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La Justicia chilena encarcela a dos militares por el asesinato de un joven en estallido social

© Sputnik / Carolina TrejoManifestaciones frente a la Policía
Manifestaciones frente a la Policía  - Sputnik Mundo, 1920, 09.02.2022
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SANTIAGO (Sputnik) — La justicia chilena decretó la medida cautelar de prisión preventiva para dos soldados del Ejército por su presunta responsabilidad en una balacera contra manifestantes en octubre de 2019, que terminó con la muerte de un joven de 26 años.
"El Juzgado de Garantía de La Serena (norte) decretó prisión preventiva para dos militares sindicados como autores del homicidio del joven Romario Veloz", informó la emisora local ADN.
Además, el tribunal decretó arresto domiciliario total para un tercer militar supuestamente implicado en el caso y decidió mantener en prisión preventiva al capitán de Ejército José Faúndez, quien se encuentra con este castigo desde 2020, acusado por la Fiscalía de dar la orden de disparar.
La situación se originó el 20 de octubre de 2019 en La Serena, dos días después de que empezara en Santiago el movimiento de protestas masivas denominado "estallido social".
Durante una manifestación, un grupo de uniformados abrió fuego contra los protestantes, hiriendo a dos jóvenes y asesinando a Veloz, un cantante de 26 años proveniente de Ecuador, quien recibió un proyectil en el cuello.
Policía miliatrizada - Sputnik Mundo, 1920, 09.02.2022
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Un total de 70 manifestantes del estallido social en Chile están en prisión preventiva
El estallido social fue un movimiento ciudadano de marchas masivas, surgido el 18 de octubre de 2019, en protesta del modelo económico neoliberal imperante, en contra de los abusos y de la actual Constitución redactada en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), dando origen posteriormente al proceso constituyente.
La represión que ejercieron la policía y las Fuerzas Armadas durante las protestas derivó en múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos, ratificadas por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, Human Right Watch, Amnistía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
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