Colombia: la violencia se agudiza en medio del debate electoral

Los hechos de violencia armada contra la población civil y violencia política empiezan a marcar el debate electoral en Colombia, que elegirá Congreso y presidente en los próximos meses. Sputnik te muestra un panorama de los riesgos que corren los candidatos en medio de la campaña electoral.

El 2022 en Colombia amaneció con un panorama gris. Cuando apenas corría la primera semana del nuevo año, en el departamento fronterizo de Arauca (nororiente) ocurría el asesinato de 28 personas. Un hecho que causó revuelo internacional y que obligó al presidente, Iván Duque Márquez, a desplegar centenares de militares para garantizar la seguridad en un territorio con alta influencia del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Pero ahí no terminó el desangre. Enero fue un mes con mucha violencia. Según cifras del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), ese mes terminó con 14 líderes sociales asesinados, tres firmantes de la paz asesinados, 13 masacres, 214 homicidios selectivos, 98 amenazas, 58 atentados con tentativa de homicidio, 25 hostigamientos, 17 desapariciones forzadas y 16 desplazamientos forzados masivos.

Las cifras casi que hablan por sí solas, pero cobran profundidad si se miran casos puntuales, como fue el asesinato en el departamento del Cauca (suroccidente) del niño indígena Bréiner Cucuñame, quien soñaba con formar parte de la guardia indígena, o la emboscada que sufrió Arnulfo Gasca, gobernador del departamento de Caquetá (sur), a manos de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, durante la cual murieron dos patrulleros de la Policía Nacional.

Enero de 2022 cierra con:
- 13 líderes asesinados
- 3 firmantes de acuerdo de paz asesinados
- 13 masacres
- 214 homicidios selectivos
- 98 amenazas
- 58 atentados con tentativa de homicidio
- 25 hostigamientos
- 17 desapariciones forzadas
- 16 desplazamientos forzados masivos...

— INDEPAZ (@Indepaz) January 31, 2022

Todo ocurre en pleno debate electoral. Colombia se apresta a ir a las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República, el 13 de marzo de 2022, y al próximo presidente, el 29 de mayo. Por lo que la violencia que se acrecienta también tiene relación con las actividades políticas.

De hecho, este tipo de violencia ha aumentado. De acuerdo con información de la Misión de Observación Electoral (MOE), en enero hubo 37 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, lo que significó un aumento del 27,6% respecto de 2018, también año electoral. "Si se sigue con la misma tendencia en los próximos meses, el saldo para 2022 podría ser devastador", dice el tercer informe que la organización civil presentó a la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales.

"Quieren enviar una advertencia al próximo Gobierno"

Según el analista León Valencia, miembro fundador de la reconocida ONG Paz y Reconciliación y quien integró en los 90 la guerrilla del ELN, explicó que en Colombia se conjugan actualmente la violencia de la organización armada Clan del Golfo, que busca su reacomodo tras la captura de su jefe máximo alias Otoniel; la violencia del ELN, que busca demostrar poderío territorial y urbano; y la violencia de las disidencias de las FARC.

A estas se les suman las violencias que se generan por la campaña electoral. "Algunos de los actores políticos se asocian con estos actores violentos, especialmente con el Clan del Golfo, para golpear a sus rivales", comenta Valencia. En ese mismo sentido, asegura que el final de los gobiernos también se convierte en un momento crucial para los armados ilegales que quieren enviar mensajes a los gobiernos entrantes.

"Hay actores como el ELN y las disidencias que quieren enviar advertencias a los futuros gobiernos. Quieren decir que aquí están y que tienen que resolverles, por ejemplo, problemas como las negociaciones de paz o quieren demostrar que tienen capacidad para actuar", señaló Valencia a Sputnik.

Ahora, el analista también explica que esta violencia puede ser cíclica y que durante las épocas electorales se presentan ciertos picos de determinadas acciones. "Eso es algo típico desde hace algunos años, y en esta ocasión, como hay una incertidumbre relacionada con las elecciones, se hace más evidente", indica.

¿Podría afectar este tipo de violencia a un candidato presidencial? Colombia ya vivió tiempos de asesinatos de candidatos presidenciales y magnicidios a finales de los 80 y principios de los 90. Eran los años del poderío de Pablo Escobar, la desmovilización de guerrillas como el M-19, el exterminio del partido político Unión Patriótica (UP) y el accionar también de las guerrillas que aún seguían operando.

En esos días, ocurrieron los asesinatos, por ejemplo, de Jaime Pardo Leal (1987), candidato de la UP; Bernardo Jaramillo Ossa (1990), también candidato de la UP; Luis Carlos Galán Sarmiento (1989), candidato del Nuevo Liberalismo; Carlos Pizarro Leongómez (1990, candidato presidencial y uno de los líderes del M-19; y Álvaro Gómez Hurtado (1995), político conservador que había sido candidato a la presidencia en tres ocasiones.

Para Valencia, hay una combinación de factores que promueven las élites políticas y económicas que podrían jugar a favor o en contra de algunos candidatos presidenciales de la actual contienda en Colombia. Sin embargo, manifiesta que la violencia política se ha trasladado sobre todo a los territorios más alejados de las capitales.

"Creo que es difícil volver a la época de los magnicidios, pero el riesgo siempre está. Si me preguntas, hay menos probabilidad de que algo así paso, pero nunca lo descarto del todo", añade Valencia.

Plan de protección desde el Estado

El Gobierno de Colombia ha desplegado el denominado Plan Ágora 2 para garantizar la protección de los candidatos. Este primero de febrero, el ministro del Interior, Daniel Palacios, instaló la Comisión Nacional para la coordinación y seguimiento de Procesos Electorales y anunció que 1.300 hombres de protección serán asignados a esquemas de seguridad.

"Serán 846 de la Unidad Nacional de Protección, 487 de la Policía Nacional que ya se encuentran y hacen parte de los esquemas de protección de candidatos al Congreso, a las curules de víctimas y a candidatos a la Presidencia de la República. 462 vehículos blindados han sido asignados y más de 185 vehículos convencionales a los 925 candidatos al Senado, 150 tienen medidas de protección. Esto quiere decir que el 16 % de los 1.493 candidatos a la Cámara, 141 cuentan con medidas de protección", señaló Palacios en rueda de prensa a los medios.

Conclusiones de la 3 Comisión Nacional de Garantías Electorales, junto con @Registraduria @CNE_COLOMBIA
@MinDefensaCo, organismos de control y partidos políticos.

Trabajo interinstitucional para garantizar derechos y deberes de movimientos políticos en Colombia elecciones 2022. pic.twitter.com/rApQuONjJg

— Daniel Palacios (@DanielPalam) February 2, 2022

Riesgos para víctimas que quieren llegar al Congreso

En las elecciones de 2022, en Colombia, ocurrirá un hecho sin precedentes derivado del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC en 2016. Las víctimas del conflicto armado podrán acceder a escaños especiales que serán otorgados, a través de votación, para quienes aspiren y habiten las zonas más afectadas por la violencia.

En total, se dispusieron de 16 curules en la Cámara de Representantes y el objetivo es que quienes han sufrido de manera más cruda el conflicto en ese país puedan tener una representación política. Sin embargo, son esas regiones las que también presentan un alto índice de riesgo de fraude electoral.

Un reciente informe de la MOE revela que el 58% de los 167 municipios tienen algún tipo de riesgo. De hecho, 43 tiene riesgo extremo; 44, riesgo alto; y 10, riesgo medio. "Estas elecciones representan el esfuerzo más importante de inclusión política y electoral, a nivel poblacional y territorial desde la Constitución de 1991", comentó para ese informe Alejandra Barrios, directora de la MOE.

Desde el Gobierno Nacional, el ministro Palacios señaló: "Todos los candidatos a las curules para las víctimas que estén en estos municipios o estén en su jurisdicción tienen media protección automática por parte del Estado. Quiere decir que no debe ser solicitada por ellos, sino que nos anticipamos para que la tengan y ya se han dado las instrucciones para que 200 candidatos tengan protección".

Además de la violencia armada que se podría presentar en estas zonas, por la presencia de los actores ilegales, los riesgos de fraude también están a la luz del día en las regiones en las que, se supone, deberían aspirar las personas que están en condiciones de vulnerabilidad. El 2022 significa, sin embargo, un reto importante para el Gobierno del presidente Duque, que ha insistido en que durante su mandato se ha garantizado la implementación del Acuerdo de Paz.