Reprochan a la Fiscalía española no investigar las muertes por COVID-19 en las residencias

MADRID (Sputnik) — Amnistía Internacional (AI) calificó como "deficiente" la actuación de la Fiscalía a la hora de investigar las más de 35.000 muertes de ancianos por COVID-19 durante la pandemia en España, destacando que el cierre de las comisiones de investigación "está provocando una impunidad casi absoluta sobre lo sucedido".

"Más de 35.000 personas fallecieron en las residencias y sin embargo no hay ninguna persona declarada responsable por lo sucedido. No podemos simplemente dar por hecho que las cifras de muertes en residencias son inevitables y se deben a la pandemia, ni tampoco atribuir toda la responsabilidad a quienes cuidaban a nuestras personas mayores", señala Esteban Beltrán, director de AI España.

Según una investigación realizada por esta organización, las autoridades españolas incumplieron hasta ahora de forma sistemática su obligación de investigar exhaustivamente las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias de mayores, sobre todo en los primeros meses de pandemia.

Aunque el propio Ministerio Fiscal reconoció que hubo una situación objetiva de vulneración de derechos fundamentales en las residencias, de las diligencias de investigación penal llevadas a término por la propia institución, casi el 90% fueron archivadas sin llevar el caso a los tribunales.

Ante la falta de respuesta institucional, en muchos casos son los propios familiares quienes tratan de impulsar investigaciones, lo que según Amnistía genera situaciones de indefensión, ya que se les exige la presentación de elementos de prueba que son inaccesibles para ellos.

"Solo pedimos justicia para que no vuelva a ocurrir algo así. No se trata de seguir ahondando en el dolor de la gente, sino de que la única forma de eliminar un poco ese dolor es haciendo justicia", señala Simone Nicoletti, cuya madre, con Alzheimer, falleció en una residencia en Madrid.

Entre otras cosas, Amnistía denuncia que la mayor parte de las diligencias se cierran sin llamar a testificar a los familiares y, sobre todo, que no están siendo investigados adecuadamente los protocolos que impidieron la derivación a los hospitales de personas mayores durante la primera ola de la pandemia, algo que dejó sin acceso a asistencia sanitaria a miles de personas.