La Pampilla, la refinería de Repsol Perú que el tsunami de Tonga puso en la mira

La principal refinería de petróleo en Perú, propiedad del grupo español Repsol, está en la mira de la Justicia y el Gobierno peruano tras el derrame de crudo sobre el mar. Las autoridades aseguran que la compañía no notificó a tiempo el incidente, al tiempo que la Justicia analiza si hubo crímenes ambientales.

Además de dos fallecidos, destrozos y millones de peruanos enojados, el tsunami registrado en Tonga provocó un derrame de petróleo que afectó una superficie de 18.000 metros cuadrados de mar y colocó a La Pampilla, una refinería propiedad de la trasnacional española Repsol en el centro de las miradas. La firma ya fue sancionada por el Gobierno peruano y afronta una investigación judicial por posibles crímenes ambientales.

El derrame se produjo el 15 de enero, día en que el impacto del tsunami de Tonga se sintió en las costas latinoamericanas sobre el Océano Pacífico. A diferencia de lo ocurrido en Chile y Ecuador, Perú no emitió una alerta de tsunami que cancelara toda la actividad costera, por lo que el buque Mare Doricum llegó a la refinería para hacer su descarga.

Fue el "fuerte oleaje" generado en las costas lo que provocó el derrame desde la Terminal Multiboyas N°2 ubicado en la playa Cavero, en el distrito de Ventanilla de la provincia constitucional del Callao.

El episodio motivó, en primer lugar, la intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio de Ambiente peruano, que tomó el caso para determinar las causas del derrame y "la responsabilidad de los hechos".

En el marco de su actuación, la OEFA exigió a la empresa determinar cuáles fueron las zonas efectivamente afectadas por el derrame, limpiar la playa Cavero en un plazo máximo de diez días, quitar el hidrocarburo del agua de mar de Ventanilla en un máximo de cinco días y disponer de los residuos peligrosos y no peligrosos generados por el incidente de forma segura en ocho días.

¿Responsabilidad de la empresa?

Con el correr de las horas, lo que parecía ser un hecho fortuito o —al menos—derivado de un desastre natural derivó en las posibles responsabilidades de la empresa que administra la refinería La Pampilla. La Municipalidad de la Ventanilla fue la primera que puso la responsabilidad de la compañía sobre la mesa, al señalar que no notificó a tiempo del derrame, provocando que las playas no se clausuraran hasta la tarde del 16 de enero, un día después del incidente.

Un artículo recogido en el sitio web de la Municipalidad consigna que los dos balnearios del distrito, Costa Azul y Bahía Blanca, fueron afectados por el petróleo y califica lo sucedido como "un grave atentado contra el ecosistema".

"Estamos muy apenados, vemos animales muertos y nuestras playas con el mar negro generando mal olor y contaminación. Esto no puede pasarse por agua tibia, hemos enviado informes y procederemos a hacer la denuncia correspondiente para que esto no se vuelva a repetir en nuestro distrito", apuntó el alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro.

La actitud de la empresa también fue una de las preocupaciones del ministro de Ambiente peruano, Rubén Ramírez, que se reunió con representantes de la firma en la tarde del 18 de enero. A la salida del encuentro, confirmó que la refinería no notificó en forma el derrame y que por eso "ya tiene una infracción".

El jerarca adelantó que a la empresa podría corresponderle una multa de 30.000 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), un monto equivalente a 138 millones de soles (unos 35,6 millones de dólares).

La causa en la Justicia

La responsabilidad de la empresa también es analizada por la Justicia peruana, que a través de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste inició una investigación por el presunto delito de contaminación ambiental. La causa indaga a "los representantes legales" de la refinería, sus funcionarios y "los que resulten responsables".

En un comunicado emitido tras las primeras actuaciones, la fiscalía consignó que "la alta cantidad de petróleo en el mar" detectada por las autoridades "difiere con la información preliminar alcanzada por la refinería La Pampilla, la cual señala que se derramaron siete galones de petróleo".

La causa, a cargo del fiscal Ariel Tapia Gómez, también busca verificar "la eficiencia de los protocolos de seguridad aplicados en la refinería" para evitar daños como los registrados tras el derrame.

En paralelo, el Ministerio de Ambiente anunció que su Procuraduría Pública "iniciará acciones civiles indemnizatorias contra los responsables del derrame", en una acción que se tramitará de forma independiente a las medidas administrativas adoptadas por la cartera.

De Petroperú a Repsol

La refinería, por su parte, se limitó a emitir un comunicado en el que detalla las acciones realizadas para mitigar el impacto y ratifica que el derrame se ocasionó en el marco de una "situación anómala" generada por la erupción en Tonga. Según la declaración recogida por el diario El Comercio, la firma dispuso un equipo de 50 personas en mar y 200 en tierra para limpiar los desechos, al tiempo que desplegó 1.500 metros de barreras de contención en el agua.

La Pampilla funciona desde 1967, cuando el país buscaba poder refinar petróleo para abastecer a la ciudad de Lima. En ese momento, era parte de los activos de Petroperú, la petrolera estatal peruana. Sin embargo, en 1996 pasa a manos del grupo español Repsol, que asegura haber invertido más de 1.000 millones de dólares para reformar la planta para que abastezca a la mayor parte del país "con combustibles amigables con el medioambiente".

Según Repsol, la refinería tiene una capacidad actual para refinar 117.000 barriles de petróleo diarios.

El propio sitio web de Repsol Perú recuerda que la empresa inauguró en 2019 una Terminal Puerto Monoboya, con el objetivo de "superar los crecientes eventos de cierre de puerto por oleaje anómalo", justamente el mismo fenómeno que causó el derrame.