España registra la primera denuncia por efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19

María Antonia Pacheco, de 62 años y residente en una localidad de Cádiz, relaciona las dosis que se inoculó para combatir al virus con dolores, calambres o incluso pérdida de visión.

La vacuna contra el COVID-19 vive desde sus inicios con la controversia. A los denominados negacionistas, que ponen en duda el virus y tachan a este remedio como un modo de control gubernamental, se le sumaron las quejas de algunos pacientes. Cuando se empezaron a inocular, en diciembre de 2020, hubo quien protestó por los efectos secundarios. Fue bastante habitual la queja por fiebres, malestar o incluso posibilidad de trombos.

Sin embargo, nada llegó a los tribunales. A las lamentaciones públicas se le ha sumado una más. Pero esta vez de forma oficial: en Cádiz, al sur de España, se ha registrado la primera denuncia en un juzgado. María Antonia Pacheco, una mujer de 62 años, acaba de presentar una reclamación por las consecuencias que, según alega, ha tenido en su salud.

Todo comenzó en abril de 2021, cuando la llamaron para inyectarle la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Entonces, explicaba en el periódico Diario de Cádiz, se acercó sin pegas. "Me citaron para ponerme la vacuna al ser paciente de riesgo por otras patologías que presento, como una hernia de espalda y el síndrome de piernas inquietas, pero nada como lo que estoy teniendo que padecer desde el momento en el que me la pusieron, recibiendo la segunda dosis en julio del pasado año", describía.

Pacheco asegura que de ser una persona muy activa y con una gran autonomía ha pasado a tener que estar continuamente pendiente de su salud. Según alega, sufre sangrados tanto por la nariz como por el recto, dolor torácico, asfixia, visión doble, dolores de cabeza... Estas secuelas llegaron a ser graves, indica, después de la segunda dosis. De los síntomas más comunes (fiebre o cansancio) derivó a calambres y extremidades dormidas, dolores en el pecho y espalda, etcétera.

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"Después de tener que acudir tres veces a urgencias con diferentes síntomas, a la cuarta fue cuando sufrí el infarto de miocardio, por el que estuve dos días en la UCI y otros dos días en planta en el Hospital Puerta del Mar, de Cádiz", contaba en el periódico. Posteriormente, añadía, ha tenido que seguir acudiendo tanto al centro de salud como al hospital por la reiteración de algunos de los síntomas descritos.

Estos síntomas han continuado. María Antonia Pacheco sigue con una "progresiva" pérdida de visión. Se lo causa un trombo, aduce, "algo que ha provocado que perdiera más de la mitad de la visión en tan solo un mes". Además, necesita 15 pastillas diarias. "Me las tengo que tomar cada día y, aunque no me da miedo la muerte, lo que no quiero es ser un peso innecesario para mis hijos por verme cada vez más limitada a causa de estos problemas de salud, de los que deberían haberme informado antes de ponerme la vacuna", respondía quien reside sola en la localidad de Chiclana y que "en los últimos días" se ha medicado por dolores fuertes en el pecho y por miedo a sufrir un nuevo infarto.

Su situación la llevó a acudir a un abogado para asesorarse y conocer las posibilidades que tenía de reclamar en los tribunales debido a sus problemas de salud. Ya los había mostrado a través de las redes sociales, pero no fue hasta que contactó con Alberto Masiá, letrado especializado en el ámbito sanitario con 31 años de ejercicio en la profesión, cuando decidió presentar la denuncia. El abogado, que ha sido miembro de la comisión de asistencia sanitaria para los lesionados de tráfico, pertenece a la junta directiva de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y ostentó la presidencia de la Asociación Gaditana de Derecho Sanitario. Y desde el principio tuvo claro que la situación de Pacheco era susceptible de una reclamación judicial.

La argumentación jurídica (presentada en el juzgado Contencioso Administrativo) se basa en "el daño causado", según ha señalado Masiá. "En estos casos, lo primero es la acreditación del daño causado, algo que en el caso de María Antonia es evidente y respaldado con numerosos informes médicos, para, posteriormente, establecer el nexo causal entre la vacuna y las lesiones, lo que se puede hacer por descarte, en caso de que las pruebas así lo determinen, a través de la doctrina de la probabilidad cualificada y cuando la mayoría de los daños se encuentran directa o indirectamente descritos como posibles efectos de la vacuna, en este caso, algo que sucede entre los riesgos que entraña AstraZeneca", anotaba el letrado.

Aparte, el abogado ha incluido la "falta de obligación que tiene el ciudadano de sufrir estos daños", como recoge ya alguna sentencia anterior, y "la socialización del riesgo en el ámbito de la medicina preventiva, como es el caso de las vacunas, frente a otras modalidades de medicina como la satisfactiva (en los casos por ejemplo de mejoras estéticas no necesarias) o la curativa, cuando se actúa para solucionar una patología que ya existe".

Falta de información

"Cuanto menos necesaria es la intervención o el acto médico en sí que se va a llevar a cabo, más información debe haber, como es el caso de las vacunas, en el que existe un beneficio social y no solo para la paciente, que no tendría la obligación de asumir este daño", apuntaba Alberto Masiá.

"En este caso, ella no recibió ninguna información y, como establece la legislación vigente, si la información no es adecuada y amplia, el consentimiento no va a ser válido, y aquí la información es cero, además de no explicarse las posibilidades o alternativas terapéuticas, por lo que no sólo tendría que haber sido informada de las posibles consecuencias adversas, sino también de las alternativas que existen con vacunas de otros laboratorios", concluía.

A la demanda por las secuelas físicas se le suma el daño moral que estas circunstancias y consecuencias están acarreando para María Antonia Pacheco. Si se admite a trámite, la indemnización puede superar los 100.000 euros. Además, puntualizaba Masiá, dicha demanda puede interponerse hasta un año después de haberse inoculado la vacuna, "una cuestión muy importante a tener en cuenta".

María Antonia Pacheco también ha hecho hincapié en los obstáculos que está teniendo a lo largo del proceso, tanto en la formalización de sus quejas como en las consultas médicas. "Al no contar el hospital con un protocolo especial para este tipo de casos y de enfermos afectados por efectos secundarios de las vacunas del COVID, nos vemos obligados a esperar plazos excesivos que en muchos casos no son aceptables, si tenemos en cuenta la gravedad de los efectos que estoy padeciendo", afirmaba.

"Los efectos adversos de la vacuna los he tenido que reportar yo, tanto a la Agencia Española de Medicamentos, a Farmacovigilancia de Andalucía y al Tribunal de La Haya, que está recogiendo denuncias", destacaba, quejándose de que no sean los propios centros de salud quienes encabecen las denuncias y faciliten la exposición de síntomas.