Crisis de feminicidios enciende debate sobre reforma judicial en Bolivia

LA PAZ (Sputnik) — "No todo lo nuevo es bueno...", dice un antiguo aforismo que podría aplicarse a la elección de jueces nacionales por voto universal, uno de los cambios más resonantes contenidos en la Constitución Política promulgada en 2009 en Bolivia.

El voto popular fue definido entonces como una suerte de fórmula mágica para revolucionar el sistema de justicia, manchado por décadas y décadas de corrupción y lentitud, sometido a los poderes políticos coyunturales y considerado con frecuencia como favorable a ricos en desmedro de pobres.

Sin embargo, luego de más de una década de la introducción de esa medida destacada como única en Latinoamérica, la justicia boliviana sigue marcada por incontables males y, en los últimos días, estremecida por el descubrimiento de una red de corrupción que beneficiaba con detención domiciliaria a feminicidas condenados a 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

Las urnas fueron llamadas por la nueva Constitución a reemplazar a los poderes dominantes que habían fracasado en sucesivos intentos de reforma de la justicia, que incluyeron formas de designación y control de los jueces, y ajustes en conceptos y procedimientos judiciales, sin lograr que el sistema resulte confiable y garantice la vigencia de las leyes.

Evo Morales, quien llegó al poder en 2006 junto con los mayoritarios pueblos indígenas, tomó la bandera de la reforma judicial y con su mayoría en la Asamblea Constitucional convocada ese mismo año la transformó en una de las normas capitales de la carta magna que él mismo promulgaría en febrero de 2009.

Experiencias

La novedad de la elección judicial popular fue estrenada en 2011 y repetida en 2017, pero en ambos casos resultó ensombrecida por las disputas políticas en la selección parlamentaria de los candidatos y por otros conflictos, que terminaron incidiendo directamente en las votaciones, aunque curiosamente no en sus resultados.

En 2011, los votos blancos y nulos en la elección judicial constituyeron casi el 60% de los sufragios emitidos y seis años más tarde aumentaron al 66%, como expresión del rechazo mayoritario a ambos procesos.

El rechazo estuvo motivado en algunos casos por la imposición de candidatos en el parlamento controlado ampliamente por el oficialista Movimiento Al Socialismo y en otros por protestas y escándalos derivados de una fuerte represión oficial a una marcha indígena y una trama de corrupción, tráfico de influencias y denuncias de una supuesta paternidad no reconocida de Morales.

Pero como el sistema electoral boliviano solo toma en cuenta los votos válidos, los comicios de 2011 y 2016 terminaron conformando los nuevos órganos judiciales.

Según la Constitución, que fija elecciones judiciales cada seis años, la próxima votación debería realizarse en 2023, pero nadie puede asegurar ahora que ese año vaya a repetirse el polémico procedimiento de conformación de los tribunales Supremo, Constitucional y Agroambiental, además del Consejo de la Magistratura.

El Gobierno de Luis Arce, que prometió una vasta reforma judicial al instalarse en noviembre de 2020, intentó primero que la reforma sea delineada por un grupo de expertos y, tras varios tropiezos, puso en marcha un proceso de consultas que culminaría en una "cumbre nacional de la justicia" en marzo próximo.

Sin embargo, el escándalo de la liberación de condenados por feminicidio ha hecho cundir una sensación de urgencia.

Con la cumbre en el horizonte, el Gobierno ha respondido al caso del feminicida liberado con la creación de una comisión de alto nivel que en apenas tres días de investigación ha descubierto al menos otros ocho casos.

Este descubrimiento hizo saltar las alarmas en grupos feministas y de derechos humanos que suelen criticar la ineficacia del sistema judicial denunciando que menos de un tercio de los feminicidios denunciados en Bolivia, a razón de unos 110 por año en la última década, termina en condenas de los culpables.

Propuestas

Destacados expertos como el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) han cuestionado tanto la cumbre de marzo como la comisión especial sobre feminicidios, por no garantizar soluciones de fondo.

"Presidente Arce, convoque a los órganos de poder y a la oposición para trabajar en consenso una reforma estructural de la justicia. La población espera soluciones, no comisiones", planteó Rodríguez Veltzé la semana pasada vía Twitter, sugiriendo que se considere la posibilidad de una reforma de la Constitución, en un proceso que debería incluir a toda la sociedad.

Presidente Arce, convoque a los órganos de poder y a la oposición para trabajar en consenso una reforma estructural de la justicia. La población espera soluciones, no comisiones. https://t.co/wkD9B3vkbj

— E. Rodríguez Veltzé (@erveltze) February 1, 2022

La alianza Comunidad Ciudadana del expresidente Carlos Mesa (2003-2005) ha planteado un referendo urgente, en vez de un proceso prolongado de reforma, para modificar al menos nueve artículos de la Constitución referidos a la elección popular de los magistrados nacionales.

"No podemos mantener este desastre del sistema judicial hasta que se realice un largo proceso de reforma vía Asamblea Constituyente", dijo el líder parlamentario de CC, Carlos Cordero, proponiendo que el cambio alcance también a la designación de fiscales.

La propuesta fue apoyada por el exalcalde de La Paz Juan del Granado, quien sostuvo que la reunión nacional de marzo organizada por el Gobierno "está condenada al fracaso como pasó con cumbres similares de reforma judicial de 2012 y 2016 que no dejaron resultados concretos".

El ministro de Justicia, Iván Lima, principal operador del nuevo intento oficial de reforma judicial, dijo que el Gobierno comparte la opinión generalizada de que deben ser cambiados tanto los magistrados nacionales electos por voto popular como los jueces regionales y locales que son designados por el Consejo de la Magistratura.

Lima, quien fue candidato perdedor en las pasadas elecciones judiciales, evitó respaldar las propuestas de reforma constitucional y propuso en cambio que el voto popular se mantenga, aunque solo para un referendo que confirmaría o ratificaría a jueces designados por el parlamento.

Esto devolvería al legislativo la potestad de designar a los operadores de la justicia, con cargo a la ratificación popular.

Lima no aclaró qué pasaría si en el referendo gana el rechazo as los jueces surgidos del parlamento.