Desprivatizar la energía eléctrica: la demanda que crece en Argentina

La cantidad y dimensión de los cortes de luz en las últimas semanas en Argentina volvieron a poner en debate la necesidad de estatizar lo que muchos consideran un recurso estratégico. Son numerosas las voces que se levantan en ese sentido, ante la prolongada evidencia de tarifas altas y malos servicios.

"Venimos acá a decir basta", dice un señor que agarra el micrófono en la protesta organizada frente a la empresa de energía eléctrica Edesur, en Buenos Aires. Es enero, pleno verano en Argentina, y en la calle del centro porteño se instaló una radio abierta, acompañada de bombos, carteles con consignas como "basta de cortes", "revisión de la concesión" o "queremos luz".

La protesta fue organizada por la Asociación Argentina de Electrodependientes, y está acompañada por numerosos movimientos, colectivos y dirigentes políticos. Es una de las muchas que tuvieron lugar entre diciembre y enero ante lo que ya es habitual: los cortes de luz en época de calor, que en estas semanas fueron numerosos y prolongados, y afectaron de a decenas o centenares de miles de usuarios durante, a veces, varios días consecutivos.

"Hoy le estamos reclamando a esta empresa que permanentemente nos está extorsionando, permanentemente se está robando los recursos del Estados, nuestros, de nuestro país, para acumular ganancias y no darnos el servicio que nos corresponde", dice Laura Berardo, que se presenta como exconcejal del partido de Lomas de Zamora, en la zona sur de la periferia de Buenos Aires.

"Cuando hablamos del país que queremos, lo que queremos es que esos servicios estén al servicio de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Argentina. Logremos algo que estamos pidiendo todos, que es poder estatizar nuestro servicio eléctrico, necesitamos dar vuelta esta historia de las privatizaciones, lo pudimos hacer con el agua, por qué no lo vamos a poder hacer con la electricidad", dice, recordando la estatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) que realizó en 2006 el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).

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Protesta en Buenos Aires frente a Edesur

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Protesta en Buenos Aires frente a Edesur

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Protesta en Buenos Aires frente a Edesur

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Protesta en Buenos Aires frente a Edesur

Las demandas se multiplican frente a la sede Edesur, que distribuye energía en el sur de la capital y de la periferia y abastece a cerca de 6,1 millones de personas. La empresa fue creada en 1992, cuando la energía eléctrica fue privatizada bajo el Gobierno del expresidente Carlos Menem (1989-1999), en la ola privatizadora que fue impulsada en ese entonces y desembocó en la crisis del 2001.

"Esta lucha tiene 30 años, para 1992 en esta fecha Menem empezó el proceso de privatización y la terminó para julio de ese año. Hoy decimos lo que dijimos aquella vez, que privatizar una empresa de energía que es estratégica para el desarrollo de un país era el negocio de unos poquitos", dice por su parte Claudio Morel, también de Lomas de Zamora.

30 años, nueve gobiernos —dos interrumpidos—, y, como muchos afirman, la constatación de que la concesión de la energía eléctrica debe ser revisada por, entre otras cosas, sus malos resultados.

La herencia energética macrista

"Aumentaron las tarifas en 3.700%, agarraron toda la platita, compraron dólares que trajo Macri del extranjero con la deuda externa, fugaron los dólares y se acabó, esa es la inversión", afirma Morel ante el micrófono abierto. Los tarifazos, como se conoce popularmente a los grandes aumentos de luz y gas bajo el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), son uno de los puntos más nombrados en la protesta y en las críticas hacia el anterior Gobierno y las empresas privadas.

El argumento era entonces que las empresas debían aumentar las tarifas para realizar inversiones de manera a mejorar la producción y distribución de energía. "Ese argumento de que necesitaban cuadros tarifarios al alza de una manera exponencial en caso del 2000 o 3000%, nuestra provincia no vio reflejado ese aumento en una inversión real, ni en infraestructura, en equipamiento y mucho menos en lo salarial", explica Moisés Solorza, Secretario de Energía de Tierra del Fuego, la provincia que se encuentra en el extremo sur del país.

"Los tarifazos impagables en toda la cadena de producción llevaron al deterioro de la matriz productiva, al cierre de muchos de los eslabones del país generando miles de desempleos, de pequeñas y medianas empresas cerradas, producto una política energética donde el mercado en general fue dolarizado, generando ganancias monumentales hacia las energéticas producto de la transferencia del bolsillo de los trabajadores y trabajadoras a tarifazos", detalla.

El cuadro es preocupante, según afirma Solorza: "Los parques de generación de nuestra provincia tienen un grado de obsolescencia y abandono que es realmente alarmante". La situación en materia de gas domiciliario es similar: "Si vemos la cantidad de usuarios y usuarias conectados a la red, vemos que se han incrementado las viviendas que no acceden a la red de gas natural, y sin embargo se le han propinado tarifazos realmente insensibles, con quita de medidores".

Esa situación ha hecho que "muchos vecinos y vecinas caigan en lo que denominamos pobreza energética", explica, en el contexto de una provincia productora de gas y petróleo. "Este diagnóstico coincide con muchas provincias patagónicas, con muchas provincias energéticas que son provincias ricas con nuestra población pobre".

Aciertos, errores y revisión

El 16 de junio del 2019 tuvo lugar un apagón en Argentina que dejó sin luz a 45 millones de personas, que afectó incluso a zonas de Uruguay, Brasil y Paraguay. Fue la fotografía del resultado de una política energética de aumento de tarifas, bajas inversiones, ganancias en dólares. El país estaba entonces en los últimos meses de un Gobierno que dejó, entre otras cosas, una deuda milmillonaria con bonistas privados y con el Fondo Monetario Internacional.

"En el marco nacional creo que hay aciertos y errores, dentro de los aciertos puedo decir que lo fue el no permitir que en medio del contexto de pandemia se priorice entre pagar el gas, la luz o la comida, frenar esta escalada que se dio de quita de poder adquisitivo de los salarios para llevarlo a un punto de equilibrio, para decir vamos a sostener la mesa de los argentinos en un contexto de pandemia congelando los cuadros tarifarios, congelando los servicios públicos en general", explica Solorza.

Esa política se tradujo en congelamientos de tarifas, por ejemplo, eléctricas, situación que se mantendrá hasta el próximo mes de abril cuando habrá nuevos aumentos. Sin embargo, el debate tarifario es uno dentro de lo que debería ser la "evaluación del sistema actual".

"Si nosotros vemos que los cortes que se dan sucesivamente, y después que quedó demostrado que más del 3.000% del aumento del servicio eléctrico no solucionó los problemas de fondo, que siguen los cortes, se incrementa la pobreza energética del país, me parece que el Gobierno debe tomar ese mensaje y debe revisar en todo caso, de manera objetiva, si los objetivos fijados por la ley de privatizaciones en su momento se han cumplido después de 30 años de este esquema que ha tenido matices de acuerdo a la fuerza gobernante", señala Solorza.

"Si los objetivos fijados en la norma no han sido cumplidos el Estado debe tomar una decisión con respecto a cada uno de esos segmentos, hablo de gas, petróleo, luz, de concesiones de los servicios públicos, que lleve a una evaluación, a una, como muchos dicen, reestatización o una nueva revisión de los contratos de concesión, una reconcesión si hiciera falta", afirma el Secretario de Energía de Tierra del Fuego.

Se trata, explica, de "avanzar o no sobre lo que denomino la desprivatización de los servicios públicos que no cumplieron el fin para el cual fueron privatizados. Creo que esa es la clave en todo el país para determinar precios justos, razonables, con un umbral predecible, con una escala de subsidios acorde a lo que necesita cada uno de esos segmentos para poder también determinar cuánto cuesta producir la energía en el país, cuestión que está en un agujero negro", analiza.

Una deuda pendiente

Protesta en Buenos Aires frente a Edesur

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El debate sobre una posible recuperación de la electricidad en manos del Estado estuvo sobre la mesa durante el último Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015). "Se pensaba en un esquema como el que tiene AYSA, por ejemplo, y el que tiene Aerolíneas Argentinas, que llevó también a conseguir el 51% de YPF, como herramienta del Estado", explica Solorza.

"Creo, y esto es una opinión personal, creo que el Estado es el que debe regular los servicios públicos y marcar el lineamiento político hacia dónde quiere llevar todos los segmentos con respecto a la energía en general", advierte.

"Existe después de 30 años el marco bastante justificado de distintas experiencias, que en base a esas experiencias tanto de congelamiento tarifario que no sirvió de algún modo a los objetivos finales, y que profundizó los tarifazos del Gobierno macrista sin inversiones, creo que amerita una revisión integral de todo el sistema y que lleve a una solución ordenada, y que en esa transición se analice perfectamente tanto en el Congreso Nacional", afirma Solorza.

El objetivo es, explica, "llevarle prosperidad al pueblo argentino con precios razonables, justos y que sea transparente, porque estoy convencido, los verdaderos dueños de los recursos naturales es el pueblo argentino y merecemos un horizonte predecible, que la matriz energética y productiva nacional empresarial también necesita reglas claras, y esas reglas deben ir en función de un objetivo común, que debe el bienestar de nuestra nación".

El debate acerca de la revisión de las concesiones puede verse en redes sociales, en propuestas de organizaciones políticas, de analistas, pero no parece, por el momento, formar parte de lo que contempla el Gobierno de Alberto Fernández. La agenda actual se encuentra atravesada por la negociación con el Fondo Monetario Internacional que pide, entre otras cosas, bajar justamente los subsidios en energía, lo que implicaría nuevos y mayores aumentos.