El presidente de Iberdrola tiene que declarar personalmente ante un juez español

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — El presidente de la compañía energética española Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, declarará finalmente en persona ante la Audiencia Nacional del país la semana que viene en calidad de investigado por un caso de espionaje industrial

El juez Manuel García Castellón considera en el auto con el que rechaza la petición de Galán para declarar por videoconferencia que "no se aprecia la concurrencia de presupuestos de utilidad para la causa que justifiquen la declaración" por esta vía.

De esta manera, el número uno de la multinacional española no evitará su imagen llegando a declarar a los juzgados de la Audiencia Nacional, un hecho que se producirá el 18 de enero a las 9.00 GMT.

Además de Sánchez Galán, en la jornada del 18 de enero y también el mismo martes, declararán asimismo ante el juzgado número seis de la Audiencia otros tres directivos de la compañía.

Todos ellos como investigados en la pieza 17 del denominado Caso Tándem por delitos de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil, según informó el tribunal.

El caso Tándem investiga la red que montó el comisario jubilado José Manuel Villarejo para ofrecer servicios de espionaje cuando aún estaba en activo.

Un exdirectivo de Iberdrola, José Antonio del Olmo, entregó pruebas al juez de que se realizaron encargos a Villarejo, que se enmascararon con facturas supuestamente falsas.

Asimismo, un informe policial, también en poder del número seis de la Audiencia, certifica los encargos de Iberdrola a Villarejo para espiar a la multinacional española ACS, cuando esta pretendía comprar la eléctrica, y a grupos ecologistas y directivos de otras empresas rivales.

Hace un mes, los abogados de la eléctrica remitieron un escrito al juzgado que investiga el caso Tándem en el que le recriminaban lo que consideraban la dilación de las investigaciones y le culpaban de causar daños a la reputación de la compañía.

Más en concreto, citaban el bloqueo de la compra de la firma estadounidense PNM Resources, una operación valorada en 8.000 millones de dólares, en la que Iberdrola confiaba para expandir su negocio en Estados Unidos y que fue paralizada por el regulador del país, argumentando los problemas judiciales de la cúpula de la eléctrica.

La razón esgrimida por los abogados de Sánchez Galán para solicitar su declaración por videoconferencia estaba en el actual aumento de contagios de COVID-19 por la variante ómicron y la edad del directivo —71 años— lo que le enmarca en un grupo de riesgo.

Por estos motivos los abogados del directivo solicitaban que no se viera obligado a desplazarse desde Bilbao, donde tiene su residencia y donde se encuentra también su despacho principal, en la sede de Iberdola.