Los empresarios españoles rechazan subir el salario mínimo a 1.000 euros

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — Las dos principales organizaciones empresariales españolas, CEOE y Cepyme, mostraron su rechazo a la propuesta lanzada por la ministra de Trabajo del país para subir el salario mínimo a 1.000 euros mensuales.

La patronal argumenta su postura por lo que considera "un contexto económico de incertidumbre, en el que previsiblemente no se recuperarán los niveles de negocio precrisis hasta 2023", dijeron en un comunicado.

Los representantes de los empresarios añadieron como razones para oponerse a la subida las "presiones crecientes en los costes de las empresas y una notable caída acumulada de la productividad", según afirmaron.

La propuesta de los 1.000 euros mensuales para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) trascendió en la rueda de prensa del lunes de la ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz, tras el primer encuentro con la patronal y los sindicatos para abordar este asunto.

"¿A mí qué me gustaría? Tener un salario mínimo de 1.000 euros. Esto es lo que vamos a trabajar", dijo la titular de Trabajo, perteneciente a la cuota de Unidas Podemos, en la coalición de izquierdas que gobierna en España.

Los líderes de los dos principales sindicatos, Unai Sordo (CC OO) y Pepe Álvarez (UGT), rechazaron esta posición argumentando que la subida hasta los 1.000 euros ya está comprometida de antemano.

"Ya en su día, CEOE se comprometió a que ningún convenio en España estuviera por debajo de los 14.000 euros", recordó Unai Sordo.

El SMI está desde el pasado septiembre en 965 euros brutos mensuales en 14 pagas y el Ministerio de Trabajo español reúne este miércoles a la patronal y a los sindicatos para tratar la medida en lo que en España se llama la "mesa del diálogo social".

Al contrario de otras reformar, la subida del SMI es una prerrogativa del Gobierno, es decir, la reunión con los agentes sociales es meramente consultiva y se prevé que el SMI se acabe subiendo a los 1.000 euros, en la línea con las palabras de la ministra Díaz, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2022.

En este caso y dado el comunicado del 8 de febrero de las patronales, podrían descolgarse del acuerdo, como ya hicieron en la subida de 2021, aprobada en septiembre.