¿Golpe a la reforma eléctrica de AMLO? La Corte admite acción de inconstitucionalidad

El máximo tribunal de justicia de México admitió una acción de inconstitucionalidad contra la reforma eléctrica del presidente López Obrador, quien necesita modificar la ley para que el Estado controle la mayor parte del sector energético del país.

Aunque se prevé que este año la Cámara de Diputados discuta y, eventualmente, apruebe la iniciativa de reforma al sector eléctrico del país, un nuevo revés podría cocinarse contra los planes del mandatario mexicano.

Este 26 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó a trámite una acción de inconstitucionalidad que hace meses presentó un grupo de legisladores de oposición en contra de las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de la Industria Eléctrica.

Según informaron medios locales, esto significa que, en los próximos meses, el Pleno de la Corte deberá discutir si es constitucional o no la reforma que propone el Gobierno mexicano al sector energético nacional.

Para que eso suceda, es necesario que el ministro que admitió la acción de inconstitucionalidad, Alberto Pérez Dayán, presente un proyecto de sentencia para que comience la discusión.

Los senadores que presentaron la acción de inconstitucionalidad ante la Corte provienen del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC). Todos ellos aseguran que las reformas que el Gobierno quiere hacer a la Ley de la Industria Eléctrica afectarán la economía, el medio ambiente y los precios finales al consumidor.

También afirman que la reforma atenta contra la libre competencia económica y contra acuerdos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).

En caso de que la reforma eléctrica sea aprobada por el Congreso de México, el 54% del mercado de la generación de energía eléctrica del país quedaría en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal que, junto con Pemex, tiene el Gobierno mexicano para competir en el sector energético.

El presidente López Obrador ha sido enfático sobre los presuntos actos de corrupción que han ejercido las empresas que se auto abastecen de electricidad, por ejemplo, vender el recurso cuando esto es un delito, así como los subsidios que se les da a las grandes empresas y no a los ciudadanos. Según él, algunas de las compañías implicadas en estas acusaciones están relacionadas con las empresas españolas del sector que buscan protegerse con el Gobierno de Estados Unidos.

La propuesta de reforma eléctrica no ha sido bien recibida entre el sector empresarial de ambos lados de la frontera. Argumentan que la incursión del Estado mexicano en el mercado energético atenta contra las normas de competencia en el negocio a nivel regional.

El 12 de enero, el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos propuso que los representantes comerciales de ese país utilicen un "lenguaje fuerte" contra México para que respete el T-MEC en materia energética y otros rubros.

La misiva señala que México ha suspendido permisos de importación a más de 80 empresas estadounidenses a cambio de favorecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las dos compañías paraestatales del país latinoamericano en el mercado energético.

El 20 de enero, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, se reunió con López Obrador y su gabinete para conversar sobre las intenciones del Gobierno mexicano en el mercado energético. Y aunque el Gobierno mexicano dijo que el encuentro transcurrió sin sobresaltos, la funcionario estadounidense aclaró días después que Estados Unidos sí está preocupado por la reforma.