiene una regla, los criterios son criterios de lo que uno entiende de que lo que en ese momento está necesitando el país", afirmó.

En otro tramo de su alegato, el jefe de Estado reconoció que la obra pública "es un enorme motorizador de la economía", pero refirió que "no es decisión de un presidente que decide cómo se gasta la plata".

"Intervienen muchísimas jurisdicciones, después va al Congreso, y ahí se genera un debate enorme, porque cada senador y diputado pelea por llevar parte de esos recursos a las provincias", manifestó.

Rispideces

Durante la audiencia, el maandatario y el fiscal Diego Luciani, que intervino de manera virtual, tuvieron algún entredicho, al preguntar en reiteradas ocasiones el representante del Ministerio Público Fiscal cómo se asignan los recursos en la Ley de Presupuesto.

El juez Jorge Gorini, entre tanto, no permitió que el fiscal cuestionara al mandatario sobre una declaraciones públicas emitidas en 2016, cuando Fernández señaló sus sospechas sobre la adjudicación de la obra pública.

"La pregunta no es pertinente, las declaraciones brindadas por el testigo han sido de dominio público, acá no se trata de confrontar lo que haya dicho en una nota o publicación periodística, sino por su rol de jefe de gabinete", dijo el magistrado al negar la pregunta que quería formular Luciani.

El presidente, no obstante, tomó la palabra para advertir que no recordaba aquella intervención en particular, pero que tenía derecho a emitir su opinión.

"Lo que trato de evitar es que se segmenten las cosas porque si no, puede ser malinterpretado lo que yo he dicho y lo que digo", señaló.

Durante el debate oral de este juicio ya declararon como testigos otros exefes de gabinete, entre ellos Juan Manuel Abal Medina (2011-2013), Jorge Capitanich (2013-2015) y Aníbal Fernández.

Ésta es la primera vez que un presidente en ejercicio declara como testigo ante la justicia federal.